Las claves
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes una «amnistía general» para los cientos de presos políticos que siguen encarcelados en las prisiones del país, una medida de gracia que otorgará la libertad a aquellos encarcelados durante «el periodo de violencia política, del año 1999 al presente», mediante una ley.
«Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve en las próximas horas a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela«, ha expresado Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia.
Según Rodríguez, esta decisión ha sido discutida con «el alto mando político de la revolución» y cuenta con el beneplácito del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos capturados por el Ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero por orden de Donald Trump, pero con quienes, asegura la presidenta encargada, tienen «intercambios» de información.
Ha pedido a los beneficiados que «no impongan la revancha, la venganza y el odio». «Estamos dándoles una oportunidad para vivir en paz en Venezuela y para que todos vivamos con respeto”, ha expresado.
«Pido nuevamente la máxima colaboración del cuerpo legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas», ha añadido.
Rodríguez tambien ha solicitado la «máxima celeridad» para la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional, que se prevé la próxima semana, con el fin de «poder coexistir con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela». Constituiría un gesto político sin precedentes para la transición venezolana, además de un intento de devolver seguridad jurídica a todos los opositores al régimen.
La medida de gracia llega casi un mes después de que el chavismo anunciara la liberación de «un gran número» de presos políticos, un proceso criticado por los sectores de la oposición y las familias de los prisioneros al ser considerado lento, insuficiente y poco transparente: el Gobierno chavista no ha hecho pública una lista de indultados ni ha ido anunciando quiénes han sido los beneficiados de las lentas liberaciones.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 28/01/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 711*
Desde la semana pasadaHombres: 617
Mujeres: 94Civiles: 530
Militares: 181Adultos: 710
Adolescentes: 1Condenados: 183
No condenados: 528Con… pic.twitter.com/HctPImy8Xt
— Foro Penal (@ForoPenal) January 29, 2026
Las excarcelaciones, hasta ahora, se han producido a cuentagotas. La organización Foro Penal asegura que, hasta este 29 de enero de 2026, la cifra de presos políticos en diferentes cárceles venezolanas asciende hasta los 711, resultado de las 302 excarcelaciones llevadas a cabo desde el 8 de enero, entre ellos varios españoles. Según el chavismo, las liberaciones han sido alrededor de 800.
Sin embargo, estas liberaciones no son plenas, sino que llevan consigo ciertas normas que, según Rodríguez, rige la Constitución. Serán excluidos de la amnistía aquellos condenados por delitos de homicidio, drogas, corrupción y delitos comunes y, entre otras medidas cautelares, los liberados no podrán hacer declaraciones a los medios de comunicación ni salir del país -excepto los extranjeros-.
La presidenta encargada ha asegurado que el centro de detención Helicoide -una de las prisiones más denunciadas por parte de organizaciones de derechos humanos por abusos contra presos- se convertirá en un centro de deportes y servicios sociales.
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión social. A las puertas del Helicoide las familias llevan acampando desde hace semanas con la esperanza de que el próximo en salir por la puerta sea su allegado y exigiendo la liberación «completa» de todos los presos, algo que parece estar más cerca. Por su parte, las ONG han organizado grandes protestas, incluso llegando a encarar a la propia presidenta interina.
Además de los presos, hay más de 9.000 personas sometidas a medidas judiciales y otras miles se encuentran en el exilio o la clandestinidad, algo que desde la oposición ven como gran piedra en el camino hacia una transición política.
