Queremos que se cierre el acuerdo ya

«Esto ya es insoportable«. «No pueden humillarnos así cada día«. «La sensación es muy negativa». «Lo que hay en el partido, en las bases, es ganas de que esto se cierre pronto, pero no de cualquier manera, en ningún caso». «El ambiente se está tensando mogollón, y acabará pasando algo«. «Junts ya nos ha hecho perder esta semana. Juguemos ahora nosotros al órdago«. «Que cierren ya, cada día que pasa es una sangría, que acaben de atar el pacto porque ya no tenemos vuelta atrás y no podemos ir a elecciones». «No debería alargarse esta situación de desgaste«. «Si este martes los de Junts no entran en razones, a elecciones«.

Son las expresiones, algunas angustiadas, de ministros, y también de barones y dirigentes territoriales del PSOE. De distintas federaciones, todas ellas alineadas con Ferraz y fieles al líder, a Pedro Sánchez. Ninguna voz, por tanto, de la cúpula socialista de Castilla-La Mancha, la más crítica con la dirección federal. De ahí que sean significativas, expresivas también del clima interno que se sentía este lunes en las filas del partido. Una formación toda ella a la espera del cierre de un pacto que no acaba de llegar y que se alarga y se alarga por las pegas que pone a la redacción de la ley de amnistía Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde hace seis años por el referéndum ilegal del 1-O y ahora implicado en la investigación por terrorismo sobre Tsunami Democràtic, el movimiento que vertebró algunas de las protestas contra la sentencia del procés de 2019.

En Madrid, participaron en la concentración ante Ferraz 3.800 personas y la Polícia tuvo que disolverla con cargas y gases lacrimógenos

Y es que en el partido son muchos los cuadros de primer nivel que desean, que ruegan, que se amarre de una vez el pacto con Junts, para cortar la «sangría«, para detener la «agonía» de una negociación difícil y probablemente, creen, muy costosa electoralmente. Entienden que ya no es sostenible prolongar unas conversaciones de las que ha trascendido muy poco, pero con las que el expresident se quiere garantizar que su círculo de confianza quede blindado por la ley de amnistía, entre ellos su amigo y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica), Josep Lluís Alay, ahora también imputado en el caso Tsunami. El clamor interno es total, sin que eso suponga, también precisan todos los mandos consultados, un cuestionamiento de la figura de Sánchez. Un presidente que, añaden, ha recibido el inequívoco aval de la militancia en la consulta de la semana pasada, en la que un aplastante 87,13% de las bases respaldó su estrategia de negociación.

El PSOE quiere entrar cuanto antes en la siguiente pantalla, en la de la investidura y en la formación del nuevo Gobierno. Pero no puede porque Puigdemont continúa frenando el pacto. Y mientras, la crispación social aumenta, como se vio este lunes en muchas ciudades de España, con manifestaciones ante las sedes del partido —calentadas por la derecha, estiman los dirigentes socialistas—, algunas violentas, como la que se desarrolló en Ferraz, en Madrid, en la que participaron 3.800 personas, según la Delegación del Gobierno, y que tuvo que ser dispersada por la Policía con gases lacrimógenos, porras y pelotas de goma. La concentración, a la que sumó el líder de Vox, Santiago Abascal, acabó con al menos tres detenidos. Imágenes que, en expresión de un dirigente madrileño, daban «miedo«, pero que también servían para cerrar filas en el PSOE en un momento de máxima incertidumbre.

En Bruselas, sigue el intercambio de papeles, y el problema son las cuestiones «técnicas» de la ley de amnistía. Junts no quiere que quede «ningún cabo suelto»

Porque este lunes parecía otro día decisivo, la jornada en la que se iba a cerrar definitivamente el acuerdo con Junts, porque hasta Bruselas se desplazó la cúpula posconvergente, para arropar a Puigdemont, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Pero no fue así. No se selló ningún pacto. Los dos equipos siguieron intercambiándose papeles, trabajando cada uno de ellos a unos 300 metros del otro en Bruselas —sin reunión física entre ambos, por tanto—. El problema radicaba en las cuestiones «técnicas» de la ley de amnistía, porque los posconvergentes quieren asegurarse de que quede «afinada» y de que no quede «ningún cabo suelto». Los socialistas insistían en que no se trata de nombres (por salvar), sino en que cada cambio mínimo de la redacción implicaba la revisión jurídica del nuevo texto por las dos delegaciones, y eso ralentizaba mucho el proceso. Ellos creen que aún Sánchez puede ir a la investidura esta semana. Tal vez jueves y viernes, o bien ya durante el fin de semana, posible porque la Mesa del Congreso tiene habilitados, hasta el 27 de noviembre, cuando vence el plazo para elegir presidente, todos los días, incluidos festivos, sábados y domingos.

¿Boye, Borràs?

La duda es, si además de Alay —también implicado en Voloh, un caso que investiga un presunto desvío de fondos públicos y si dirigentes independentistas aprovecharon sus contactos con altos cargos políticos para sus negocios privados—, Puigdemont quiere proteger a miembros de su entorno como su abogado, Gonzalo Boye, imputado por blanqueo de capitales en la red de narcotráfico de Sito Miñanco, o la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fracturar contratos públicos para beneficiar a su amigo. Dos asuntos totalmente ajenos al procés. Razón por la que numerosos cargos del PSOE sostienen que sería «intragable» que se les aplicara la amnistía. Y sería, abundan, más difícil de explicar aún. «Convivencia sí, pero amnistiar a otros que nada tienen que ver sus causas con el procés, no», resumía una diputada de mucho peso y también cargo regional del partido.

El juez de la Audiencia Nacional implica al ‘expresident’ y a Rovira en la causa de Tsunami, que investiga por terrorismo los altercados de protesta por la sentencia del ‘procés’

ERC también lanzó la señal este lunes a los socialistas de que no piensa comulgar con ruedas de molino. Su portavoz, Raquel Sans, advirtió de que su partido «revisará» el acuerdo que pueda firmarse entre PSOE y Junts sobre la amnistía y rechazará que dé cobijo a causas de corrupción como la que afecta a Borràs. No cabe que estos procedimientos encajen en la ley, dijo, «por más que detrás haya seguramente un trato injusto por el hecho de ser una persona independentista». La dirección del BNG, que suscribió este lunes con el PSOE su acuerdo para la investidura de Sánchez, también emitía ese mismo mensaje: no pueden entrar en la amnistía casos de presunta corrupción. Así lo manifestaban los altos mandos de la formación nacionalista gallega a los periodistas en el Congreso.

Y es que para Puigdemont, para Junts, es clave que la ley tenga en cuenta el lawfare. Es decir, «el uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos», que «no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial». Lo decía este domingo, a modo de recordatorio, el propio expresident en X. Marta Rovira, número dos de ERC —imputada finalmente por Tsunami—, instaba en La 2 de TVE y Ràdio 4 a los convergentes a ser «muy cuidadosos» a la hora de introducir cambios en el borrador de proposición de ley de amnistía para evitar que «faciliten una vía de impugnación» ante el Tribunal Constitucional.

Mientras las negociaciones seguían en Bruselas, irrumpió la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García-Castellón. El juez implica en el caso Tsunami a Puigdemont, Rovira y a otra decena de investigados. Una maniobra que sorprendió tras varios años con la causa en duermevela y que ahora se reactiva en pleno cierre de la ley de amnistía y de los acuerdos para la investidura de Sánchez. La Fiscalía recurrirá la decisión del magistrado, porque sostiene que las actuaciones de Tsunami no encajan en un delito de terrorismo, y al haber desaparecido la sedición con la última reforma del Código Penal, la causa solo puede seguir con la acusación por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona, no en la Audiencia. «Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas —reaccionó Puigdemont en X—. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla».

La declaración del Poder Judicial

Por la tarde, nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos ellos del sector conservador, lograron sacar adelante una declaración contra el perdón al procés. El órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció hace cinco años, subraya su «intensa preocupación y desolación» por lo que la medida de gracia supone de «degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España».

Los movimientos en la Justicia, un poder del Estado de signo mayoritariamente conservador, sonaron en el PSOE como una lluvia sobre mojado. Convencieron más aún a sus mandos de que hay que cerrar ya el acuerdo con Junts. «Es el aparato de la derecha«, «suena a mafia«, valoraban dos altos cargos territoriales de distintas federaciones, sin poder disimular su malestar. En Ferraz evitaban pronunciarse para no chocar con la Justicia. En la dirección, preguntados si la imputación de Puigdemont, Rovira o Alay puede perjudicar las conversaciones o bien favorecerlas (al abrir los ojos a Junts), rehusaban hacer comentarios. Se aferraban a la prudencia absoluta y a la discreción.

En el partido no hay una sola opinión respecto al impacto del auto del magistrado en las negociaciones, pero ERC cree que sí pueden influir, y para entorpecerlas

En el partido, no está claro qué alcance puede tener la decisión de García-Castellón. «Evidencia hasta dónde quiere llegar la derecha. Algunos de los indepes deberán evaluar esta cuestión. No es que se vean así las orejas al lobo. Es que se ve el lobo entero«, sanciona un barón regional. «Creo que no afecta«, manifiestan sin embargo en la cúpula del PSC, con pleno conocimiento de las negociaciones que ahora se han desplazado a Bruselas. En el PSOE no se olvida que, en enero de 2020, cuando la sesión de investidura ya estaba convocada, la Junta Electoral Central inhabilitó a Quim Torra, entonces president de la Generalitat, y retiró el escaño a Oriol Junqueras, una decisión que hizo temer un viraje de ERC, pero los republicanos aguantaron la presión y facilitaron la elección de Sánchez. Y ahora recuerdan que el expresidente José María Aznar llamó la semana pasada a todo aquel que pueda a no «inhibirse», a hacer todo lo que esté en sus manos para frenar la amnistía.

En la dirección de ERC, no obstante, sí entienden que el auto del juez de la Audiencia Nacional inevitablemente sí impactará en las conversaciones, porque es una «vuelta a la casilla de salida«. En su resolución, García-Castellón señala que en el tiempo en que se prolongó el bloqueo del aeropuerto de El Prat, «se puso en riesgo la integridad física de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los propios manifestantes, de los viajeros y los trabajadores de la instalación, además de la propia seguridad aérea». Y además, «en el marco de esta acción, se produjo el fallecimiento de una persona«, un francés que falleció de un infarto, por lo que la investigación deberá determinar si esa muerte «resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización», de Tsunami. Este inciso es clave, porque supondría que Puigdemont o Rovira quedarían fuera de la ley de amnistía ya que esta, según la redacción pactada con ERC, sí perdonaría delitos de terrorismo, pero no con resultado de muerte.

Este lunes se vivieron distintos ataques a las sedes de las sedes socialistas en toda España. Pintadas, lanzamiento de huevos, dibujos de consignas. Y el corolario fueron las manifestaciones de la tarde en varios puntos del país. La más relevante, la que se vivió en Ferraz, muy violenta, tras la que mandaron mensajes de condena primero la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y luego el líder del partido y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La mejor noticia, en este ambiente crispado, llegó del editorial del Financial Times, con una defensa clara y rotunda de la amnistía: «Es una apuesta que merece la pena», «un camino políticamente conveniente también puede ser el correcto», titula y subtitula el prestigioso rotativo británico.

Queremos que se cierre el acuerdo cuanto antes, ya, pero siempre que sea conforme a lo que entendemos viable», apunta un barón

Visto el clima denso y una investidura encallada, el desasosiego creció en las últimas horas en el PSOE. «Lo que hay es ganas de que esto se cierre pronto, aunque no de cualquier manera, en cualquier caso», asegura un barón regional. «Evidentemente, queremos que se cierre el acuerdo cuanto antes, ya, pero siempre que sea conforme a lo que entendemos viable —tercia otro máximo responsable de una federación de mucho peso—. Si Junts sigue estirando la cuerda, puede romperla. No sé qué han planteado ellos, aunque confío en el buen criterio de los negociadores y no me gusta especular. Está siendo un proceso complejo y difícil. La otra vez [en 2019] tampoco fue posible [por el desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos] y fuimos a elecciones. Hasta el final no hay que cantar victoria». «El sentimiento de todo el partido es que se cierre esto cuanto antes, tal cual. No gusta lo que se tiene que hacer, pero se asume como mal menor para evitar un Gobierno de PP y Vox o una repetición electoral», tercia un mando territorial.

Otra secretaria de Organización coincide: «En el territorio a ras de suelo estamos aguantando carros y carretas. La demora ya mosquea, y no nos dicen nada, cosa que mosquea más, tenemos a los alcaldes de los nervios, y la gente en la calle… Apretando los dientes estamos». «Está siendo un suplicio. No pueden humillarnos así cada día», remata un barón autonómico. La esperanza compartida es que, cuando se forme un nuevo Gabinete, el efecto de la amnistía podrá mitigarse con la acción de gobierno.