Nuevo toque de atención del Gobierno a la banca. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha reclamado este miércoles a las entidades que «extremen la diligencia» en la aplicación del plan de medidas de apoyo a los hipotecados con problemas de pago que su ministerio y el sector pactaron hace un año. El número dos de Nadia Calviño, así, ha instado a los bancos a resolver de forma más rápida las solicitudes que les van llegando de sus clientes, ya que la mitad de las que estos han presentado hasta la fecha están aún por resolver.
Según los últimos datos del Banco de España, el plan de ayuda a los hipotecados recibió cerca de 42.800 solicitudes entre enero y julio por parte de familias con una deuda pendiente de pago de 5.367 millones de euros, una cifra «limitada» respecto al número total de créditos hipotecarios en vigor (menos del 0,4%) y también frente a los préstamos que cumplían las condiciones para beneficiarse, aunque «notablemente superior» al número de peticiones que venía registrando el anterior Código de Buenas Prácticas. Solo un 8% de las solicitudes han sido ya aprobadas (3.424 hipotecas por valor de 480 millones de euros), mientras que al rededor de un 50% están pendientes de resolverse (21.400) y en torno al 40% han sido rechazadas (unas 17.120), principalmente -en un 90% de dichos casos- por no cumplir los requisitos.
El secretario de Estado, en esta línea, ha justificado la baja cifra de solicitudes en que la economía ha evolucionado mejor de lo previsto en noviembre del año pasado, cuando se pactó el plan, al tiempo que ha reclamado a la banca una mayor diligencia. «Gracias al buen comportamiento del empleo, de las rentas familiares, la aplicación del código no está llegando a los niveles pensados, pero es fundamental que el instrumento se aplique bien y que todas las familias que sean elegibles lo puedan tener«, ha advertido en unas jornadas de Deloitte y ‘ABC’.
Ampliar el plan
Lo se forme el Gobierno» tiene intención de convocar a los bancos para ampliar el plan de ayuda a los hipotecados, en contra del criterio del Banco de España y de las entidades. La medida estrella que la vicepresidenta pretende sacar adelante es elevar la renta conjunta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para el alivio hipotecario de hogares de clase media. Así, pasaría de los actuales 29.400 euros (3,5 veces el IMPREM) a la «renta media» (37.800 euros). También quiere extender en el tiempo la eliminación de las comisiones por amortización anticipada del crédito y por el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, previstas inicialmente solo para 2023.
Su número dos, por otra parte, también ha insistido en instar a los bancos a elevar la remuneración que pagan por los depósitos de sus clientes, como en la víspera hizo en el mismo foro el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, o en junio lanzó la propia Calviño. García Andrés, así, ha defendido que es «importante que el impacto (de la subida de tipos) en las familias sea equilibrado«, al tiempo que ha recordado que la inversión de los hogares en letras del Tesoro está en máximos históricos para negar que «no haya presión» de los clientes por recibir una retribución mayor. «Si la competencia efectiva entre entidades funciona, esto tiene que ser cuestión de tiempo«, ha remachado
