En las fincas de Canarias, el plátano se cultiva respetando los más altos estándares en materia de sostenibilidad ambiental, trazabilidad y seguridad alimentaria. Un compromiso que, lejos de premiarse en los mercados, se ha convertido en un factor que lastra la competitividad. Europa estrecha el marco fitosanitario y el productor canario cumple. Pero en los lineales del mercado peninsular compite con bananas de terceros países que llegan con un “arsenal” químico más amplio, incluidas materias activas que aquí están prohibidas.
Un informe comparativo, que recibió el Ministerio de Agricultura el pasado mes de septiembre, cuantifica la brecha: según la actual normativa europea, las producciones de banana pueden emplear en su cultivo hasta 27 materias activas que no están autorizadas para el Plátano de Canarias, nueve de ellas prohibidas en la UE debido a su toxicidad o peligrosidad medioambiental. Mientras, el Plátano de Canarias IGP solo dispone de seis sustancias registradas en España para su cultivo.
La paradoja regulatoria es conocida por los técnicos y muy difícil de explicar al consumidor. Que una sustancia esté prohibida en la UE no significa que desaparezca del mercado europeo ya que puede mantener un Límite Máximo de Residuos (LMR) para importación. Así, terceros países pueden seguir utilizándola y exportar la fruta a Europa siempre que no superen el límite legal. El miclobutanilo, la clofentezina, los ditiocarbamatos o el glufosinato son algunas de las sustancias incluidas en esta lista que, aunque suenen lejanas, tienen entre sus riesgos asociados alteraciones endocrinas, problemas de toxicidad reproductiva o bioacumulación.
El daño, además, es doble. Con más opciones para el control de plagas, la banana se ve beneficiada por unos costes más bajos, fruta más uniforme y con menos marcas, y una merma comercial menos acusada. Y así es como se altera la percepción del consumidor, que pocas veces es consciente de que la diferencia de precio responde en gran parte a la aplicación de diferentes estándares de sostenibilidad social y medioambiental.
La política comunitaria impulsa de manera acelerada la reducción del uso de fitosanitarios autorizados en Europa, pero en las fincas de plátanos de Canarias, ser coherentes con esta ‘transición verde’ se paga caro. Con menos materias activas disponibles, el riesgo de resistencias aumenta. Cuando se retiran sustancias eficaces, la sustitución suele traducirse en más labores manuales y en soluciones más costosas. Y, sin embargo, las normas de comercialización siguen premiando sobre todo el aspecto exterior del fruto mientras la sostenibilidad y el esfuerzo por producir con menos química apenas cuentan.
Avioneta fumigando una plantación bananera. / La Provincia
El debate ya no es solo insular. Agricultores de toda Europa claman estos días lanzando un mensaje de coherencia: la sostenibilidad no puede ser un eslogan vacío, sino que debe reflejarse en toda la cadena, desde el origen hasta el punto de venta.
Para el plátano de Canarias —un modelo que encaja punto por punto con los objetivos del Pacto Verde Europeo de agricultura sostenible, protección del empleo rural y producción local de alimentos— esto debe traducirse en medidas que permitan controlar los límites máximos de residuos aplicados a productos importados, reforzar los mecanismos de trazabilidad internacional y, sobre todo, asegurar que ningún producto pueda competir en Europa incumpliendo los estándares que sí se exigen a los agricultores europeos. En definitiva, que el marco comercial europeo no contradiga su propia política ambiental y garantice una competencia justa.
En este contexto, la coyuntura actual añade presión, ya que con un acuerdo UE-Mercosur en el horizonte, el sector teme que se perpetúe la entrada de fruta producida con exigencias diferentes.
Europa quiere una agricultura más verde y Canarias está haciendo su parte. Así que la pregunta, al final, es de sentido común. Si la sostenibilidad es el camino, ¿no debe ser responsabilidad de todos?
