El PSIB ha organizado un encuentro este viernes con decenas de entidades sociales y colectivos de personas migrantes para abordar la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno. El diputado socialista Omar Lamin y la representante del movimiento ‘Les Balears Acollim’, Eva Cerdeiriña, han celebrado la medida, que consideran un «hito histórico».
En declaraciones antes de comenzar el encuentro, desde este movimiento, que aglutina entidades sociales y colectivos, han saludado esta regularización que, según Cerdeiriña, podría afectar a entre 10.000 y 12.000 personas en Baleares. Lamin, por su parte, ha defendido que la medida es «trascendental». «Es permitir que las personas migradas que ya viven en esta tierra puedan avanzar en derechos», ha subrayado.
Igualmente, el socialista ha puesto en valor el papel de las entidades sociales como ‘Les Balears Acollim’ que «llevan años luchando por los derechos de todo el mundo» y, especialmente, para aquellas personas que más lo necesitan. «Celebramos más que nunca esta regularización, que llega 20 años después, y que precisamente va de esto, de hacer justicia con unas personas que están entre nosotros para desarrollar un proyecto de vida legítimo», ha destacado.
La representante de ‘Les Balears Acollim’ ha celebrado también el anuncio que, a su entender, facilitará una mayor riqueza en España y en Baleares y una mayor integración y normalización de una población que ya está aquí. «No podemos hablar nunca de una democracia completa si no regularizamos a las personas que ya están aquí, si no atendemos lo que son sus derechos laborales, políticos y sociales», ha reivindicado.
Por otro lado, ha criticado los «bulos» del PP sobre esta medida, subrayando que con el Gobierno de José María Aznar hubo tres regularizaciones y que «nunca se comentó que pudiese actuar como efecto llamada ni que podría suponer una bajada de los salarios».
A su juicio, resulta «sorprendente» que el PP y otros partidos de extrema derecha «vuelvan nuevamente a sacar estos falsos argumentos» que «en absoluto son ciertos».
Entre otras cuestiones, Cerdeiriña ha reclamado al Govern que «coopere y facilite» este proceso de regularización y, al Ejecutivo central, que impulse planes de integración y mejore la inserción laboral de la población inmigrante.
Finalmente, ha rechazado que esta población inmigrante que va a ser regularizada vaya a obtener la nacionalidad de forma inmediata. «Desterremos completamente estos bulos», ha añadido.
Según ha explicado, en el proceso de nacionalización se exigen diez años de estancia regular y continuada, dos exámenes y, una vez solicitada la nacionalidad, el proceso puede tardar entre dos y cinco años.
