del ‘procés’ separatista al proceso socialista

El PSOE afirma en el acuerdo que va a resolver un presunto conflicto histórico de siglos con un acuerdo de legislatura que le permitirá a Pedro Sánchez gobernar durante cuatro años más. Dos pájaros de un tiro.

2. «Incluso partiendo de posiciones divergentes».

Quede claro que el PSOE ha llegado a un acuerdo en Bruselas con un prófugo de la justicia que se alzó contra la democracia, pero que lo ha hecho desde la más profunda divergencia. 

3. «El movimiento independentista no puede comprenderse sin la sentencia del TC de 2010, a raíz de un recurso del PP contra el Estatut».

La culpa, para que vamos a perdernos en sutilezas, es del PP y del Tribunal Constitucional. Las cosas claras y el relato, espeso. 

4. «Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Cataluña como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados».

En este punto del acuerdo, y no llevamos ni tres párrafos, el PSOE reconoce que Cataluña es una nación (ya que, presuntamente, eso decía «la sociedad catalana»), que el autogobierno catalán está limitado (¿por la ley, quizá?) y que existe un déficit acumulado (¿de qué?) en la autonomía más privilegiada industrial y fiscalmente de la historia de nuestro país. La comunidad que salió del franquismo como la más rica del país. 

5. «Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Cataluña».

El PSOE afirma que Cataluña había tenido, no ya «una» constitución, sino varias «constituciones», en plural, 77 años antes de que Estados Unidos aprobara la primera constitución de la historia en 1791. 

6. «La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España».

La catalana es una sociedad trans que no se siente identificada con la democracia constitucional votada por ella misma en 1978. Habrá que saber ahora con qué sistema político alternativo a la democracia se siente identificada la sociedad catalana. 

7. «La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía».

La clave está en «íntegramente». Si los catalanes hubieran votado el derecho de pernada sobre todos los extremeños y el TC lo hubiera anulado, también habría cometido un delito de lesa tiranía judicial. ¡A los catalanes no se les toca ni una coma!

Recordemos alguna obviedad más. Todo el Estatut actualmente vigente, del primero al último de sus más de 223 artículos, quince disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, ha sido votado íntegramente por la «ciudadanía». Concretamente por el 73,9% del 48,85% por ciento de los catalanes. Es decir, por sólo el 35% de ellos. Uno de cada tres. Porque la falta de interés de la ciudadanía catalana por el nuevo Estatut fue obvia desde que el PSC tomó la iniciativa de redactar un texto que nadie en la región pedía. Conviene recordarlo hoy. 

Un detalle más. El TC sólo declaró inconstitucionales 14 artículos, y sujetos a interpretación otros 24. La sentencia fue además la más leve que podría haber surgido del TC: los cuatro votos discrepantes lo fueron por considerar la sentencia «demasiado benevolente» con el texto. Si algo fue el TC es cómplice de los autores del Estatut, ya que validó muchos artículos haciendo una lectura «amable» de ellos cuando su literalidad decía exactamente lo contrario de lo interpretado.

8. «Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada».

Es una evidencia que las exigencias de los partidos independentistas a partir de 2010 fueron hechas desde la más estricta lealtad constitucional. Si una característica ha definido al independentismo, esa ha sido la lealtad, desde luego.

9. «Las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 (ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC) con una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña».

Aquí el Gobierno da por buenos los resultados de unos referéndums amañados donde los catalanes se fotografiaban metiendo varios votos en urnas que llegaban ya llenas de papeletas a los colegios electorales. 

10. «Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE».

Lo que llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE no fue «todo ello», sino una declaración de independencia unilateral y la sedición, con disturbios callejeros incluidos, de una administración autonómica contra la Constitución de la que proviene su legitimidad. Conviene también recordar aquí que, sin la Constitución, Cataluña no existiría como ente jurídico. 

11. «A pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales».

Aquí el PSOE vuelve a reconocer que Cataluña es una nación diferente a España. Que en sentido estricto ya no podremos llamar España a partir de ahora, ya que la nación antes conocida como España incluía a Cataluña y sin Cataluña España no sería ya España, sino otra cosa.  

12. «La resolución debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad». 

La primera verdad del acuerdo. Los acuerdos del PSOE con Junts podrán ser aborrecibles, pero fueron preaprobados, de la primera a la última coma, por los ciudadanos españoles el pasado 23 de julio. Si una virtud tiene Pedro Sánchez es que no miente jamás, porque mentir siempre es una forma de decir siempre la verdad. 

13. «Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Cataluña».

El PSOE quiebra en este punto la soberanía nacional reconociendo que sólo el Parlamento catalán representa al «pueblo catalán» y que su voluntad debe ser ley en esa parte del territorio nacional conocido como Cataluña. 

14. «Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral». 

Ese «mantiene su rechazo» es el deeply concerned del PSOE. Porque despenalizada la sedición, ¿qué le impide al independentismo declarar mañana mismo la independencia en Cataluña? 

15. «PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones».

El relator internacional que tantas veces negó el PSOE. Dado que España es un Estado antidemocrático, los acuerdos a los que llegue el Gobierno central con una administración regional jerárquicamente inferior deben ser tutelados por un relator serio y formal, y por supuesto extranjero. Algo que deja la supervivencia del Gobierno de Pedro Sánchez en manos de un mediador foráneo que decidirá a cada paso del nuevo Ejecutivo si sus decisiones cumplen o no con lo acordado con Junts. 

16. «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución».

El artículo 92 de la Constitución dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos».

En sentido estricto, el acuerdo sólo anuncia lo que pedirá Junts en ese «espacio de negociación» al que hace referencia el texto, y de ahí que la prensa monclovita haya esgrimido este punto como prueba de que el PSOE no ha aceptado en realidad el referéndum de independencia. Pedro Sánchez exige, por tanto, un nuevo salto de fe al vacío. «¿Me creéis capaz de aceptar un referéndum de independencia cuando he repetido docenas de veces que no lo aceptaré jamás, ciudadanos españoles?». 

17. «El PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña».

La salvaguarda. Junts defenderá un referéndum de independencia y el PSOE, una ampliación del Estatut que conceda todos los atributos de una independencia de facto sin concederla de iure. Es decir, una independencia material, aunque no formal, que será financiada por el resto de los españoles. 

18. «Junts propondrá una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña». 

El mismo truco de manos del párrafo anterior. Junts pedirá la cesión del 100% de los impuestos, es decir el fin de la solidaridad interterritorial entre regiones ricas y pobres, pero eso no implica necesariamente que el PSOE conceda. Aunque, por otro lado, ese es, coma arriba, coma abajo, el régimen fiscal vasco y navarro, así que, siendo constitucional, ¿qué le impide al PSOE concedérselo también a Cataluña a cambio de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2025?

19. «El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña». 

«Autonomía financiera» y «acceso al mercado» [es de suponer que el mercado financiero internacional] es un eufemismo de lo explicado en el punto anterior. 

20. «También se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». 

¿Y cómo piensa conseguir el Gobierno que las empresas catalanas que han huido de la región vuelvan a ella? ¿Qué tipo de presiones políticas y fiscales se aplicará sobre ellas y cómo casa eso con el respeto a la libertad de empresa y la obligada neutralidad del Gobierno en materia de competencia empresarial y fiscal para no beneficiar injustamente a algunas comunidades en detrimento de otras? CaixaBank y Banco Sabadell ya han dicho que el retorno a Cataluña «no está sobre la mesa». ¿Pero qué harán si el Gobierno lo pone encima, quieran o no quieran ellas? 

21. «Esta ley de amnistía debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».

Una frase que sólo puede entenderse en combinación con el siguiente punto. Porque ¿qué quiere decir «vinculados a estos eventos» en el contexto de un reconocimiento tácito del concepto de lawfare? 

22. «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». 

Dicho de otra manera, el Congreso de los Diputados, a través de sus comisiones de investigación, decidirá extrajudicialmente qué jueces y fiscales han prevaricado al investigar, imputar y condenar a ciudadanos «inocentes» (también de acuerdo al cruterio del Congreso de los Diputados) por su relación de algún tipo con el procés. Y eso incluye a Laura Borràs, condenada por fraccionamiento de contratos, Gonzalo Boye, acusado de blanquear dinero del narcotráfico, y Josep Lluís Alay, la presunta conexión del independentismo con el Kremlin. 

Este punto en concreto, que abre la puerta a que los jueces que hayan «prevaricado» (de acuerdo no a la definición jurídica del término, sino a la definición política arbitraria del término que quieran hacer los grupos parlamentarios en el Congreso) sean apartados de la carrera judicial o condenados tras una modificación de la legislación igualmente arbitraria, ha provocado ya un comunicado de rechazo de las cuatro asociaciones judiciales existentes en España y también de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, y de la Unión Progresista de Fiscales.

El acuerdo también ha sido rechazado por los inspectores de Hacienda, que consideran que el pacto entre PSOE y Junts supone «una ruptura evidente del régimen constitucional actual» también en «materia financiera».

Por medio de este acuerdo, el Poder Ejecutivo le declara la guerra al Poder Judicial, le acusa de prevaricar y anuncia su intención de que sean los políticos (a través del Poder Legislativo) los que juzguen y condenen a los jueces. España se convierte así en el único país de la UE, junto con Hungría, en el que dos de los poderes del Estado han decidido enfrentarse abiertamente al tercero, laminando la separación de poderes, consagrando la primacía omnímoda del Ejecutivo y concediéndole a este, gracias a su control del Legislativo, atribuciones que no están en la Constitución y que son radicalmente incompatibles con un Estado de derecho funcional. 

23. «La ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio».

La concesión de autonomía política a las administraciones catalanas en la defensa de sus intereses particulares (incluso cuando sean contrarios a los del resto de los españoles) en las instituciones internacionales. Es decir, uno de los atributos básicos de un Estado soberano e independiente.  

24. «La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts». 

Y todo esto, a cambio de cuatro años más de Pedro Sánchez en la Moncloa. 

25. Lo que no menciona el acuerdo.

La amnistía de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en procesos relacionados con el procés. Los delitos de los líderes del procés y de cientos de ciudadanos catalanes que en septiembre y octubre de 2017, y tras la sentencia del TC, se alzaron contra la democracia. La responsabilidad personal de Carles Puigdemont, y del resto de líderes independentistas, en esos hechos. Las leyes de desconexión. La desobediencia de la ley y de las sentencias judiciales. Los policías heridos por la violencia independentista. La renuncia a la unilateralidad del independentismo. La democracia. 

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