La Guardia Civil y el fin del derecho preferente absoluto

  1. El origen: ETA y la dificultad para cubrir plazas en el norte
  2. Qué es el “derecho preferente absoluto” en la Guardia Civil
  3. La reforma del reglamento que encendió las alarmas
  4. El plan para crear un derecho preferente “modulable” (y ampliarlo)
  5. Del borrador al frenazo: las asociaciones fuerzan cambios
  6. Vuelve el debate: caducidad del absoluto y nuevo modulable
  7. Críticas y choque frontal: “retroceso histórico” y advertencias por el Estrecho
  8. IGC avisa: con años suficientes, sería un absoluto de facto

El origen: ETA y la dificultad para cubrir plazas en el norte

Las décadas de atentados de ETA y presión social de sus simpatizantes contra la Guardia Civil, con más de 200 asesinatos, provocaron que el cuerpo sufriera dificultades para cubrir las plazas en unidades del País Vasco y de Navarra.

Para favorecer que los agentes fueran destinados, al menos durante unos años, a esas dos comunidades autónomas especialmente azotadas por el terrorismo de ETA, el reglamento de destinos de la Guardia Civil contempla un “derecho preferente absoluto”.

Qué es el “derecho preferente absoluto” en la Guardia Civil

Cómo se define y cuándo se puede invocar

Se define como el derecho “otorgado a los guardias civiles para ocupar vacantes de provisión por antigüedad o de concurso de méritos, sin tener en cuenta o alterando las circunstancias que informan la provisión ordinaria de estas vacantes”.

“Los derechos preferentes de carácter absoluto se conforman para que su ejercicio no tenga en cuenta el procedimiento ordinario de asignación de destinos de provisión por antigüedad o de concurso de méritos, sin perjuicio de la prelación entre quienes los invocaran”, establece hasta ahora el reglamento.

La norma actual fija unos derechos preferentes ligados a “especiales condiciones de responsabilidad o penosidad vinculadas a determinados destinos”.

Este derecho preferente puede ser invocado con carácter absoluto sobre cualquier vacante de provisión por antigüedad por el personal que permanezca destinado, adscrito temporalmente o en comisión de servicio ocupando temporalmente un puesto de trabajo, “al menos, tres años ininterrumpidos, en la misma o en diferentes unidades ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comunidad Foral de Navarra, o en el Grupo de Acción Rápida”.

La reforma del reglamento que encendió las alarmas

La Dirección General de la Guardia Civil lleva tiempo trabajando en la modificación de ese reglamento. Creó un Grupo de Trabajo sobre Normativa de Destinos con representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles que tienen presencia en el Consejo de la Guardia Civil, que se eligen por votación interna de la plantilla del cuerpo.

Confidencial Digital contó en febrero de 2025 que en varias de estas asociaciones había causado estupor, e indignación, el plan que les había desvelado la Dirección General.

Una de las novedades era la eliminación del derecho preferente absoluto que hasta ahora se reconoce a los efectivos destinados en el País Vasco y en Navarra.

El plan para crear un derecho preferente “modulable” (y ampliarlo)

En su lugar planeaba establecer un derecho preferente modulable para esos dos territorios, pero también para otras comunidades autónomas

En el actual reglamento, los derechos preferentes de carácter modulable “únicamente incrementarán el cómputo de la antigüedad, con la consideración y alcance que se contemple para cada tipo de destinos”.

La idea era aplicar un nuevo derecho preferente modulable al personal destinado en País Vasco, Navarra, Cataluña e Islas Baleares.

Cataluña y Baleares: presión social, insularidad y coste de vida

En esas dos últimas comunidades también se está complicando cubrir puestos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En Cataluña, la presión independentista contra policías nacionales y guardias civiles se disparó con el procés, y aún se mantiene en ciertas zonas y ámbitos sociales.

En Baleares, esa hostilidad secesionista catalana existe en algunas zonas aunque es menor. La insularidad y el encarecimiento de la vida en las islas (alquileres disparados…) provocan que sean destinos poco atractivos para los agentes del resto de España.

El agravio del Campo de Gibraltar y la violencia del narco

No sentó bien que la Dirección General no considerase extender el derecho preferente modulable a la comarca del Campo de Gibraltar, a la provincia de Cádiz y en general a la zona de Andalucía donde los narcotraficantes llevan años mostrando un nivel de violencia preocupante contra las Fuerzas de Seguridad.

La Guardia Civil planteó, para la eliminación del derecho preferente absoluto en País Vasco y Navarra, un período transitorio “durante el cual los derechos preferentes ya consolidados seguirían perfeccionándose hasta el 30 de junio de 2029”, y también se respetaría el derecho preferente absoluto de quienes ya lo hubieran consolidado.

Del borrador al frenazo: las asociaciones fuerzan cambios

Estos cambios no convencieron a la mayoría de asociaciones profesionales, que criticaron el plan de la Dirección General.

Cuando meses después volvieron a reunirse, en junio de 2025, las asociaciones informaron a sus socios de que “se ha sacado del borrador el derecho preferente modulable que incluía a País Vasco, Navarra, Cataluña e Islas Baleares”; “la administración deja en suspenso la regulación del derecho preferente modulable por el momento”; “se ha eliminado la novedad del derecho preferente modulable, así como la inclusión de este derecho para Cataluña y Baleares, que se había anunciado en el primer grupo de trabajo del mes de febrero”.

La asociación Jucil informó el pasado mes de enero que en una nueva reunión del Grupo de Trabajo sobre Normativa de Destinos, celebrada el día 16, “como tema recurrente, se vuelve a indicar que siguiendo instrucciones ajenas a la Dirección General de la Guardia Civil se vuelve a quedar fuera el Derecho Preferente Modulable”.

Vuelve el debate: caducidad del absoluto y nuevo modulable

El tema del derecho preferente absoluto y modulable ha vuelto a la mesa de trabajo. Así lo ha anunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, entre otras.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian “la liquidación del derecho preferente en el norte y el olvido de la emergencia en el Estrecho”.

Esta asociación ha informado a sus afiliados de que “la propuesta normativa introduce la antigüedad compensada en zonas de especial dificultad como Cataluña y Baleares, establece límites de permanencia para mandos y fija el horizonte de 2030 para la extinción del derecho preferente absoluto”.

Según la información facilitada por los mandos de la Guardia Civil en la reunión, “la principal novedad radica en la regulación del derecho preferente mediante la modificación del artículo 50 de Reglamento de Destinos”, con dos vertientes.

El derecho preferente absoluto “se mantiene para quienes ocupen destino en las unidades que lo generan y en el País Vasco y Navarra bajo las condiciones actuales, si bien se establece una fecha de caducidad definitiva para su invocación fijada el 30 de junio de 2030”.

Se crea un derecho preferente modulable, que “se aplicará en Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y Navarra.

La fórmula de “antigüedad compensada” y los puntos extra

AUGC explica que “no supone una prioridad total, sino que se traduce en una «Antigüedad Compensada». Tras tres años de servicio ininterrumpido, se aplicará una fórmula con un coeficiente de 1,5, lo que implica que los días de servicio en estas zonas computarán con mayor valor a efectos de escalafón para futuros destinos. Esta fórmula tiene carácter progresivo (a más años, mayor suma), donde, por ejemplo, cinco años de permanencia equivaldrían a dieciocho años de antigüedad y seis años alcanzarían casi los veintiséis”.

Además, “en los concursos de méritos, la permanencia en estas zonas otorgará dos puntos adicionales como mérito personal”.

A quién se aplicará, desde cuándo y qué pasa con el absoluto

La Asociación Profesional de Cabos explica que el ⚠️derecho preferente modulable se aplicará a:

— “Vacantes de antigüedad, por necesidades operativas derivadas de la dificultad de cobertura de puestos de trabajo en determinadas áreas geográficas (País Vasco, Navarra, Cataluña e Islas Baleares)”.

— “Se aplican coeficientes compensatorios que operen, mediante la aplicación de la fórmula que se determine, sobre el cómputo de la antigüedad del personal”.

— “El personal puede estar destinado, adscrito temporalmente o en comisión de servicio”.

— “Producirá efectos a partir de los tres años ininterrumpidos, desde la fecha efectiva para concursos de méritos”.

— “El computo de tiempo de servicio prestado de cara al reconocimiento del derecho preferente absoluto finalizará el 30 de junio de 2030”.

 

Independientes de la Guardia Civil detalla que “se introduce la posibilidad de establecer coeficientes compensatorios cuando existan necesidades operativas derivadas de la dificultad de cobertura en determinadas áreas geográficas (inicialmente Cataluña, País Vasco y Baleares)”.

Este derecho “se activa tras 3 años ininterrumpidos mediante una fórmula progresiva”, que detalla en su web.

Indica que “este sistema es progresivo y no lineal. Cuanto mayor sea el tiempo acumulado en el destino, mayor será el multiplicador aplicado. El personal que tenga el derecho preferente consolidado o que tenga un destino próximo para consolidarlo, no va a perder este derecho, ya que se establece un periodo para su entrada en vigor que sea modulable y que prevea que de tiempo a que se consolide y nadie pierda derechos”.

Expone la fórmula matemática que se aplicará, y pone un ejemplo: “5 años en Cataluña, País Vasco o Baleares equivaldría aproximadamente a 18,7 años de antigüedad teórica que se suman a la antigüedad anterior”.

Críticas y choque frontal: “retroceso histórico” y advertencias por el Estrecho

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el cambio que ahora plantea la Dirección General de la Guardia Civil “supone un retroceso histórico disfrazado de progreso”.

Por un lado, lamenta que “al establecer una fecha de caducidad definitiva para el derecho preferente absoluto en el País Vasco y Navarra (fijada el 30 de junio de 2030), la Administración liquida una garantía fundamental para quienes sirven en dichas zonas”.

Añade que “esta eliminación se diluye dentro de la nueva figura del derecho preferente modulable

Valora positivamente “que por fin se reconozca la penosidad en Baleares y Cataluña”, pero critica que “lo hace mediante una fórmula de antigüedad compensada que resulta insuficiente y tramposa”.

La asociación AUGC cree que “los dos puntos adicionales en concursos de méritos nos parecen un gesto meramente testimonial, tal como expresamos debería abordarse de manera completa los incentivos en estas zonas de especial singularidad. Sin un aumento real del plus de territorialidad y sin incentivos económicos de peso, estas medidas no son más que maquillaje para ocultar una gestión fallida”.

Además, observa que el carácter “modulable” de la antigüedad es cuestionable, ya que a partir del sexto año la fórmula se convierte, en la práctica, en un derecho absoluto.

Ve “insuficiente” esta medida para beneficiar a los agentes destinados en Cataluña y Baleares, porque “resulta imposible solucionar la falta de personal” en esas dos comunidade autónomas “únicamente mediante ajustes en la asignación de vacantes. Es imperativo un enfoque integral que incluya el aumento del plus de territorialidad y la declaración urgente de Zona de Especial Singularidad (ZES)”.

También ataca duramente el proyecto de la Dirección General porque el nuevo derecho preferente modulableignora de manera flagrante la zona del Estrecho, un territorio que sufre diariamente el azote del narcotráfico y la presión de la inmigración”.

A su juicio, “resulta incomprensible que se diseñen incentivos para el norte y el Mediterráneo mientras se da la espalda a los compañeros del sur, tratándoles con parches a coste cero para la administración que no abordan el problema de forma integral. La seguridad en el Estrecho no se garantiza con retoques administrativos, sino con la declaración urgente de Zona de Especial Singularidad (ZES) y soluciones reales ante la delincuencia desatada, el riesgo de exclusión social y los precios de vivienda inasumibles que expulsan a los guardias civiles de sus destinos.

IGC avisa: con años suficientes, sería un absoluto de facto

Por parte de Independientes de la Guardia Civil (IGC), consideran que “la fórmula propuesta para el derecho modulable preferente debería ser modificada, ya que con ocho años de servicios en una comunidad autónoma donde se aplique, sería en la práctica un derecho preferente absoluto”.



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