El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este lunes para reunir a su comité de dirección -el máximo órgano del partido- en la capital catalana y ha prometido presentar este 2026 un «plan integran de vivienda» y vincularlo a su contrapropuesta de reforma de la financiación autonómica que el PP presentará este año y que el líder de la oposición pretende desplegar si llega a la Moncloa. La cita en la capital catalana no es baladí, sino toda una declaración de intenciones pocos días después de que el Gobierno diera a conocer su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, con ciertas «singularidades» para los catalanes, de acuerdo con el pacto de los socialistas con ERC.
Los populares rechazaron de inmediato la reforma al considerar que era una «cesión» al independentismo para la «supervivencia» del presidente del Gobierno: «[Pedro] Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en Moncloa; yo al incremento del número de viviendas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos», ha declarado el líder popular desde el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona. El eje central de su propuesta pasa por vincular el nuevo sistema de financiación autonómica y las reglas de gasto al impulso efectivo de vivienda, principal rompecabezas de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Para combatirlo, Feijóo ha presentado las 15 propuestas que recogerá el plan que pretende atraer a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Entre las medidas anunciadas, el PP destaca la reducción drástica de los plazos de construcción, que pasarían de una media de diez años a solo cuatro mediante un «plan residencial estratégico», apoyado en la simplificación administrativa, la movilización ágil de suelo y una mayor flexibilidad en los procesos de regeneración urbana. Feijóo también apuesta por una nueva Ley del Suelo que proporcione seguridad jurídica a los planes urbanísticos y por reforzar la colaboración público-privada como palanca para acelerar la edificación. A ello suma más margen financiero para las comunidades y la posibilidad de que los ayuntamientos destinen sus remanentes a políticas de vivienda.
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