La batalla contra las organizaciones criminales en Galicia, en especial del narcotráfico, ya no se libra solo en los puntos calientes de descarga en las rías o en las persecuciones a alta velocidad en la costa atlántica. El verdadero frente de combate, más silencioso pero más letal para los clanes del narcotráfico, está en los despachos de la Agencia Tributaria. Desde ahí, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la comunidad gallega, con base en A Coruña, ha levantado un muro de contención contra el dinero negro que, en los últimos cinco años, ha permitido aflorar un inventario del lujo ilícito que supera los 4,3 millones de euros.
Desde coches de alta gama y embarcaciones de recreo hasta chalés, apartamentos, garajes, fincas y joyas. Todo este patrimonio, presuntamente regado con los beneficios del narcotráfico, ha sido intervenido en una ofensiva que en un lustro ha derivado en casi 60 atestados por blanqueo de capitales en suelo gallego, once de ellos en los primeros diez meses de este 2025, según datos del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La radiografía de esta presión fiscal desde el año pospandemia sitúa 2021 como el ejercicio de mayor éxito en la superficie. En aquel año, la maquinaria de los agentes de Aduanas logró que afloraran casi 2,5 millones de euros procedentes del blanqueo, una cifra récord que evidenció la magnitud de las lavadoras que operaban en la comunidad.
Durante este 2025, la presión sobre los clanes de la droga no ha dado tregua. Entre enero y octubre de este año, los golpes asestados por Aduanas han logrado retirar de la circulación 470.000 euros a los grupos criminales interceptados. Aunque la cifra parece menor en comparación con el pico de hace tres años, los expertos advierten de que no se trata de una menor actividad delictiva, sino que responde al tiempo que tarda una investigación en dar resultados y también en la sofisticación de los métodos de ocultación.
El responsable de coordinar esta estrategia en Galicia, Jaime Gayá, advierte sobre la complejidad de estas operaciones. La lucha contra las grandes fortunas de los clanes no se resuelve en una redada de una noche. «Una investigación de blanqueo puede durar perfectamente hasta tres años, por lo que no maduran todas al mismo tiempo», detalla el jefe de Aduanas en Galicia.
Este retraso es, en parte, fruto de la necesidad de rastrear el dinero más allá de nuestras fronteras. Desde antes de la pandemia, el SVA ha reforzado las comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial internacional— para dar con los activos que las redes de narcos ocultan en paraísos fiscales. Es un proceso burocrático y técnico que ralentiza las operaciones, pero que resulta fundamental para asestar el golpe definitivo: la incautación del patrimonio que sostiene la estructura jerárquica de los clanes. Suiza, Andorra, Islas Vírgenes, Bahamas o Bermudas son algunos de los paraísos fiscales con los que se cursan estas comisiones rogatorias para golpear la base económica de las redes de narcos.
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