La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus de Alicante se amplía. Tras destaparse que un funcionario de la Generalitat, suspendido ahora de empleo y sueldo por dar luz verde al visado para el piso de su esposa omitiendo datos sobre sus propios bienes y su unidad familiar, alegando que se encontraban en régimen de separación de bienes, la Generalitat Valenciana ha detectado más irregularidades de este tipo en otros expedientes de personas adjudicatarias de pisos de protección pública en la urbanización Les Naus, la primera de este tipo en la ciudad en los últimos veinte años.
El anuncio lo realizó este miércoles la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en un acto organizado por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, donde reveló que en algunos de los expedientes, cuando los solicitantes informan estar en separación de bienes, falta información crucial sobre el otro cónyuge, ya sea sobre sus ingresos o propiedades. Esto ha llevado a la Generalitat a solicitar una revisión de oficio de todos los expedientes afectados por esta situación que se encuentran adjudicados en la promoción pública ante las nuevas irregularidades detectadas. En el caso de parejas en separación de bienes, para el cómputo de los requisitos se debe tener en cuenta la unidad familiar, con independencia del régimen económico del matrimonio.
Lo que hemos hecho ahora es pedir a la Dirección Territorial que vuelva a revisar cada uno de los expedientes donde el solicitante dice estar en separación de bienes
«Lo que hemos hecho ahora es pedir a la Dirección Territorial que vuelva a revisar cada uno de los expedientes donde el solicitante dice estar en separación de bienes y que solicite la información que en su momento no se aportó sobre el otro cónyuge, para ver si esas personas cumplen con los requisitos para poder comprar una vivienda pública o si no los cumplen y, por tanto, si esos visados están correctamente realizados», afirmó Camarero.
Con la información que recabemos iremos a la Fiscalía para ampliar la denuncia y que, desde Fiscalía, se proceda a cualquier aclaración y seguimiento del tema
Además, la consellera anunció que, con la nueva información que se recabe, ampliarán la denuncia presentada ante la Fiscalía para que continúe investigando y proceda a cualquier aclaración o acción judicial que corresponda. «Con la información que recabemos iremos a la Fiscalía para ampliar la denuncia y que, desde Fiscalía, se proceda a cualquier aclaración y seguimiento del tema. Por su puesto, caiga quien caiga, y que la ley actúa en los supuestos en los que se hubiera podido cometer cualquier delito», aseguró Camarero.
Por el momento, la consellera de Vivienda ha indicado que se desconoce cuántos expedientes podrían encontrarse en esta situación irregular, al no incluirse toda la documentación exigible. «Hay algunos casos, pero queremos verlo porque es posible que haya documentación que esté correcta. No queremos alarmar hasta que no los conozcamos uno por uno ni si la aportación extra de documentación es correcta o no, pero hay algún expediente en esta situación«, afirmó Camarero.
Todos los pisos se visaron por el funcionario implicado
Precisamente, la consellera también explicó que todos los expedientes visados en la polémica urbanización Les Naus, y que ahora se encuentran bajo investigación, fueron visados por el mismo funcionario, quien era el único responsable de supervisar y aprobar las adjudicaciones de las viviendas de promoción pública en la zona. Este funcionario, que ya se encuentra suspendido de empleo y sueldo, ha sido el centro de la controversia tras descubrirse que validó datos falsos para adjudicar una vivienda a su esposa, arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
El funcionario no se inhibió, según explicó Camarero, como hubiera correspondido, en la tramitación del expediente de su esposa. En su caso, la información sobre sus bienes y los ingresos como parte de la unidad familiar se omitieron, a pesar de que debía haberse considerado en la evaluación de los requisitos para acceder a la vivienda pública. Aunque el expediente figuraba como separado de bienes con su mujer, no se presentó información relevante sobre el otro cónyuge, lo que afectó directamente la correcta evaluación del cumplimiento de los requisitos.
Nosotros no hemos adjudicado estas viviendas, por lo que no podemos revocar una adjudicación que no hemos realizado nosotros
Camarero explicó que, tras la revelación pública de estos hechos el pasado viernes, la Generalitat actuó con celeridad. «Lo primero que hicimos fue solicitar una certificación a la Dirección Territorial para comprobar que todos los adjudicatarios de las viviendas tenían un visado como beneficiarios de una vivienda de protección pública, algo que debe existir para cada uno de los propietarios», indicó la consellera. Además, se solicitó una investigación interna sobre los expedientes que estaban en poder de la Dirección Territorial. Como resultado de esa investigación, se descubrió que el funcionario había participado en la tramitación del expediente de su mujer, lo que constituyó una falta grave.
El futuro de la revisión de los expedientes
En cuanto al futuro de los expedientes revisados, Camarero explicó que la Generalitat va a seguir colaborando con la Fiscalía para que sea esta la que determine si se han cometido irregularidades y qué medidas deben tomarse. «Nosotros no hemos adjudicado estas viviendas, por lo que no podemos revocar una adjudicación que no hemos realizado nosotros», aclaró Camarero. Sin embargo, añadió que, en los casos en los que se demuestre que la información presentada en los expedientes es incorrecta, la Fiscalía será la encargada de decidir los pasos a seguir.
Vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía aquellos supuestos, si es que se determina que han sido visados incorrectamente, y será la justicia la que nos tendrá que decir qué pasos damos a partir de ahí
«Vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía aquellos supuestos, si es que se determina que han sido visados incorrectamente, y será la justicia la que nos tendrá que decir qué pasos damos a partir de ahí», apuntó Camarero. La conseller indicó que, lo importante «es que hemos actuado con total contundencia y de forma inmediata al conocer los hechos, estas acciones seguirán hasta el final, porque no vamos a permitir que una actuación tan sensible como la política de vivienda se vea empañada por irregularidades».
La Generalitat se abre a comprar las viviendas de la promoción que se vendan legalmente
La consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha detallado que la Generalitat ha recibido una solicitud de venta y tres peticiones de alquiler de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus y ha anunciado la intención de la Generalitat de aplicar el derecho de retracto. La información surge tras desvelar INFORMACIÓN que adjudicatarios de estas viviendas protegidas estarían anunciando su venta en portales inmobiliario a precios de mercado, duplicando el valor inicial y exigiendo pagar una parte «en negro» para eludir los controles de la Generalitat sobre las viviendas protegidas.
En relación con la venta, Camarero aclaró que, para que un propietario pueda vender una VPP, debe pedir autorización a la Conselleria. «Si un propietario solicita vender su vivienda, primero debe contar con nuestra autorización, y en segundo lugar, como administración, tenemos la opción de ejercer el derecho de retracto«, indicó. Además, resaltó que cualquier venta debe realizarse bajo los requisitos establecidos, garantizando que la vivienda se venda al mismo precio que se pagó en su momento y que el comprador cumpla con las condiciones para acceder a una VPP. La consellera enfatizó que no se ha recibido ninguna otra solicitud de venta, y subrayó que «la Generalitat no puede estar pendiente de los portales inmobiliarios».
En cuanto a las tres peticiones de alquiler, Camarero explicó que la ley establece que los propietarios de viviendas de protección pública pueden alquilar sus propiedades solo en situaciones excepcionales, como tener un contrato de trabajo en el extranjero o tener que cuidar a una persona dependiente. Camarero subrayó que, al igual que en los casos de venta, la Generalitat supervisará hasta el último detalle de los contratos de alquiler para garantizar que se ajusten a la normativa y que las excepciones sean válidas.
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