El ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, sacará cuatro millones de euros de sus ahorros municipales para sufragar una de las mayores indemnizaciones de su historia: el pago de más de 11 millones por la expropiación de un lugar privilegiado de su costa, conocido como Punta Nadala o Torre Nova, entre Palmanova y Magaluf.
Ese montante que se incorpora ahora -que incluye 2,9 millones que corresponden a intereses de demora– se suman a los 6,9 millones que también consignó en la pasada legislatura el anterior gobierno municipal de izquierdas.
El equipo de gobierno aún no ha definido qué tipo de usos se dará a este gran espacio costero de 18.000 metros cuadrados, que dispone de acceso al mar y construcciones de carácter histórico, como una torre de defensa.
Origen del pago
Para entender por qué Calvià debe hacer frente al pago de esta indemnización, hay que recordar que una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dio por bueno el justiprecio de 10,9 millones de euros que, en su día, estableció el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por la incorporación de esta valiosa parcela al patrimonio municipal.
En el año 2000, el plan general urbanístico elaborado por el ayuntamiento de Calvià incluyó la incorporación de esos terrenos al patrimonio municipal como espacio libre público.
En 2007, la propiedad (la familia Perelló Garí-Perelló Comas) instó al Ayuntamiento a iniciar el correspondiente expediente de expropiación, cifrando el precio de la operación en una cifra astronómica: en torno a los 70 millones de euros.
Posteriormente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijó un justiprecio de casi 11 millones, alejados todavía de los 3,8 millones que proponía el Consistorio calvianer.
Sendos recursos
Ante esa diferencia de estimaciones económicas, ambas partes presentaron sendos recursos, que finalmente el TSJB aclaró en la mencionada sentencia.
En su resolución, los magistrados se expresaron de forma contundente a la hora de referirse a la actitud de la administración municipal y su excesiva dilación de plazos. «Si tenemos en cuenta que la expropiación [procede] del plan general de Calvià de 2000 y, visto el desarrollo fáctico, hace estremecer que las trabas administrativas de todo tipo, un requerimiento detrás de otro a lo largo de los años sin respuesta, le sean favorables a la administración. Eso no es posible ni deseable», se podía leer en ese fallo.
Futuros usos
En la pasada legislatura, la administración municipal explicaba que el objetivo pasaría por abrir la torre «al público en general adecentando todo el entorno para que el público lo pueda disfrutar». Esa zona dispone, además, de un acceso a la costa.
El futuro de esta parcela podría haber sido bien distinto si hubiesen fructificado los intentos urbanizadores de la década de los noventa, cuando hubo un proyecto de construir 70 viviendas, un plan que fue tumbado por el Consistorio y recurrido en sede judicial.
El lugar tiene igualmente un significado histórico que se remonta por lo menos hasta el siglo diecisiete. Allí existe una torre de defensa que data del año 1616, según consta en la obra de investigación ‘Viatge històric per Calvià’.
Esta obra de referencia informa de que existen registros de que se utilizó para disparar dos cañonazos contra un barco inglés y otro genovés a principios del siglo dieciocho.
En la pasada legislatura, el gobierno municipal de PSOE y Podem-Més agilizó todo el proceso del pago de la expropiación, para poder optar a unas suculentas ayudas de fondos europeos dirigidas a la mejora del patrimonio histórico. Esas ayudas ascendían a tres millones de euros y la condición que se requería es que fuese de propiedad pública. Los fondos eran para la mejora de la torre y de su entorno.
