La Administración autonómica abrió entre los años 2019 y 2025 un total de 195 expedientes sancionadores por incumplimientos de la normativa de vivienda protegida gallega. Esto son casi tres sanciones al mes por fraude a los titulares de estos inmuebles por no usarlos como residencia habitual, arrendarla sin permiso o por un precio mayor al establecido e, incluso, venderla sin haber expirado el periodo de protección —en algunos casos incurriendo en varias de estas casuísticas—.
Según los datos facilitados por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a este diario, el Ejecutivo gallego recaudó más de 1,4 millones de euros debido a estos expedientes sancionadores, que afectan tanto a las viviendas de protección pública (VPP) como a las viviendas de protección autonómica (VPA).
Esta actividad sancionadora se ha desarrollado en un escenario marcado por el incremento sostenido del precio de la vivienda, tanto en el mercado de compra como en el de alquiler. En este contexto, la Xunta ha apostado por el impulso de nuevas promociones de vivienda protegida, sobre todo desde 2023, cuando tras lograr su primera mayoría absoluta, Alfonso Rueda prometió duplicar el parque público de vivienda antes del fin de la legislatura.
Una circunstancia que ha incrementado el interés por la vivienda protegida, concebida como una herramienta para facilitar el acceso a una residencia habitual y permanente a personas y familias con mayores dificultades para acceder al mercado libre. Tal es así que en el Registro Único de Demandantes de Vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) figuran inscritas más de 28.400 personas en este momento.
No obstante, precisamente para garantizar su función social, la normativa autonómica establece que las viviendas protegidas deben destinarse obligatoriamente a residencia habitual y permanente, prohibiendo expresamente su alquiler o cesión sin autorización, así como su desocupación injustificada durante periodos prolongados.
A tenor de los datos de inspección, más de la mitad de las sanciones no tienen que ver con la especulación de estos inmuebles públicos, sino con vivienda protegida que se encuentra vacía al no ejercer como residencia habitual de sus titulares. Este es el motivo de sanción en 122 de los casos, lo que ha supuesto multas desde los 750 hasta los 15.000 euros.
El segundo motivo principal de sanción es el arrendamiento de la vivienda, bien sin contar con el permiso perceptivo para ello o alquilándola por un precio más elevado al autorizado. Por estos motivos, Vivenda ha impuesto 69 sanciones en los últimos seis años. Por norma general, este tipo de sanción supone las multas más elevadas que de media rondan los 15.000-20.000 euros. Si bien, en 2021, el titular de una vivienda de protección en Lugo fue sancionado con 86.083 euros por alquilar su vivienda por un precio superior al permitido.
A la hora de la venta, cabe reseñar que una vez superado el periodo de protección, que por lo común es de diez años aunque puede extenderse, el titular de una vivienda protegida puede venderla por un precio máximo que establece la Administración.
En el periodo mencionado, los inspectores detectaron la transacción de dos inmuebles que no habían superado el periodo de protección. Ambas en 2020, en pleno confinamiento por el Covid. La primera fue vendida en la provincia de A Coruña y comportó una sanción de 9.000 euros. Mientras que la otra se ubicaba en la provincia de Lugo y el beneficiario tuvo que asumir una multa de 20.000 euros por la operación fraudulenta. Además, tan solo un año más tarde, de detectó la venta de una VPA por un valor superior al permitido en Pontevedra, lo que supuso a su titular una sanción de 9.000 euros.
Mientras en otras comunidades el subarriendo de habitaciones a otras personas es el principal fraude detectado con la vivienda protegida, en Galicia es una casuística totalmente menor en las estadísticas. La inspección solo detectó en los últimos seis años dos casos en los que el titular alquilaba a terceras personas dependencias del mismo. Uno de ellos en la provincia de Ourense y otro en la de Pontevedra, comportando sanciones de entre 10.000 y 15.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
