Cuando parecía que después de un año convulso, las aguas bajaban de nuevo tranquilas en el Gobierno asturiano, la intención del alcalde de Siero, Ángel García, de propiciar la ampliación de Parque Principado podría abrir una nueva brecha entre los socios del Ejecutivo (PSOE y Convocatoria-IU).
El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico, anunció este sábado la convocatoria extraordinaria y urgente de la Colegiada para analizar “diversas cuestiones relacionadas con presiones urbanísticas y de desarrollo comercial en Siero”. Precisamente, el órgano se celebrará en la capital sierense.
Zapico realizó el anunció en Laviana, donde señaló que por el momento “no voy a hablar de Siero ni de comercio ni de nada”, más allá de señalar que será la propia Colegiada la que adopte las decisiones oportunas y se pronuncie públicamente: “Quiero compartirlo con mi órgano para que sea el que decida y el que hable”.
Hace unos días, preguntado por la posible ampliación, el presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó que “todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan”. No obstante, llamó a «ser prudentes y no hacer manifestaciones en caliente sin conocer el proyecto, su encaje legal y las directrices comerciales que habría que reformular».
La ampliación del centro comercial alcanzaría los 20.000 metros cuadrados. La idea inicial es reorganizar la distribución actual, por ejemplo, reubicando aparcamientos. A cambio, la propiedad cedería al Ayuntamiento 80.000 metros cuadrados en el entorno para hacer vivienda de precio asequible. La pretensión de los promotores es crear entre 500 y 1000 puestos de trabajo.
La ampliación «no es posible»
Desde la agrupación local de IU Siero también se posicionaron al respeto y defendieron las declaraciones realizadas hace unos días por el propio Zapico y por el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro. Su portavoz, Teresa Álvarez, recordó que «con las directrices sectoriales de comercio vigentes, la ampliación planteada no es posible». E insistió en que cualquier modificación «no depende de una decisión individual, sino de un procedimiento reglado, con informes preceptivos y aprobación colegiada del Consejo de Gobierno».
Por eso, a su juicio, resulta «poco responsable alimentar expectativas sobre inversiones o empleo sin explicar previamente si viabilidad jurídica». «Modificar las directrices de comercio a la carta de intereses económicos concretos no es compatible con un modelo serio de ordenación territorial, que evite desequilibrios y procesos de crecimiento desordenado», afirmó.
Por último, desde IU Siero señalaron que el debate es legítimo, pero «desde el respeto institucional y con datos, evitando descalificaciones personales que solo contribuyen a tensionar innecesariamente las relaciones entre administraciones».
