El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido más información a Iberdrola, Endesa y Naturgy para estudiar la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según ha informado el regulador en un comunicado. La solicitud, aprobada en el último pleno del año del organismo, se produce a tres días de las elecciones en Extremadura, que se celebrarán este domingo.
Las tres eléctricas que comparten accionariado en la planta cacereña presentaron el 30 de octubre la petición formal al Gobierno para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028, según el calendario actual, acordado por las empresas, el Gobierno y la sociedad pública Enresa en 2019. Y el Ejecutivo reenvió dicha solicitud al CSN, como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento.
Este jueves, el pleno del CSN ha acordado requerir más información a las propietarias. Entre otros aspectos, solicita documentación relativa a la gestión del «envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad». Además, demanda «justificar la validez y el estado de cumplimiento de los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de la seguridad para el periodo completo de diez años ya que, en la anterior renovación de autorización, el periodo solicitado fue de siete años para la unidad I y de ocho para la unidad II».
El regulador también requiere a las tres compañías energéticas explicar la gestión del combustible gastado por la instalación hasta 2030, «dado que la solicitud presentada por Almaraz conlleva un incremento en su generación«. Las empresas deben remitir al CSN la información solicitada «lo antes posible y no más tarde de febrero de 2026», según advierte el regulador en su nota.
El CSN dispone hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Pero algunas fuentes familiarizadas con el proceso apuntan a que previsiblemente el análisis del supervisor será rápido, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente la fecha hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.
La promesa de Guardiola
Iberdrola, Endesa y Naturgy llevaban meses intentando abrir una vía de diálogo con el Gobierno para abordar una revisión del cierre de las centrales nucleares. Pero ambas partes mantenían posiciones maximalistas de partida, que provocaron una situación de bloqueo durante meses. Las empresas insistían en pedir una rebaja de impuestos para pedir la ampliación de vida de las centrales, mientras el Ejecutivo se negaba a estudiar una solicitud que implicara un aumento de los costes para los consumidores.
Tras meses de impasse, fueron las eléctricas las que en octubre cedieron al retirar, al menos de momento, su reclamación de rebajar impuestos y dejando para más adelante una eventual negociación de marco económico del sector con el objetivo de poder salvar Almaraz. No obstante, el anuncio se produjo después de que la actual presidenta de Extremadura, María Guardiola, prometiera reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%.
