La historia, siempre cíclica, se ha repetido este martes en el Congreso. Al igual que el 22 de enero de 2025, el Gobierno ha sufrido una derrota a manos de PP y Junts, que han tumbado el real decreto que revaloriza las pensiones alegando que incluía medidas que no tenían relación alguna, en referencia a la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Este primer fracaso en 2026 del Ejecutivo de coalición, casi idéntico al que sufrió en enero del año pasado, ha opacado, además, el visto bueno del Congreso al decreto que establece el nuevo abono de transporte de 60 euros al mes.
«Votar ‘no’ es hacer daño a los pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua o la luz, que no pueden pagar una vivienda, y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales», ha lanzado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un desesperado intento de convencer a populares y posconvergentes de que dieran el visto bueno al real decreto que incluye el aumento de las pensiones y varias medidas del llamado ‘escudo social’.
Y, como ocurrió hace un año, no lo ha logrado. Tanto el PP como Junts han criticado que el Gobierno haya incluido en el real decreto una amalgama de medidas para «chantajear» al resto de partidos con un ‘todo o nada’. En concreto, Bolaños ha puesto sobre la mesa que el rechazo a este texto ponía en riego la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%, las mínimas un 7%, las no contributivas un 11,4% y el ingreso mínimo vital un 7%. También incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades y los entes locales y rebajas fiscales para afectados por efectos de la DANA y los incendios del pasado verano.
El ‘no’ justificado
Sin embargo, para populares y posconvergentes ha pesado más que el real decreto también incluyera la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de corte de suministros a este colectivo. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado que sigan «ahogando a los propietarios de las viviendas okupadas» y que carguen sobre los pequeños propietarios la protección de un colectivo vulnerable del que debería encargarse el Gobierno. «Dejen de jugar con los okupas y los pensionistas», ha concluido, reclamando que vuelvan a traer un real decreto que solo contenga la subida de las pensiones para lograr su voto a favor. El año pasado, su voto en contra fue porque el texto incluía la devolución de un palacete en París al PNV.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha dedicado gran parte de su discurso a hablar sobre la «decadencia» de Catalunya impuesta por los socialistas, también ha denunciado el chantaje del Gobierno: «Si votas ‘sí’, se aprueba todo; si votas ‘no’, cae todo. ¿Y qué decimos nosotros? Pensiones, ‘sí’; Okupaciones, ‘no’. No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te okupan el piso y no te pagan el alquiler». No obstante, el año pasado, tras oponerse al real decreto que revalorizaba las pensiones, ambas formaciones acabaron dando el visto bueno a un texto que también incluía la prohibición de desahucios. En aquel caso, no se opusieron.
El PNV, que ha votado a favor este martes, también se ha opuesto a la iniciativa y ha avisado que esta sería la última vez que respaldo una norma que mezcle todo tipo de cosas. Así, todo apunta a que, como el año pasado, el Consejo de Ministros deberá aprobar un nuevo real decreto en las próximas semanas para mantener la subida y que excluya la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables. Sin embargo, esta medida es fruto de un pacto con EH Bildu, por lo que el Ejecutivo deberá vehicularlo de otra forma.
Sí ha salido adelante el real decreto con ayudas al transporte público que estable una prórroga para 2026 de las bonificaciones vigentes y que, además, incluye el abono único de 60 euros que anunció el Gobierno.
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