La jefa del Servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, ha remitido una nota a todos los fiscales ejercientes para explicarles una vez más los argumentos por los que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, decidió mantener en la carrera fiscal a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El comunicado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se justifica en «el interés que han suscitado en el seno de la institución las posibles consecuencias administrativas que para cualquier integrante del ministerio fiscal resultan dimanantes de una sentencia condenatoria impuesta por delito doloso», lo que ha llevado a la propia fiscal general a considerar la necesidad de dar explicaciones.
A diferencia del decreto fiscal, en este caso Inspección prefiere remitirse a la ley orgánica del poder judicial, que a diferencia del Estatuto Fiscal, sí prevé la expulsión cuando la condena por delito doloso incluya pena privativa de libertad. Añade que «en aquellos casos en los que la pena no fuera superior a seis meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de juez o magistrado por la sanción» prevista en el artículo 420.1 de esa misma norma, que es la de «suspensión de hasta tres años».
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