El Foro Galego de Inmigración estima que alrededor de 8.000 personas viven en Galicia en situación administrativa irregular (entre 6.000 y 8.000) y podrían verse beneficiadas por la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno central tras el acuerdo alcanzado. Se articulará mediante real decreto y fija como requisito haber permanecido en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar, al menos, cinco meses de estancia.
El procedimiento permitiría presentar solicitudes desde principios de abril y hasta el 30 de junio de 2026 y, una vez admitida a trámite la petición, el solicitante podría acceder a la autorización para trabajar.
El presidente del Foro, Miguel Fernández, subrayó a Faro de Vigo —del mismo grupo que La Opinión A Coruña— que el dato de 8.000 personas «es un cálculo» y admite la dificultad de afinarlo: «Es difícil saberlo», explica, al tratarse de una estimación que suele salir del desfase entre las personas empadronadas y aquellas que figuran con algún tipo de autorización. En todo caso, advierte de que ese método está hoy más expuesto a infrarregistro porque uno de los principales obstáculos para muchas personas migrantes es, precisamente, lograr empadronarse.
«El empadronamiento está siendo más complicado», señala, por un factor estructural: la precariedad del acceso a la vivienda. El Foro constata que una parte relevante de la población migrante en situación irregular no vive en pisos con contrato completo, sino en alquileres por habitación, lo que exige la colaboración de quien figura en el arrendamiento o de la propiedad. «Poder empadronarse en una habitación está siendo complicado», resume Fernández.
En Galicia, Fernández cita entre los colectivos con mayor presencia reciente a personas procedentes de Venezuela, Perú y Colombia, además de una comunidad marroquí asentada desde hace años y en crecimiento. Todos son adultos, en edad laboral, insisten. De hecho, muchos de ellos ya han manifestado su necesidad de acceder a un empleo regulado.
«Lo hago por mis hijos»
Estefani Sánchez, de 35 años, llegó a Santiago de Compostela en junio de 2024. Viajó desde su Lima natal hasta Madrid, pasando antes por un exhaustivo control durante su trasbordo en Colombia. Lo hizo todo sola. «Atrás dejé a mis dos hijos y a mi esposo, porque deseo darles lo mejor», explica a El Correo Gallego –del mismo grupo que La Opinión A Coruña–. «Desde que llegué intenté zanjar lo más rápido posible todo el tema burocrático, como darme de alta en la Seguridad Social, buscar un trabajo y un alquiler… Es un proceso muy lento», indica.
Al no estar regularizada no puede acceder a un alquiler al uso —ya complicado, dice, por los precios elevados de la renta— ni tampoco a un trabajo, por lo que vive en una habitación en un piso compartido y hace poco consiguió un empleo eventual a través de Cáritas. «Actualmente, trabajo por horas en el sector de la limpieza, pero espero que al estar regularizada mi situación mejore y pueda tener un empleo normal», apunta. «Hay que salir adelante».
Una situación similar es la que vive su tocaya y compatriota Estefanía de la Cruz, de 34 años y madre de dos pequeños a los que tuvo que dejar en Perú. «Llevo en Galicia un año y siete meses, y tras varios empleos eventuales ahora mismo no trabajo», indica. «Tomé la decisión de emigrar por la situación de pobreza que hay en mi país y para poder darles algo mejor a mis hijos». Relata que desde el primer momento estuvo ligada a la organización benéfica para poder conseguir algún trabajo por horas y conocer gente, quien le ayudó a conseguir su primer sueldo trabajando en la limpieza de un restaurante. «Después estuve trabajando interna cuidando a una persona mayor de 91 años, algo estable, pero muy duro», cuenta. «No ha sido fácil, lo hago por mis hijos».
«En Perú trabajaba en atención al cliente, y estudié para ello, pero aquí hasta que no tenga ‘papeles’ no puedo acceder a ese tipo de empleos», lamenta Estefanía de la Cruz. Por ello, añade, es importante su regularización. «Esperamos el plazo mínimo de dos años, cumpliendo todos los requisitos, pero en ese período solo podemos optar a trabajos por horas», indica. «También hay varios empleos para los que piden un curso de formación, pero es complicado compaginarlo con el trabajo, al que no puedo renunciar porque necesito el dinero».
Ambas coinciden en que el proceso de emigrar «no ha sido de color de rosa» y que viajaban con muy altas expectativas truncadas, en parte, por la «lentitud de los procesos burocráticos en España». De todas formas, se sienten muy agradecidas e insisten en que harían lo que fuera para «sacar adelante» a los niños que esperan a sus madres en Lima.
El «limbo» de solicitantes de asilo: entre 2.000 y 3.000 personas más
A la bolsa de personas en situación irregular, Fernández añade un segundo colectivo que considera imprescindible contemplar para que la regularización sea efectiva: quienes iniciaron solicitudes de asilo en los últimos años como vía para acceder antes a derechos básicos y, tras los cambios normativos recientes, han quedado atrapados en un proceso administrativo incierto.
Fernández estima que en Galicia podría haber entre 2.000 y 3.000 personas en esta casuística: solicitantes que han desistido del asilo —o intentado hacerlo— pero sin justificante administrativo que acredite el desistimiento, lo que les impide transitar con seguridad hacia vías de regularización. El Foro recuerda que el actual marco de extranjería —vigente desde mayo de 2025— ya generó situaciones de difícil encaje para determinados perfiles, especialmente en itinerarios vinculados a protección internacional.
Certificados de penales: el segundo gran cuello de botella
Además existe un obstáculo adicional que puede convertirse en un tapón masivo, según el experto: la exigencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, que «puede suponer otro atranco importante», asegura la entidad social. La dificultad, explican, no es solo jurídica, sino operativa: los procedimientos varían por país, algunos son telemáticos y otros dependen del funcionamiento consular; pero, sobre todo, temen el impacto de una avalancha de solicitudes en un plazo concentrado.
En paralelo, el Foro alerta de un riesgo administrativo que puede condicionar el éxito de la medida: el colapso en las oficinas de extranjería. Reclaman que, si la regularización se decide «políticamente», se refuercen de inmediato plantillas, espacios y circuitos, porque las oficinas ya arrastran carga por trámites vinculados a la normativa vigente.
Un «gran día» para derechos y mercado laboral
El Foro Galego de Inmigración valora el anuncio como «un gran día para los derechos de las personas migrantes» y exige que el procedimiento sea sencillo, sin trabas como la obligación de un precontrato laboral, con criterios flexibles para acreditar estancia (incluida la certificación por entidades sociales) y contemplando que muchas personas en situación irregular no pueden acceder a certificado electrónico para trámites digitales.
Fernández añade un argumento de contexto: Galicia —como el conjunto del Estado— convive con sectores que declaran falta de mano de obra, mientras un grupo amplio de personas migrantes, en edad laboral, permanece fuera del circuito formal. «Tenemos ahí un potencial muy importante», sostiene, siempre que la regularización se ejecute «con agilidad» para evitar que la demora empuje a situaciones de economía sumergida y explotación.
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