Las 180 páginas de la sentencia del Tribunal Supremo que condenan al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz han dado de qué hablar en los pasillos del Congreso. Este miércoles, antes de la última sesión de control al Gobierno, la mayoría de los socios del Ejecutivo se han mostrado sorprendidos por los argumentos ofrecidos por el TS para inhabilitar a García Ortíz en el cargo de fiscal general durante dos años.
«Un despropósito, días después de la filtración de su propia inhabilitación», ha sentenciado el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, para calificar la sentencia. A renglón seguido, ha sostenido que, como «demócrata» que es, lo único que tienen que decir es que «se está condenando e inhabilitando a una persona inocente». Segundos después, su homóloga en el PNV, Maribel Vaquero, ha ido en la misma línea, señalando que le parece «más equilibrados los votos particulares que vienen a decir que no hay pruebas suficientes para incriminar» a García Ortiz.
En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo señala que el fiscal general cuenta con «un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación«, porque no se «puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito». Sin embargo, en el voto particular presentado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, no consideran probado que filtrara el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos de cara a rebajar las consecuencias una causa abierta contra él por fraude fiscal.
El «golpismo judicial»
También se ha mostrado en contra de la sentencia el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que considera que «la Justicia española suele tener una cierta alergia a ser justa». En una entrevista en El Huffington Post, el parlamentario abertzale ha asegurado estar «sorprendido» ante el hecho de que no se pueda probar si la filtración la hizo García Ortiz o alguien de su entorno. «Es la explicación a una voluntad inicial que era la de condenar al fiscal general del Estado aún sin pruebas», ha subrayado.
En la misma línea, la dirigente de Podemos Irene Montero ha tildado la sentencia de «golpismo judicial» y ha defendido que había «precedentes» de otros «casos judiciales falsos» que se habían inventado la «derecha golpista». También ha tenido críticas para el PSOE, a los que ve «impotentes» y sin hacer «nada» ante esta deriva de la judicatura.
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