La enfermera de origen rumano Cristiana Iuliana Lupu, residente en Benavente desde agosto de 2024, afronta junto a otros diez vecinos del número 188 de la Vía del Canal un repentino proceso de desahucio promovido por un fondo buitre pese a haber abonado puntualmente las rentas de su vivienda mediante transferencias bancarias.
Su caso es especialmente llamativo porque se encuentra discapacitada, no puede andar dentro de su vivienda si no es con muletas, y únicamente con silla de ruedas en el exterior. Vive en un cuarto y desde el 31 de diciembre no puede salir a la calle porque el fondo al que han adjudicado 50 de las 70 viviendas del bloque de pisos que ocupa la parte final de la Vía del Canal y la misma zona de El Ferial, cortó la luz de la escalera y del ascensor. Este hecho ha provocado que haya perdido varias citas sanitarias y que haya tenido que recibir atención médica en su vivienda al haber quedado «atrapada».
La afectada firmó un contrato de arrendamiento el 5 de agosto de 2024 con la sociedad Storage New Space SL en relación con el piso ubicado en el cuarto de la calle Vía del Canal 188.
La empresa inmovilizó el ascensor el pasado 31 de diciembre. | J. A. G.
El inmueble fue posteriormente objeto de una ejecución hipotecaria tramitada por el Tribunal de Instancia de Benavente. Desde junio del año pasado comenzó a recibir burofaxes dirigidos al domicilio, pero sin nombre: la comunicaban la inminencia del desahucio.
En la inmobiliaria que había intervenido en el arrendamiento la dijeron que no se preocupara, hasta que fueron más los vecinos que le confirmaron encontrarse en la misma situación. Cristiana, que ha pagado «religiosamente» el alquiler y se encuentra impedida para moverse y depende de una auxiliar social y de sus amigos, ha lanzado una petición de ayuda.
El fondo buitre Wedverville Spain se ha hecho con 50 viviendas de las 70 que integran el edificio en la Vía del Canal y El Ferial
Ayer recibió una notificación judicial comunicándole el lanzamiento para el próximo 5 de febrero de 2026 a las 10.00 horas. La diligencia autoriza incluso el descerrajamiento de la puerta si fuera necesario.
La nueva propietaria del inmueble es la sociedad Wedverville Spain SL, adjudicataria en el procedimiento judicial. Se trata de una sociedad limitada con sede en Madrid dedicada a la adquisición y explotación de bienes inmuebles, vinculada a operaciones de ejecución hipotecaria y adjudicación de viviendas. Su actividad se enmarca en el sector inmobiliario y se comporta como un fondo buitre, especializado en adquirir activos embargados para su posterior gestión o venta.
Cristiana pulsa el botón del ascensor, inoperativo desde el 31 de diciembre. / J. A. G.
En un burofax fechado el 1 de diciembre de 2025, la empresa comunicó a la arrendataria que debía entregar la posesión de la vivienda en el plazo de dos meses, alegando que no había acreditado título válido para justificar la ocupación.
La situación afecta a otros diez vecinos del bloque y hasta cincuenta viviendas del edificio y, por lo tanto, a un número similar de residentes de alquiler. Todas han sido embargadas y adjudicadas en el mismo procedimiento. Los vecinos han recibido comunicaciones similares, generando incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos de arrendamiento y la inminencia del desalojo.
Cristiana ha intentado contactar con esta sociedad ayudada por un amigo. El número de teléfono que figura en los burofaxes es el de una suerte de edificio de oficinas con varias empresas que comparten centralita. «Llamamos, pero cuando nos pasan a la empresa nunca hay nadie«, explica su amigo.
Cristiana, que obtuvo el reconocimiento oficial de discapacidad tras una operación de urgencia en Salamanca en octubre de 2024 por un quiste medular, se encuentra actualmente con movilidad reducida y depende de muletas y silla de ruedas. La falta de ascensor en el edificio desde diciembre de 2025 ha dificultado su acceso a citas médicas, obligando incluso a la intervención de servicios sanitarios en su domicilio. La afectada ha invertido más de 2.000 euros en mobiliario y en acondicionar la vivienda desde su llegada.
De Canarias a Benavente: la historia de Cristiana
La trayectoria vital de Cristiana Lupu está marcada por un episodio de profundo dolor. El 4 de abril de 2016 perdió a su hijo de 20 años en un accidente, un estudiante de Derecho que falleció de manera repentina arrollado por un tren. La tragedia la sumió en una crisis personal que la llevó a contemplar el suicidio en su país natal, Rumanía. Ante esta situación, su hija mayor, residente en España y casada con un ciudadano español desde hacía más de dos décadas, la convenció para abandonar todo en su país y trasladarse a España con el objetivo de rehacer su vida.
En aquel momento, Cristiana contaba con más de 30 años de experiencia como enfermera en Rumanía en Italia, donde había trabajado en hospitales y clínicas, aunque su título, obtenido en 1983, no fue reconocido en España por su antigüedad. Aun así, realizó un curso de recepción que le permitió encontrar empleo. Su primera etapa en España transcurrió en Fuerteventura, donde trabajó como recepcionista en una clínica médica que atendía a pacientes ingleses y alemanes.
El 188 de la Vía del Canal, uno de los portales del edificio que mayoritariamente ha adquirido el fondo buitre. / J. A. G.
Posteriormente, una amiga le ofreció la posibilidad de trasladarse a Benavente, donde había demanda de personal en residencias de mayores. Cristiana aceptó y comenzó a trabajar en una residencia, desempeñando tareas de cuidado y asistencia a personas dependientes. Fue en ese contexto cuando aparecieron los primeros síntomas de su enfermedad: dolores lumbares intensos que derivaron en la detección de un quiste medular que comprimía los nervios. En octubre de 2024 fue operada de urgencia en Salamanca tras quedar paralizada de una pierna, iniciando un largo proceso de rehabilitación que la dejó con secuelas permanentes y movilidad reducida.
Desde entonces, Cristiana ha intentado mantener una vida digna y estable en Benavente, apoyada por su hija y por servicios sociales, que le prestan ayuda diaria . Su relato refleja una trayectoria marcada por la pérdida, la resiliencia y el esfuerzo por integrarse en España, donde ha invertido recursos y energías en construir un hogar. Ahora, el procedimiento de desahucio amenaza con desestabilizar nuevamente su vida, en un momento en el que su situación médica y personal requiere «estabilidad y apoyo».
«No soy una ocupa. He pagado siempre el alquiler, el agua y la luz. No vine a España como inmigrante, ni a ganar dinero, ni a quitarle el trabajo a nadie. Vine para no suicidarme tras perder a mi hijo. Ahora me pasa esto del desahucio después de toda la enfermedad. Necesito ayuda para que arreglen el ascensor. Si no fuera por los amigos, por mi hija y por la auxiliar social me podrían encontrar aquí muerta», explica.
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