El curso político ha empezado igual que terminó el anterior: con un complicado juego de apoyos entre el Gobierno y los socios de investidura. Este martes ha sido el fiel reflejo de cómo está la situación. Mientras el Consejo de Ministros anunciaba la regularización de más de medio millón de migrantes, previo pacto con Podemos -una de las fuerzas que más se había distanciado del Ejecutivo-, en el Congreso los votos de Junts tumbaban el decreto ‘ómnibus’ con la subida de las pensiones y la prórroga de medidas del escudo social.
Los catalanes, que se mantienen en la ruptura total que anunciaron en octubre, unieron sus escaños a los de PP y Vox para dar el primer golpe del año al Gobierno. Su justificación es la misma que los partidos nacionales de derechas: «Pensiones sí, okupaciones no», resumió su portavoz, Miriam Nogueras. Sin embargo, desde Moncloa son optimistas y aseguran que conseguirán reenganchar a Junts al bloque de la investidura. Y para ello confían, precisamente, en la cuestión migratoria.
La regularización de migrantes abre un nuevo asunto: el traspaso de competencias a Cataluña, que es una de las exigencias de Junts, pero que podría desequilibrar el bloque de investidura por el otro lado. Moncloa confía en tener asegurado, al menos por ahora, el favor de Podemos. Preguntada por ello este martes, la secretaria general de los morados, Ione Belarra, abría la puerta a negociar la transferencia migratoria, pero advertía: «Podemos nunca va a respaldar un proyecto racista ni antes ni ahora».
Moncloa afina sus alianzas con vistas a los presupuestos
Y este es, precisamente, el punto crítico en el que el Ejecutivo tendrá que trabajar para contentar a todos. Moncloa asegura que lo aprobado ayer con Podemos servirá para retomar el diálogo con Junts sobre el traspaso de competencias sobre migración a Cataluña, que forma parte de los acuerdos adquiridos con Puigdemont, y que es uno de los principales reproches de los neoconvergentes al PSOE.
La aritmética exige que el juego de favores funcione más preciso que nunca. El Gobierno, cediendo ante Podemos este martes, tiene más facil que los de Belarra traguen con lo que -con el planteamiento actual, todo se puede negociar- ahora mismo tachan de «proyecto racista«. Esto permitiría arrancar a Junts un ‘sí’ al que, de momento, se niegan. Desde Moncloa lo explican como crear «espacios de confianza y diálogo».
El Gobierno ya se ha asegurado el apoyo del resto de fuerzas de la investidura. Las medidas del ‘escudo social’ que ayer decayeron, en concreto la prohibición de desahucios y cortes de suministro a las familias vulnerables, salieron en diciembre de las negociaciones con EH Bildu. Fue el diálogo con ERC, el que tejió la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. En el caso del PNV, Sánchez trabaja con el lehendakari Imanol Pradales para el traspaso de las competencias en aeropuertos al País Vasco.
La situación es positiva, aseguran en Moncloa, con el horizonte puesto en los presupuestos generales. El Ejecutivo asegura que los va a presentar, y todo indica a que Podemos y Junts son las únicas incógnitas que les queda por despejar. En el caso de los morados, este martes Belarra aseguraba que el acuerdo para la regularización de migrantes «no tiene nada que ver» con su posible apoyo a unas cuentas. Por el lado de los de Puigdemont, queda un largo camino con la negociación del traspaso de competencias de por medio.
El Gobierno pelea por volver a subir las pensiones en febrero
De momento, la prioridad del Gobierno es que la negativa del Congreso a la revalorización de las pensiones no afecte a los bolsillos de los jubilados el próximo mes. Los pensionistas de nuestro país ya han recibido su renta del mes de enero con la subida que estaba en vigor desde diciembre, cuando se aprobó el Real Decreto-ley que ayer tumbó la Cámara Baja.
Desde el Ejecutivo confían en encontrar una solución política que permita salvar esta situación antes de que lleguen las pensiones de febrero. El escenario es muy parecido al de hace un año, cuando otro ‘no’ del Congreso a un decreto ‘ómnibus’ dejó sin efecto la subida de los subsidios. La vía más probable es la de un nuevo decreto, aunque de momento no se conocen las intenciones de Moncloa. Lo que está claro es que este nuevo acercamiento a Podemos y Junts podría ayudar en una futura votación.
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