El PP volcará sus esfuerzos en el terreno europeo tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, que confirma el apoyo de los siete diputados de Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez. El partido de Alberto Núñez Feijóo lleva días preparando su hoja de ruta a partir de ahora. Fuentes de la dirección reconocen que “el margen real” está en Europa. Los populares recurrirán la futura ley de amnistía (debe registrarse aún en el Congreso) en el Tribunal Constitucional, pero “la desconfianza” es absoluta y dan por hecho que el tribunal de garantías dará aval a la norma del PSOE y sus socios.
Dirigentes populares señalan las veces en las que el propio Sánchez y otros miembros del Gobierno han dado por hecho ese respaldo jurídico. Feijóo ha reprochado en muchas ocasiones el “asalto” del Gobierno al TC. En todo caso, el PP lleva tiempo “trabajando” en las instituciones europeas y en las próximas semanas intensificará sus acciones todavía más. En la cúpula conservadora, que sigue perfilando todas las vías que pretende poner en marcha, confirman que habrá recursos ante los tribunales europeos y “mucho trabajo político”.
Feijóo reúne a su comité de dirección este viernes en la sede nacional de Génova. Ayer, en una declaración institucional sin preguntas y con una escenografía de solemnidad total, comparó los acontecimientos actuales con el 23F y el terrorismo de ETA. «Es cierto que la democracia está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes. Pero no es la primera vez que la democracia se ve amenazada. El golpe de estado del 23 febrero de 1981, el golpe de terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo en 2017 fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España», llegó a decir. El tono del PP seguirá en esta línea.
Hace justo dos días, la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pedía a las instituciones europeas pronunciarse de inmediato ante la amnistía que se estaba pactando en España. En la dirección nacional reconocen que “hay mucho trabajo que no se ve” de reuniones y pedagogía en Bruselas.
También la carta del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dirigida al Ejecutivo, dio alas al PP. El político belga ponía de manifiesto las preocupaciones que le habían llegado ante esa negociación y pedía información detallada y oficial lo antes posible. Recibió una respuesta con malestar y cierto desaire por parte del ministro Félix Bolaños, alegando que le enviaría la información cuando esa ley —que aprueba el Parlamento recalcó— se registre. “En caso de que se registre”, llegó a añadir el ministro de la Presidencia cuando su partido ya había cerrado su pacto con los independentistas.
Los populares tienen claro que la amnistía podría hacer sufrir mucho al Gobierno en las instituciones comunitarias. En la cúpula conservadora recalcan que “en el club europeo lo más importante es preservar los valores del Estado de derecho de todos los países miembros y la separación de poderes”. Y consideran que el precedente que existe de la reforma que PSOE y Podemos intentaron para rebajar las mayorías del CGPJ indica que Bruselas será inflexible si tiene dudas.
El líder del PP calificó ayer como “acuerdo de la vergüenza” lo firmado entre PSOE y Junts, llegando a afirmar que “los socialistas que no hagan nada por evitarlo se arrepentirán”. “Lucharemos con todos nuestros medios ante esta deriva y este cambalache de votos por privilegios. Lo haremos por la vía parlamentaria, por la vía legal y a través de la movilización social firme, serena y respetando siempre la convivencia», zanjó Feijóo en referencia a las futuras movilizaciones que ya están agendadas. La de este domingo esperan que sea masiva por toda España.
“Los resortes del Estado”
Los comunicados conjuntos de todas las asociaciones de jueces, los inspectores de Hacienda y, previsiblemente, otros cuerpos de funcionarios públicos, también pueden influir en la percepción europea. “Todos los resortes del Estado se van a activar. Un Gobierno puede negociar cosas, pero el Estado es más que eso. Y el poder judicial no se puede controlar sin más”, afirman en la dirección del PP. A esto hay que sumar la posibilidad de que haya jueces que recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de una cuestión prejudicial. Es la puerta que dejó abierta el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el auto de imputación de Puigdemont por el caso de Tsunami Democràtic.
Se trata de una vía clave porque en el PP están convencidos de que la amnistía pactada con Junts es contraria al derecho comunitario. El acuerdo hecho público este jueves confirma una medida de gracia muy extensa, porque incluirá a “responsables y ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y el referéndum de 2017 fueran objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a esos eventos”. Además, el texto se abre también a amnistiar el ‘lawfare’ más adelante para casos como el del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; o el jefe de la oficina del ‘president’, Josep Lluis Alay. Estos nombres dependerán de cómo evolucionen las comisiones de investigación en el Congreso.
