Un informe remitido a Bruselas por la organización cívica Impulso Ciudadano asegura que el Gobierno vulnera el derecho a la información con el reparto arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional.
El documento también hace una referencia explícita a la agresión que sufrió José Ismail Martínez, golpeado y arrojado al suelo en Pamplona por parte de radicales de la izquierda abertzale.
«El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra sí condenó estos hechos, pero el Gobierno de España no lo hizo, seguramente por la proximidad de los agresores a uno de los socios de investidura», señala, en alusión a Bildu.
Estas y otras apreciaciones sobre el deterioro de la calidad democrática las denuncia Impulso Ciudadano con la intención de que se incorporen al «Informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en España».
La asociación describe en su documento un deterioro preocupante de las garantías democráticas, y ofrece una visión global muy crítica sobre el intento de control del Gobierno de los medios de comunicación.
«Hay un intento del poder político de controlar y manipular los medios de comunicación, así como el uso instrumental de la publicidad institucional. Nuestra misión es ejercer presión para garantizar el Estado de derecho en nuestro país», asegura a este periódico el presidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas:.
La asociación denuncia que el Gobierno no ha impulsado la reforma de la ley reguladora de la publicidad institucional «para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación», tal y como recogía el denominado Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno de coalición.
Tampoco se han hecho públicas las cantidades que se transfieren desde la Administración a los diferentes medios de comunicación ni los criterios de planificación de estas campañas. Así, explica el informe, que «periodistas y académicos se han topado con un muro cuando han tratado de obtener estos datos».
La asociación afirma que, en muchos casos, la publicidad institucional es utilizada con «fines propagandísticos» sin que existan mecanismos eficaces para impedirlo, y que esto supone una amenaza directa para el pluralismo informativo y la competencia leal en el sector.
En paralelo, el documento hace referencia también a la injerencia del poder político en la cadena pública RTVE, que califica de»sangrante».
Como ejemplo, señala la reforma que se acometió del sistema de Gobierno de la Corporación en 2024 a fin de modificar la composición de su consejo de administración, con el objetivo de incorporar a «personas propuestas por los partidos que integran el Gobierno de coalición y por sus socios de investidura».
En la misma línea, la organización critica los procedimientos de nombramiento de los reguladores audiovisuales, tanto a nivel nacional como autonómico, que se realiza a partir de acuerdos entre un número de grupos parlamentarios, que proponen consejeros, cuyo perfil obedece «claramente a su filiación política».
Como ejemplo, explica el caso del actual presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Xevi Xirgu, amigo del expresidente fugado Carles Puigdemont y que había sido, además, sancionado por el propio CAC.
Ataques a los medios críticos
El informe denuncia así mismo que España carece aún de reformas clave para garantizar la independencia y los recursos suficientes de los organismos reguladores de los medios, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
De hecho, dado «el bloqueo político», se acumula casi dos años de retraso en la asunción de competencias exigidas por la normativa europea y, por tanto, «es previsible una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
A ello se suma, según el informe, que el Ejecutivo trata de desacreditar a medios críticos, reiterando «machaconamente» los conceptos «pseudomedios» o «fango», cuando desvelan diferentes casos de corrupción que cercan al Gobierno.
«Es frecuente escuchar a miembros del Poder Ejecutivo hablar de derecha mediática y judicial como un todo homogéneo», detalla.
A su vez, explica que son frecuentes los ataques verbales a periodistas por parte de altos cargos como, por ejemplo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
Por otro lado, el informe alerta también de un «deterioro» en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, dirigido por un fiscal general «designado por el propio Gobierno».
En este capítulo, explica que el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se ajusta a los estándares europeos, al depender íntegramente de acuerdos entre partidos políticos.
También critica la sintonía entre la Fiscalía y el Gobierno, «tanto por la actuación de la primera en casos que afectaran a miembros del Gobierno como por la actuación del Gobierno en relación con el fiscal general cuando éste ha sido acusado de difundir datos personales de un ciudadano que estaba siendo investigado por la Fiscalía».
De hecho, a raíz del caso Álvaro García Ortiz, el Gobierno inició el trámite parlamentario del proyecto de ley de información clasificada con el que se pretende derogar la Ley de Secretos Oficiales.
Una norma que otorga, a juicio de Impulso Ciudadano, un amplio margen al Gobierno para decidir qué información puede ser clasificada, sin controles judiciales previos ni órganos independientes, lo que constituye un riesgo para la transparencia institucional al poder ocultar informaciones incómodas para el poder.
En este contexto, la organización critica la «constante deslegitimación de la actuación de los jueces por parte de miembros del Gobierno», sobre todo, con relación al proceso seguido contra Álvaro García Ortiz.
«Es anómalo que se exprese una opinión del Ejecutivo relativo a un caso que está siendo juzgado en ese momento», detalla.
A su juicio, estas prácticas «debilitan de manera efectiva la confianza de la opinión pública en la judicatura y supone una utilización partidista de una institución, la judicial. Contribuye a la polarización y a la confrontación dentro de la sociedad».
De hecho, pone como ejemplo, la declaración de Pedro Sánchez sobre la sentencia a García Ortiz, asegurando que «el presidente del Gobierno parece desconocer que, de acuerdo con los estándares europeos, los miembros del Ejecutivo no pueden realizar valoraciones sobre las sentencias judiciales que puedan perjudicar la percepción que tenga la opinión pública sobre la justicia».
«No es admisible que los jueces hayan de enfrentarse a declaraciones hostiles por parte del poder ejecutivo cuando dictan sentencias que no son del gusto de éste», añade.
Por último, Impulso Ciudadano critica la falta de ejecución de sentencias judiciales firmes por parte de algunas administraciones públicas como es el caso de la Generalitat de Cataluña con las resoluciones que reconocen el derecho a recibir parte de la educación en castellano.
