Las grandes eléctricas buscan salvar del cierre a la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, enviaron al Gobierno hace justo un mes la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028.
Justo a la vez que las compañías pedían posponer el cierre, también tuvieron que enviar de manera simultánea al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso oficial de cese de actividad según el calendario previsto. La normativa obligaba a las empresas a remitir la información al supervisor antes del 1 de noviembre (justo dos años antes de que la fecha programada de cierre para el primero de los reactores, Almaraz I).
Tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas, en los que las compañías buscaban garantías de que conseguirían una rebaja de impuestos para sus centrales nucleares (que nunca llegaron), Iberdrola, Endesa y Naturgy fueron retrasando la solicitud oficial de ampliar la planta. Una demora que ha hecho que finalmente las empresas hayan presentado a la vez la petición de salvar la planta y la documentación obligatoria para cerrarla.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, reenvió hace dos semanas la petición de prórroga de las eléctricas al Consejo de Seguridad Nuclear para que la analice y emita su informe sobre la posible prolongación de la central cacereña. El regulador deberá analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento hasta 2030. Y al tiempo, el supervisor también cuenta ya con la documentación que requirió a las propietarias de Almaraz para ir planificando con tiempo el cese de actividad de la planta según el calendario ahora vigente.
El Consejo de Seguridad Nuclear, no obstante, en los próximos meses sólo estudiará la petición de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz y dejará aparcado de momento el expediente de cese de la planta, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes conocedoras de la situación. El supervisor entiende que el encargo formal de que dispone actualmente del Gobierno es únicamente el de analizar los requisitos técnicos la prórroga de la autorización, tras reenviarle la solicitud de las eléctricas, y que son esos trabajos a los que les debe dar prioridad.
Mientras, la reglamentación vigente no exige a Iberdrola, Endesa y Naturgy a notificar el cese de Almaraz I hasta dentro de un año, en noviembre de 2026, y hasta entonces el CSN no tendría que volver a retomar formalmente el estudio del expediente de cese. El artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de la central no están obligados a manifestar su intención de cese de actividad hasta un año antes de la fecha prevista. El CSN solicitó a las compañías la documentación necesaria para ‘preplanificar’ el cierre de la central con antelación suficiente, pero sus técnicos ahora no trabajarán en preparar la clausura. Y no lo harán, en principio, hasta noviembre del próximo año.
La petición de las eléctricas
Iberdrola, Endesa y Naturgy habían pedido expresamente al Ministerio para la Transición Ecológica que instara al Consejo de Seguridad Nuclear a paralizar los trabajos para preparar la clausura de Almaraz y que se centrara en analizar la solicitud de ampliación de la vida de la central cacereña. El Gobierno descartó atender esa petición de las grandes eléctricas y asegura que no ha solicitado al CSN que frene el expediente de cese de actividad. Pero el supervisor de facto se va a centrar de momento sólo en petición de prolongar la vida de la planta.
El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Algunas fuentes familiarizadas con el proceso apuntan a que previsiblemente el análisis del supervisor sobre Almaraz será rápido, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.
Sin embargo, desde el Gobierno se ve como probable que el CSN acabe solicitando información adicional a las eléctricas y plantee nuevas exigencias de seguridad para Almaraz por los cambios en la forma en que actualmente operan las centrales nucleares. En los últimos años, las compañías eléctricas están ordenando parar o reducir la actividad de las plantas en momentos en que no les resulta rentable funcionar por los bajos precios del mercado eléctrico (el motivo por el que el día del gran apagón Un modo de operación de las plantas que no se producía cuando el CSN aprobó su última revisión periódica de seguridad de Almaraz, en 2020, y para el que en principio las propias centrales no estaban diseñadas.
En busca del ‘sí’ del Gobierno
Las compañías aspiran (o aspiraban) a obtener el plácet del Gobierno sobre la ampliación de Almaraz antes de abril de 2026, una fecha que consideran límite para que les dé tiempo a asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y ejecutar procesos para garantizar la seguridad de las instalaciones antes de que expire la licencia del primer reactor, en noviembre de 2027. Una aspiración que resulta prácticamente imposible de cumplir, porque se da por hecho que para entonces el CSN ni siquiera se habrá pronunciado aún y, sin su informe, no podrá tomar una decisión el Ejecutivo.
Diversas fuentes institucionales apuntan a que las prisas de las eléctricas por obtener el ‘sí’ del Gobierno no van a condicionar los plazos del proceso de autorización ni del CSN ni del propio Ministerio. Desde diferentes ámbitos oficiales se apunta que las compañías tendrían que haber pedido antes la ampliación de la vida de Almaraz si necesitaban de tiempo suficiente para asegurarse combustible nuclear y plantilla.
Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron su solicitud de prórroga de la central de Almaraz tras un largo pulso del Ejecutivo que había bloqueado durante un año los intentos de negociación. Finalmente, las compañías eléctricas cedieron y retiraron la exigencia previa de tener garantías de que se aplicaría una gran rebaja de impuestos a las nucleares antes de pedir la prórroga para ninguna central.
Las eléctricas intentan allanar un futuro ‘sí’ del Ministerio para la Transición Ecológica aparcando la batalla por la fiscalidad para poder cumplir con las “líneas rojas” que había planteado el Gobierno de Pedro Sánchez para estudiar una cambio en el calendario de cierres de las nucleares, que ahora contempla clausuras escalonadas empezando por Almaraz en 2027 y hasta el apagón nuclear total en 2035.
Almaraz y las líneas rojas
Las compañías llevaban meses intentando abrir una vía de diálogo con el Gobierno para abordar una revisión del cierre de las centrales nucleares. Pero ambas partes han estado manteniendo posiciones maximalistas de partida que han provocado una situación de bloqueo y que las conversaciones formales no arrancaran. Las eléctricas han decidido desatascar la situación retirando, al menos de momento, su reclamación de rebajar impuestos.
Hasta ahora -hasta hace apenas unos días de pedir la prórroga de Almaraz- las energéticas insistían en exigir una rebaja de impuestos para pedir la ampliación de la vida de las centrales, mientras que el Ejecutivo se negaba (se niega aún) a estudiar una solicitud que implique trasladar costes a los consumidores o los contribuyentes. Tras meses de impasse, han sido las eléctricas las que aparentemente han cedido, dejando para más adelante una eventual negociación de marco económico del sector, para poder salvar Almaraz.
Iberdrola y Endesa habían estado condicionando muy explícitamente la solicitud de ampliación de Almaraz a una reducción de la carga fiscal del sector, una exigencia que no planteaba Naturgy y que ahora queda pospuesta. Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas.
El Ejecutivo extremeño de María Guardiola ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Una promesa, no obstante, que ahora queda en el aire por el adelanto electoral y la celebración de comicios autonómicos en Extremadura el próximo diciembre. Además, la Generalitat de la Comunidad Valenciana también ha anunciado la futura eliminación de la tasa que paga la central de Cofrentes.
Transición Ecológica advierte de que mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” establecidas para estudiar la petición de las eléctricas. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a analizar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes.
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