Ni radar, ni sirenas, ni un agente a la vista: la carta con la multa del Ayuntamiento de Palma llega por sorpresa. En los últimos días y semanas, numerosos ciudadanos alemanes han recibido en casa la sanción por acceder sin permiso a la zona de bajas emisiones (como ya informó MZ). Ahora muchos se preguntan: ¿debo pagarla o arriesgarme a no hacerlo?
Paradójicamente, es posible que las autoridades ni siquiera se esfuercen en perseguir el cobro. El motivo: si se ejecuta la sanción en Alemania, los ingresos van a parar al organismo alemán competente.
“Por eso algunas administraciones extranjeras renuncian a ese procedimiento: simplemente no les compensa”, explica a MZ Philipp Hammerich, abogado de la firma especializada en derecho del consumidor rightmart.
¿En alemán o en español?
Para reclamar el dinero a los turistas, el Ayuntamiento de Palma ha contratado a la empresa privada de cobros Nivi, con sede en Madrid. Según ha sabido MZ a través de un afectado, la multa llega redactada en alemán. Un detalle nada menor: incluso en tiempos de Google Translate y de multitud de traductores online, no se puede exigir a los ciudadanos que entiendan un boletín sancionador en español, recuerda el ADAC en su web: “Quien no comprende el idioma español no sabe de qué se le acusa ni cómo puede defenderse”.
Sin embargo, ni siquiera la carta traducida al alemán sirve de mucho a la empresa de recobros en caso de conflicto. Los escritos de compañías privadas de cobro solo tienen relevancia extrajudicial, explica Hammerich. “En cuanto se inicia un procedimiento judicial, las autoridades españolas están obligadas a recurrir al BfJ”, señala. BfJ significa Bundesamt für Justiz, la Oficina Federal de Justicia alemana.
La multa, por cierto, debe notificarse en un plazo máximo de once meses. Y a partir del 20 de julio de 2027, las administraciones ya no podrán recurrir a empresas de cobro privadas para perseguir estas sanciones. Así lo establece una directiva europea que entró en vigor el 19 de enero de 2025.
Así se ejecuta la multa
Desde el 28 de octubre de 2010 está en vigor la llamada Ley de Aplicación de la Decisión Marco 2005/214/JI. “Con ella, las resoluciones de los Estados miembros de la UE que impongan una sanción económica a una persona residente en otro Estado miembro deben, en principio, reconocerse y ejecutarse”, explica la Oficina Federal de Justicia (BfJ) en su página web.
El portavoz Fabian Dommers detalla a MZ cómo funciona el procedimiento: “Si una autoridad española solicita al BfJ ayuda para ejecutar una multa y la petición es admisible, la persona afectada recibe una audiencia por escrito y un plazo de dos semanas para presentar alegaciones. Solo tras comprobarse los requisitos legales puede autorizarse la ejecución en Alemania”.
Dommers confirma además que el BfJ puede rechazar la ejecución si la multa española se presenta sin traducción al alemán. También existe un umbral mínimo de 70 euros, por debajo del cual no se pueden ejecutar sanciones.
¿Significa eso que las multas pequeñas pueden simplemente ignorarse? Para nada, advierte el ADAC. “Quien crea estar a salvo porque la sanción es, por ejemplo, de solo 50 euros, olvida que el importe puede subir por los costes adicionales del procedimiento o tasas de la autoridad extranjera. De este modo, la suma puede ir aumentando hasta superar los 70 euros. Y entonces sí es ejecutable”.
Según el portavoz del BfJ, es cierto que las multas ejecutadas pasan a manos del Estado que las ejecuta. Es decir, Alemania cobra el dinero y se lo queda. La Decisión Marco sobre sanciones económicas (artículo 12, apartado 2) permite que existan acuerdos entre países para que los ingresos vayan al Estado que impuso la sanción. “Sin embargo, no se ha firmado ningún acuerdo de este tipo con ningún Estado miembro de la UE”.
Cinco casos ejecutados al año
Desde 2019, las autoridades españolas solo han logrado ejecutar 37 multas en Alemania —algo más de cinco al año. El BfJ no lleva estadísticas sobre qué organismo las emitió ni sobre el tipo de infracción. “Por mi experiencia administrativa puedo decirle que no se trataba de sanciones por acceder a una zona de bajas emisiones”, señala el portavoz. Tampoco puede aconsejar si los turistas deben o no ignorar una multa impuesta en Mallorca.
“Por lo general, conviene pagar la sanción. Los viajeros con multas pendientes en el extranjero pueden llevarse una desagradable sorpresa en su próximo viaje”, advierte el ADAC. En España, las sanciones prescriben a los cuatro años. Y el impago puede aflorar en un control de tráfico o en el control de pasaportes. Además, pagar de inmediato supone un descuento del 50%: en el caso de la zona de bajas emisiones, serían 100 euros en lugar de 200”.
¿Qué pasa con las compañías de alquiler de vehículos?
En lo referente a la zona de bajas emisiones, los conductores de coches de alquiler no deberían tener nada que temer. Otra cosa son otro tipo de sanciones. “Cuando se restringió el acceso al cabo de Formentor, recibíamos cartas constantemente”, explica Ramón Reus, portavoz de los pequeños y medianos rent a car de Baleares. “Hoy, la mayoría son multas de aparcamiento en Palma”.
Los rent a car reciben la multa como propietarios del vehículo —ya sea del Ayuntamiento, de la Guardia Civil o de la Dirección General de Tráfico—. “Entonces informamos a la administración de quién era el conductor que tenía el coche alquilado en ese momento”, explica Reus.
A partir de ahí, las empresas de alquiler quedan fuera del asunto. “Si el conductor paga o no, ya no es cosa nuestra”.
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