Las diligencias en el caso de la causa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están, según ha informado El Periódico paralizadas desde que fuera dictado el auto de apertura de juicio oral en septiembre pasado, una parálisis que alcanza también a la pieza separada de corrupción en los negocios en las relaciones de la pareja de Ayuso con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y su esposa Gloria Carrasco. Para dar un impulso procesal, las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid han presentado dos escritos el pasado 16 de enero .
Ahora bien: hay una razón que explicaría la parálisis. Según fuentes jurídicas consultadas, se debería a que la Fiscalía de Madrid y los acusados -González Amador y cinco particulares- han solicitado tiempo al juez Antonio Viejo, nuevo titular del juzgado 19, para negociar un pacto de conformidad, posiblemente a firmar en el mes de marzo, que evite celebrar el juicio oral por dos delitos fiscales y otros (falsedad en documento mercantil, falsedad contable y grupo criminal). En román paladino, resucitando así el pacto abortado en febrero y marzo de 2024.
Ricardo Corzo Rodríguez, abogado de David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y su hermano José Miguel Carrillo Saborido, los tres de la localidad de Arahal, en la comarca de Morón y Marchena, provincia de Sevilla, señaló a El Periódico que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, en términos parecidos al que se había negociado en 2024.
“Uno de mis defendidos tendría que abonar multa y para los otros dos se archivará el caso”, señaló. Gabriel Rodríguez Ramos, letrado de González Amador, no contestó a las llamadas de este diario para conocer su punto de vista.
Negociaciones con la Fiscalía de Madrid
Hay un hecho que surfeó sin mayor atención durante el juicio contra el fiscal general del Estado, en noviembre de 2025.
Y es que las negociaciones entre Carlos Neira, en nombre de González Amador, continuaron con la Fiscalía de Madrid pese al hecho de que la pareja de Ayuso interpuso una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a primeros de abril de 2024. Le acusaba de revelar el dato reservado del correo de Neira a la Fiscalía del 2 de febrero de 2024, en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales.
La querella de González Amador fue admitida por el juzgado 28 de Madrid, el que, a su vez, solicitó por exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) investigar a García Ortíz. El TSJM la admitió a primeros de mayo de 2024 y en julio la cursó a la Sala Penal del Tribunal Supremo.
En medio de este enfrentamiento y la batalla mediática y política que protagonizó Miguel Ángel Rodríguez, (MÁR) jefe de gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid, Neira siguió sus conversaciones con la Fiscalía de Madrid. Υ, según las fuentes conocedoras de las mismas, en junio de 2024 se pudo llegar a un acuerdo.
En acuerdo abortado
Pero la presentación de una denuncia por corrupción en los negocios contra la pareja de Ayuso en el juzgado de instrucción 19, que ampliaba la querella de la Fiscalía de Madrid por los dos delitos fiscales, abortó el pacto en la última semana de junio de 2024.
El abogado de González Amador ponía como condición para llegar al acuerdo incluir el archivo de esa nueva pieza que indagaba operaciones de González Amador con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, y su esposa Gloria Carrasco.
En esta pieza también se investigaba la compra del ático que adquirió la pareja de Ayuso por 955.000 euros situado encima del piso en el que ambos viven, en el barrio madrileño de Chamberí.
En la propuesta de pacto abortada, Neira incluía esta conclusión en un documento de ocho folios:
“Alberto González Amador acepta íntegramente i) los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como ii) la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y iii) su autoría como administrador único y socio de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos. Acepta, pues, una cuota defraudada a la AEAT por el siguiente importe (que es el recogido en la liquidación vinculada a delito dictada por la AEAT) [350.951 euros].
En conclusión, el contribuyente ha ingresado ya en la AEAT las cuotas defraudadas a través de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 2022, aunque una vez iniciado el procedimiento inspector y, por lo tanto, sin darse lo indicado en el art. 305.4 del Código Penal (así se reconoce expresamente)…
1.3.- Autoría.
Alberto González Amador asume íntegramente los hechos, como administrador único y socio de la entidad.
1.4.- Multa.
Conforme al art. 305.6 CP, se propone la imposición a Alberto González Amador de una multa del 40% de la cuota defraudada, atendiendo al resarcimiento del daño, y al reconocimiento de los hechos.
[El total de lo que se comprometía a ingresar en Hacienda ascendía a 520.000 euros, de los cuales una parte ya había entrado por la simulación, rechazada, de regularización por la puerta trasera].
1.5.- Pena de prisión.
Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer a Alberto González Amador. También se propone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses.
1.5.- Abono de las costas.
Asimismo, esta propuesta de conformidad penal incluye el compromiso de pago de las costas que se le impusiesen al acusado
1.6.- Suspensión de la pena.
En todo caso, esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada.»
Tras la victoria de Díaz Ayuso-MÁR-González Amador con la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado el 20 de noviembre de 2025 (pena de inhabilitación de dos años para ejercicio del cargo, multa de 7.200 euros, costas y una indemnización de 10.000 euros por daño moral) parecía abrirse la promesa de Díaz Ayuso de que su pareja estaba dispuesto a ir a juicio.
Pero, no parece.
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