El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere poner coto a los precios dinámicos con una nueva regulación incluida en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. El objetivo es evitar que algunas empresas puedan encarecer productos y servicios en contextos de emergencia, catástrofe o situaciones imprevistas.
La iniciativa surge tras las quejas y denuncias recibidas por parte de las asociaciones de consumidores a raíz del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Según ha explicado este martes el departamento que dirige Pablo Bustinduy, el malestar se concentró especialmente en el aumento de precio de los transportes alternativos al tren tras la suspensión del tráfico ferroviario.
La propuesta se incorporó a la última versión del anteproyecto, presentada en diciembre de 2025, sobre la que trabaja ahora el Ministerio para llevarla a una segunda vuelta de aprobación en el Consejo de Ministros.
Según el planteamiento, las empresas estarán obligadas a informar con antelación sobre la evolución prevista de sus precios cuando estos se ajusten de forma automática. Esto implica que deberán comunicar de antemano cuánto costará un producto o servicio durante el periodo en que vaya a estar disponible y, además, no podrán cobrar por encima de lo anunciado para esa fecha. Con ello, el Ministerio pretende frenar posibles subidas abusivas ante eventos inesperados o de emergencia.
Consumo asegura haber recibido avisos sobre incrementos “excepcionales” en los precios del transporte alternativo en rutas ferroviarias suspendidas, un escenario que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar la protección de los consumidores en situaciones como la vivida en Adamuz.
El departamento recuerda que ya existe un precedente: tras la catástrofe provocada por la dana en Valencia, un real decreto-ley estableció que las empresas que personalizan precios de manera automatizada no pueden incrementarlos en situaciones declaradas como emergencias de protección civil, conforme a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. La nueva norma, añade el Ministerio, ampliará esa cobertura a otros supuestos.
Derechos de los viajeros afectados
El Ministerio también ha reiterado los derechos de los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario. Quienes tengan un viaje contratado pueden exigir a la operadora un transporte alternativo para continuar el trayecto lo antes posible o en una fecha posterior que les convenga, sin coste adicional.
Si la compañía no ofrece alternativa y el desplazamiento se realiza por medios propios, el viajero tiene derecho al reembolso de los gastos razonables asumidos, para lo que se aconseja conservar los justificantes.
En caso de renunciar al viaje, la operadora deberá devolver íntegramente el importe del billete en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud, que puede presentarse dentro de los tres meses posteriores.
También se recuerda que las reclamaciones deben tramitarse directamente ante las operadoras, a través de los canales habilitados, y que el plazo para presentarlas es de tres meses. En el caso de Renfe, pueden cursarse mediante el formulario de su web o llamando al 900 878 333; en Iryo, a través del formulario online, el teléfono 910 150 000 o el correo [email protected]; y en Ouigo, mediante su formulario de quejas y reclamaciones o en el 900 759 781.
Por último, el Ministerio pide no utilizar, para estas gestiones, los canales habilitados para la comunicación con familiares de los pasajeros afectados por el accidente.
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