Tras las elecciones municipales del 2023, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, pasó de dirigir el Ayuntamiento en bipartito con Ciudadanos a hacerlo en solitario, aunque en minoría. Fruto de ese resultado electoral, que otorgó a los populares 14 de los 29 concejales que forman la Corporación, el ejecutivo municipal se ha visto obligado también a alcanzar acuerdos constantes con la oposición para ejecutar aquellas medidas que no pueden ser impulsadas exclusivamente por la Junta de Gobierno, sino que requieren del visto bueno del Pleno. Un camino en el que, salvo un acuerdo puntual con Compromís (matizado posteriormente), Barcala siempre ha elegido el mismo compañero de viaje: la ultraderecha.
El equipo de gobierno del PP ha cumplido más de 60 exigencias de Vox, su socio preferente, desde que el alcalde volviese a hacerse con la vara de mando, el 17 de junio de 2023. Cesiones que han llevado a que tanto la oposición de izquierdas (el PSOE, Compromís y EU-Podemos) a criticar que la unión teóricamente puntual del PP con los de Abascal es, en la práctica, otro bipartito. Un sentir que empieza a ser compartido también desde las filas de la ultraderecha, donde han pasado de quejarse por ser «invisibilizados» de sus propias propuestas a presumir ante su electorado de imponer el programa electoral de Vox incluso desde fuera del gobierno local.
El acuerdo más simbólico, por ser de los primeros y por su significado, entre ambas formaciones fue, precisamente, el motivo que dejó a Barcala sin poder aprobar los presupuestos en el 2023, año electoral: la Zona de Bajas Emisiones. En un primer momento, el gobierno del PP envió una memoria a Bruselas para justificar la recepción de 15 millones de euros de ayudas, en el que se contemplaban limitaciones de acceso y «listas negras» de vehículos contaminantes. Desde Vox, en cambio, exigían diluir al máximo la normativa para que, sin incumplir el mandato de la UE para municipios de más de 50.000 habitantes, no afectara en absoluto al tráfico. Tras los comicios electorales, el alcalde terminó dando su brazo a torcer en los primeros presupuestos del mandato, anunciando entonces «una ciudad donde poder disfrutar de nuestras calles pero sin prohibiciones».
Entre las medidas acordadas estos años destacan los recortes en Igualdad y las oficinas «antiokupas» y «antiaborto»
En aquel pacto, los ultras arrancaron otros dos compromisos a los populares, que han marcado la agenda municipal en diversos momentos del mandato: la oficina antiokupas y la de la maternidad, que la izquierda ha catalogado como medida «antiaborto» encubierta. Pese a que estos departamentos se anunciaron, al igual que la ZBE, a principios de enero, el ejecutivo popular dejó su puesta en marcha en «stand by» durante casi todo el ejercicio. De hecho, los concejales de Vox tuvieron que lanzar una advertencia al gobierno de Barcala: «O se abren las oficinas, o no se negocian más presupuestos».
El golpe espoleó a Barcala, que pisó el acelerador a finales de año: en noviembre inauguró la oficina para atender a mujeres gestantes, entre fuertes críticas y protestas de la izquierda, que incluso ha trasladado su apertura a Bruselas. Pocos días después, ambos grupos hicieron lo propio con el servicio antiokupas, integrado en la Policía Local. Un año más tarde, el Consistorio ha reconocido que no sabe cuántas viviendas han sido «recuperadas» gracias a este órgano.
Cambio de comunicación
La inauguración de ambas oficinas supuso, además, un antes y un después en la política comunicativa de Vox, que durante todo el 2024 se quejaron (en público y en privado) de que los populares les omitían de los anuncios de medidas exigidas por los de Abascal. Para evitarlo, los ediles de ultraderecha participaron en ambas inauguraciones como si miembros del equipo de gobierno se tratara: con intervenciones de sus portavoces en los actos de apertura.
El acelerón de Barcala le sirvió para, un año más, sacar adelante las cuentas de la ciudad con su socio preferente. Para el 2025, el «precio» a pagar fue un nuevo tijeretazo a la igualdad: PP y Vox firmaron retirar hasta 17.000 euros en medidas de igualdad de género, para destinar este importe a proyectos «provida» o «en defensa de la familia». «Son los mejores presupuestos para Alicante porque ponen en el centro de la acción política a las personas y son los más sociales de la historia del municipio», señaló el entonces concejal de Hacienda, Toni Gallego.
Esos presupuestos incluían también una rebaja del IBI de un millón de euros (entre tres y cuatro euros por recibo), también exigencia de Vox. Sin embargo, su tramitación se complicó cuando el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar un plan de ajuste al incumplir la regla de gasto del Gobierno en casi 30 millones de euros.
«No habrá negociación para 2026 hasta que se cumplan las medidas pendientes del 2024 y el 2025», advirtieron los ultras
Esa infracción, advertida por el interventor municipal en un informe del que el ejecutivo local disponía meses antes, se trató de subsanar por parte de Hacienda renunciando de forma unilateral a la rebaja pactada con los ultras. Esta «traición», como llegó a calificarse desde Vox, supuso el mayor distanciamiento entre ambos grupos hasta la fecha. El alcalde, en una entrevista con INFORMACIÓN, terminó reconociendo que tendrían que «haber hecho las cosas mejor» y «hablar con Vox» sobre la solución al incumplimiento de la regla de gasto.
La crisis de gobierno, junto con otras polémicas acumuladas por Gallego al frente también de Deportes, terminaron costando el puesto al concejal popular. Los de Abascal aprovecharon su situación como «víctimas» de aquel pacto roto para, además de la «cabeza» de Gallego, introducir nuevas exigencias: un convenio para dotar de presupuesto a la oficina «antiaborto» y una revisión de las Zonas Acústicamente Saturadas que se estaban tramitando en Castaños y el Casco Antiguo.
Reconducidas las aguas en el Ayuntamiento, llegó el último trimestre del año y, con él, las prisas para cumplir la ansiada meta de aprobar el presupuesto municipal (al menos de forma inicial) antes del 31 de diciembre. Un logro que no consigue ningún gobierno local desde tiempos de Sonia Castedo. El alcalde aseguró que el borrador estaba prácticamente encaminado y que «este año sí» se alcanzaría el objetivo. No obstante, desde Vox volvieron a advertir: «No habrá negociación para 2026 hasta que se cumplan las medidas pendientes del 2024 y el 2025». El aviso de los ultras puso en marcha la maquinaria del PP, que ha vuelto a protagonizar este año un nuevo «acelerón» de fin de año, con más de una decena de compromisos materializados en cuestión de días.
Las medidas, al detalle
En total, desde que los populares llegaron a la Alcaldía en solitario, en verano de 2023, el ejecutivo de Barcala ha hecho propias más de sesenta exigencias de Vox. Además de las ya mencionadas, los ultras han conseguido imponer su agenda, entre promesas y realidades, en materia cultural, con la revisión del contenido de las visitas guiadas a los refugios de la Guerra Civil para que se explique «la represión de los dos bandos»; la celebración del Día de la Reconquista, el 4 de diciembre; la apertura de un museo de la Semana Santa; o una mayor aportación a la Escuela Taurina.
El principal acuerdo del PP con la izquierda terminó corregido por un nuevo pacto con los de Abascal
También se han introducido diversas propuestas en el área de Seguridad, principalmente enfocadas a dotar de nuevo equipamiento a la Policía Local y los Bomberos, aunque también con el reciente contrato anunciado para dejar en manos de la seguridad privada la vigilancia de edificios municipales, liberando agentes para patrullar las calles, o la rehabilitación del retén de Juan XXIII.
En Limpieza, otra de las áreas donde los populares han cambiado su discurso (pasando de culpar a los incívicos y presumir de premios a mostrarse «insatisfechos» con el estado de la ciudad), Vox ha negociado un nuevo plan de choque de más de siete millones de euros y la creación de una app para teléfonos móviles en la que denunciar incidencias y ver la situación de las calles en tiempo real.
Respecto al turismo y el comercio, los pactos entre ambos grupos han dado como resultado la entrada de la Cámara de Comercio en el Patronato municipal (en plena polémica por las obras de la nueva sede que construye la institución presidida por Carlos Baño); la reforma del aparcamiento del Mercado de Babel; o la instalación de sombrajes de «quita y pon» en la avenida de la Constitución, donde el PP los había descartado en un primer momento. Además, también se han firmado modificaciones normativas, como la Ordenanza de Limpieza (endureciendo sanciones); la de Ocupación de Vía Pública (con una temporada de verano de seis meses al año); y se está impulsando un reglamento general de subvenciones para impedir que acaben en manos de «chiringuitos ideológicos». En su día, al principio del mandato, también se desbloqueó la contratación de coordinadores y directores generales, aunque con condiciones.
Ahora, en plenas negociaciones para las cuentas de 2026, los de Abascal han planteado otra treintena de propuestas para condicionar su voto. Sin embargo, incluso fuentes cercanas a la formación reconocen que cada vez tienen más «difícil» introducir medidas ideológicas, tras las constantes cesiones del PP: «El presupuesto no puede estar más vacío», ironizan.
Propuestas pendientes
«No vamos a dar ningún cheque en blanco», advertía la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, hace escasos días. Pese a las últimas aprobaciones de medidas pendientes protagonizadas por el PP, los ultras exigen un cumplimiento completo de los acuerdos previos para poder sentarse a negociar las cuentas de 2026.
En este sentido, aún no hay novedades sobre la Ordenanza de Agilización Administrativa, para simplificar trámites municipales; la inauguración de la Oficina de Atención al Cuidador; o la revisión de contenidos «de género» incluidos en la redacción del Plan de Juventud de Alicante. Entre otras obras o actuaciones que está previsto zanjar en los próximos días.
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