Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, trata de forma ilegal los datos de los inmigrantes. Así lo ha denunciado el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) en una carta a la que ha tenido acceso el portal Euractiv.
A finales de 2021, la agencia de fronteras de la Unión Europea (UE) adoptó una serie de normas sobre el tratamiento de la información personal de aquellas personas que tratan de llegar al continente. En junio de 2022, la autoridad que vigila el cumplimiento del derecho a la intimidad regañó a Frontex y le pidió mejorar esa normativa para ajustarse a la ley.
«La forma en que todas las actividades de procesamiento de datos llevadas a cabo por Frontex se engloban sobre normas generales, impacta negativamente en una asignación clara de las responsabilidades de protección de datos«, decía la carta, firmada por Wojciech Wiewiórowski, máximo responsable del SEPD.
Aunque Frontex ha realizado algunos cambios, también hay otras recomendaciones que no ha aplicado. Y es que la petición emitida por el supervisor europeo no era vinculante. Aun así, este organismo sigue considerando que la agencia europea de fronteras no cumple las normas de protección de datos de la UE, pues «trata una amplia gama de categorías de datos personales sin especificar con qué fin», según la carta vista por Euractiv.
Además, el SEPD cree que la «base jurídica» con la que Frontex procesa datos especialmente sensibles, como las creencias religiosas, la orientación sexual o las opiniones políticas, no es suficientemente sólida.
Preocupación con Frontex
No es la primera vez que el SEPD expresa su preocupación por la forma en qué opera Frontex. Un informe publicado el pasado mayo reveló problemas con las entrevistas que la agencia fronteriza realiza a las personas migrantes, pues ni son voluntarias ni se proteje la identidad de aquellos a quienes se interroga.
Además, también se descubrió que Frontex comparte sus informes con Europol y Eurojust, los cuerpos responsables de la cooperación policial y en materia de justicia penal. El organismo de control de la UE considera que, al no ser una agencia de policía, Frontex no debería poder identificar a alguien como «sospechoso» para tomar la decisión de transferir sus datos a las fuerzas de seguridad.
Un portavoz de Frontex ha señalado a Euractiv que mantiene un «diálogo permanente» con el SEPD y que «se compromete a llevar a cabo sus actividades (…) respetando los derechos fundamentales».
