El debate sobre el cierre de las centrales nucleares en España ha ido creciendo en los últimos años y se reavivó aún más al calor del gran apagón. Las presiones desde el ámbito económico y el político para retrasar las clausuras de los reactores se ha ido intensificando. Y se han ido alimentando durante meses con un aluvión de informes y estudios firmados por diferentes consultoras y casas de análisis alertando de toda una serie de efectos negativos para el bolsillo de los ciudadanos y las cuentas de las empresas, para el conjunto de la economía y para el medio ambiente si se cierran las plantas.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre sí y con el Gobierno un calendario para el cierre progresivo de todos las centrales nucleares que arranca 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. La cercanía de la primera clausura, la del reactor I de la central de Almaraz, es la que ha encendido la mecha para intentar doblegar la postura que ha mantenido durante años el Gobierno de Pedro Sánchez de cumplir con los cierres en las fechas previstas.
Presiones desde el frente político, con una ofensiva parlamentaria intermitente a cargo de PP y Vox, y también Junts; desde el ámbito social, con asociaciones surgidas ahora en los territorios afectados por los cierres; y también desde la esfera económica, con diferentes patronales con un renovado discurso pronuclear y con las propias eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa y Naturgy, especialmente) defendiendo abierta y públicamente la necesidad de aplazar todos o algunos de los cierres.
Las grandes eléctricas han dado el paso definitivo para intentar aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, presentaron a finales de octubre al Gobierno la solicitud formal para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028, respectivamente. La petición de momento se limita a Almaraz, pero la pretensión de las eléctricas, en principio, pasaría por ir pidiendo en próximos años la prolongación de todas o casi todas las plantas.
Y en este momento clave y tras años en los que el debate sobre el cierre de las nucleares lo alimentaban los que defienden postergarlo, ahora un renovado frente de ‘antinucleares’ ha empezado a rearmarse con una cascada de informes publicados casi de manera simultánea, unos analizando el impacto de prolongar la vida de todo el parque nuclear y otros centrándose en los efectos de prorrogar los años de funcionamiento de la central de Almaraz, en Cáceres.
En apenas tres semanas Greenpeace, la Fundación Renovables y la catedrática de Economía Natalia Fabra (que ha ejercido como asesora en materias clave del Ministerio para la Transición Ecológica y que es consejera de Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España) han publicado estudios que llegan a las conclusiones contrarias que los informes elaborados desde el ámbito pronuclear, y anticipan que retrasar el cierre de los reactores provocará un encarecimiento de la electricidad, frenará las inversiones en renovables y, por ende, supondrá un obstáculo para la transición energética y provocará más emisiones de efecto invernadero.
Los informes y las ‘líneas rojas’ del Gobierno
Esta misma semana Greenpeace ha presentado un estudio, elaborado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Politécnica de Barcelona, en el que advierte de que prolongar la vida útil de Almaraz tendría un primer efecto de rebaja del precio de la electricidad pero a partir de 2031 y en tres años provocaría un incremento de más de 3.800 millones de euros en la factura eléctrica por la menor aportación de las energías renovables. Según el informe, si Almaraz no cierra en 2027 y 2028 como está previsto, las inversiones en renovables se reducirían (26.230 millones menos en menos de una década) y su despliegue efectivo se frenaría, lo que provocaría de manera paralela un encarecimiento del mercado de la electricidad del 9,5%.
La conclusión es básicamente la misma a la que llegaba la catedrática Natalia Fabra en un informe hecho público el mes pasado, en el que apuntaba que mantener abierta Almaraz inicialmente bajaría los precios eléctricos al evitar un mayor uso de las centrales de gas, pero posteriormente supondría un encarecimiento al evitar los efectos positivos de las renovables en el precio de la electricidad. La cotización del mercado eléctrico subiría entre un 10% y un 30% a partir de 2031 en función de la intensidad de la pérdida de inversión en nuevas renovables por la menor rentabilidad prevista para las plantas.
Con estos cálculos, según subrayaron los académicos encargados del informe de Greenpeace, prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz incumpliría las ‘líneas rojas’ que ha fijado el Gobierno para autorizar la ampliación y retrasar el cierre. Fue el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el Consejo de Seguridad Nuclear); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico (lo dirá Red Eléctrica de España); y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas.
Las eléctricas han renunciado de momento a seguir reclamando un recorte de la carga fiscal de las nucleares para allanar el ‘sí’ del Gobierno a la prórroga de Almaraz, pero los informes de las últimas semanas subrayan que aplazar el cierre de la central cacereña supondría un encarecimiento del precio de la electricidad y, por ende, se incumpliría la condición económica exigida por el Ejecutivo.
Moncloa advierte de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales y se mantiene firme en las ‘líneas rojas’ que exige cumplir a las eléctricas para siquiera estudiar futuras peticiones de retrasar las clausuras. “Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea”, sentenció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero en un foro de inversores nacionales e internacionales. Un posicionamiento que Sánchez justificó precisamente en su apuesta firme por las renovables, esto es, “por una energía más barata y por supuesto también por una energía que cumpla con esa transición ecológica que necesitamos para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas un mundo habitable”.
La otra avalancha de informes
El calentón del tema nuclear arrancó hace tiempo. Y desde hace más de un año empezaron a aflorar una avalancha de informes elaborados por grandes consultoras con argumentos de todo tipo en defensa del aplazamiento de los cierres de las centrales. Durante meses se han hecho públicos varios informes elaborados por consultoras como PwC, LlyC, Metsys y más recientemente Deloitte (amén de otros firmados por diferentes colegios profesionales o asociaciones vinculadas más o menos directamente con el tema). La semana pasada presentó CEOE un estudio elaborado por Monitor Deloitte que calcula una extensión del parque nuclear más allá del 2035, cuando está previsto ahora el apagón nuclear, permitiría un ahorro a la industria española de 1.400 millones de euros en ahorro de costes energéticos.
Uno de los estudios más mencionados para defender la prórroga es el de PwC sobre el impacto del cierre de las nucleares, en el que se anticipa que el apagón nuclear en España habría implicado un incremento del precio del mercado mayorista de electricidad de casi 37 euros por megavatio hora (MWh) en 2024, asumiendo que la producción de todas las centrales nucleares se habría sustituido por tecnologías de coste variable muy superior, como son las plantas que queman gas natural. La cotización al alza del mercado eléctrico se habría traducido en un incremento del recibo eléctrico de un 23% para los hogares y pymes, y de un 35% para la industria.
La propia PwC también ha publicado un informe sobre las consecuencias que tendría para Cataluña el cierre de sus dos centrales nucleares, las de Ascó I y II y Vandellós II -previstos entre 2030 y 2035-, advirtiendo que implicaría la destrucción de 10.500 empleos entre directos e indirectos y que restaría 900 millones de euros al PIB regional. La consultora Metsys hizo un ejercicio similar sobre los impactos del cierre de la central de Almaraz, con un estudio que anticipa que la clausura de la central cacereña pone en riesgo más de 3.800 empleos en Extremadura, golpeará a más de 400 empresas proveedoras (y probablemente condenará al cierre a una veintena de ellas) y tendría un impacto económico de más de 200 millones anuales en la región.
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