Aunque se pueden dividir en diversos tipos, las Áreas Marinas Protegidas (AMP) no son más que extensiones de mar donde un gobierno ha puesto límites a actividades humanas como la pesca o la navegación, lo que no quiere decir que estas actividades se encuentren totalmente prohibidas. De hecho, prácticas tan dañinas como la pesca de arrastre están permitidas en un amplio número de zonas protegidas, entre ellas las españolas.
Esta regulación, en todo caso, es beneficiosa a la larga para los propios intereses pesqueros. Los científicos lo corroboran. Según reiterados estudios y recuentos de peces, el rendimiento de la pesca de estas áreas mejora con el tiempo gracias a la recuperación de especies.
Prácticas tan dañinas como la pesca de arrastre están permitidas en un amplio número de zonas protegidas
Pero los beneficios no terminan ahí. Además de garantizar la viabilidad de todos los organismos y de los ecosistemas frágiles, proporcionan recursos económicos y culturales, protegen las costas y ayudan a revertir los devastadores efectos del calentamiento global. Esto último es debido al papel fundamental de estos entornos (cuando están sanos) en el almacenamiento de carbono. Es decir, ayudan a limpiar la atmósfera.
Un buque arrastrero, que aún pueden faenar en muchas zonas protegidas / Shutterstock
Un trabajo de 2018 dirigido por investigadores de la Universidad de Portsmouth demostró que un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de EEUU son secuestradas por estos grandes parques marinos. «Al proteger las poblaciones, los hábitats y los ecosistemas dentro de sus fronteras, las áreas marinas protegidas crean un refugio espacial para todo el sistema ecológico que contienen y proporcionan un poderoso amortiguador contra la variabilidad natural, la incertidumbre y el cambio climático», subraya el ecólogo marino Alan Friedlander, de la Universidad de Hawái. En el Mediterráneo, son las praderas submarinas de Posidonia oceanica las que capturan grandes cantidades de CO2.
Objetivo 30-30
En la actualidad, las áreas marinas protegidas figuran entre las prioridades mundiales en materia de sostenibilidad. Tanto es así que, en 2022, en el marco de la 15ª edición de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se adoptó el objetivo 30-30: proteger el 30% de los océanos antes de 2030. «Está basado en estudios científicos que sugieren que este es el mínimo necesario para restaurar la vida marina y todos los beneficios que proporciona a la humanidad. Esa porción de mares y océanos protegidos sería suficiente para mantener la biodiversidad en las áreas no protegidas adyacentes», afirma José García Charton, investigador del departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia.
Para cumplir el Objetivo 30×30 harían falta 300 áreas grandes y 188.000 pequeñas nuevas, lo que supondría crear unas 85 al día entre 2025 y 2030
Sin embargo, no todos los países firmantes avanzan al mismo ritmo. Y cada vez queda menos tiempo para actuar. De acuerdo al último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP), con datos de 2020, solo el 7,74% de los mares del mundo cuenta con alguna figura de protección. A nivel global, se considera necesario cuadruplicar esta cifra en cinco años.
Peces en un área marina protegida, zonas que experimentan aumentos en sus recursos pesqueros / Roger Grace
Los ejemplos a seguir son Panamá, que ya ha preservado el 54% de su superficie marina, o Francia, que en sus territorios de ultramar ostenta hasta 1,6 millones de kilómetros cuadrados blindados. «Se estima que harían falta 300 áreas grandes y 188.000 pequeñas nuevas para cubrir las lagunas de protección global. A ritmo operativo, eso supondría crear unas 85 al día entre 2025 y 2030, algo que, sencillamente, no está ocurriendo», subraya García Charton, que pone tareas a los gobiernos: «Flexibilizar y descentralizar los mecanismos administrativos, asegurar la protección real e impulsar modelos de financiación autosostenibles».
España: el reto de la gestión
España ha avanzado en el cuidado de sus mares. Este mismo año, el Gobierno aprobó la creación de cinco nuevas áreas protegidas: los montes submarinos del canal de Mallorca, los montes submarinos y el campo de pockmarks del Seco de Palos (frente a Murcia), los sistemas de cañones tributarios de Capbretón (País Vasco), los bancos y las gargantas del Mar de Alborán y el espacio marino de la costa central catalana. En total, el 25,7%. Pero no es suficiente. Y es que el problema es qué se hace con un área marina una vez protegida, es decir, cómo se gestiona. «El grueso de la superficie protegida no cuenta con planes de gestión efectivos y con escasa o nula regulación de actividades. Resulta alarmante que cerca del 45% se considere incompatible con los objetivos de conservación, porque se permiten actividades como la extracción de petróleo, la minería o las eólicas marinas», indica García Charton.
Mapa de Áreas Marinas Protegidas en España / Miteco
En paralelo, hace apenas unas semanas, más de 60 naciones ya habían ratificado el Tratado de Biodiversidad Marina Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales, conocido popularmente como Tratado de Alta Mar. Esa cifra de ratificaciones permite que entre en vigor el 17 de enero de 2026 y su importancia es vital: permitirá crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales y, de ese modo, regular el impacto ambiental de las actividades humanas y fomentar la cooperación científica y el acceso equitativo a los beneficios de los recursos genéticos marinos.
Numerosas empresas presionan para acometer actividades de minería extractiva en alta mar, lo que supone una nueva amenaza para los fondos marinos
Controlar un área tan inmensa no es, ni mucho menos, una tarea sencilla. Para ello, la UNESCO elaboró una guía de buenas prácticas para facilitar el trabajo a los gobiernos. En ella, el organismo de la ONU ha tratado de encontrar un equilibrio entre «la conservación de sus valores irremplazables» y «las demandas crecientes o cambiantes de desarrollo socioeconómico y de explotación». No será tarea fácil. Numerosas empresas presionan para acometer actividades de minería extractiva en alta mar, lo que supone una nueva amenaza para los fondos marinos. El gobierno de Donald Trump no parece dispuesto a atender a regulaciones internacionales que frenen estos proyectos.
Hay que gestionar lo que se protege
Las organizaciones ecologistas insisten en la necesidad de gestionar lo que se protege. «Para ser eficaces, las áreas marinas protegidas deben contar tanto con marcos de gestión sólidos como con condiciones favorables para alcanzar los objetivos de conservación a largo plazo. Los grandes beneficios de conservación solo se logran cuando se implementan totalmente y se gestionan de forma activa», indica Greenpeace en su informe ‘Del compromiso a la acción: alcanzar el objetivo 30×30 mediante el tratado global de los océanos’.
Por su parte, José García Charton apuesta por una gestión de proximidad. «Si se permitiera que municipios o comunidades pusieran en marcha sus propias áreas marinas protegidas, el ritmo de creación aumentaría y se ganaría en eficiencia en la gestión y equidad en el reparto de los beneficios obtenidos», concluye.
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ENTREVISTA. Michael Sealey, biólogo marino
«Es urgente aumentar las áreas de protección estricta»
Michael Sealey es biólogo marino y asesor político de Oceana en Europa. Profundamente comprometido con el bienestar de los mares, analiza para Prensa Ibérica la situación en España, que ya tiene una buena proporción de áreas marinas protegidas, y apuesta por la puesta en marcha de zonas totalmente blindadas.
Michael Sealey, miembro de Oceana y experto en áreas marinas protegidas / Oceana
-¿Qué beneficios tienen para el medio ambiente las áreas marinas protegidas?
-El primero y el más claro es la protección de la biodiversidad, porque las actividades que se desarrollan en ellas están reguladas. Por eso, protegen y ayudan a restaurar y recuperar lo perdido por culpa de la sobrepesca, de la polución o de la destrucción de hábitats. Esto, a su vez, aumenta la resiliencia de los ecosistemas marinos, porque cuando una zona está protegida es más fuerte contra el impacto del cambio climático, es más difícil que entren especies invasoras o se propaguen enfermedades. Y los beneficios también son para el ser humano. Por ejemplo, estamos recuperando muchas especies pesqueras.
-¿Qué criterios se valoran a la hora de solicitar esta distinción?
-Hay que conocer bien el mar, qué hábitats y especies se encuentran en él y cuáles de ellas son vulnerables a las actividades humanas. En Europa, por ejemplo, que existan praderas de posidonia en mal estado ya basta para declarar una zona como área protegida.
-¿Encuentran mucha oposición?
-Sobre todo cuando algunos sectores económicos no entienden lo que son las áreas marinas protegidas. En la mayoría de ellas están permitidas actividades como el buceo, la pesca, la náutica… Pero, más allá de eso, en España la superficie protegida ha aumentado muchísimo. El problema llega a la hora de establecer medidas de gestión. Por ejemplo, a veces los barcos tienen que reducir su velocidad para proteger a tortugas y cetáceos, pero muchas veces no quieren ceder.
-Requieren mucha vigilancia
-Sí. Sin ir más lejos, en el Mediterráneo, uno de los grandes problemas son los fondeos. Sobre todo, en verano. Sigue habiendo muchos barcos que dejan caer sus anclar sobre las praderas de posidonia. Pero vigilar todas las calas es muy complicado.
-Aunque el 22,5% de los mares españoles ya está protegido, sigue habiendo tareas pendientes.
-El Gobierno actual se ha comprometido con el objetivo de llegar al 30% antes de 2030. La cobertura es bastante buena y va en aumento, por lo que ahora la cuestión es la protección estricta, que debería ser del 10% en 2030. Aquí estamos en el 0,04%. En esas zonas, donde no se puede pescar, la biodiversidad puede progresar con el menor impacto humano posible. Es urgente aumentar esta cobertura, porque son las zonas que mayores frutos dan, donde mayor biodiversidad hay y donde mejor se recuperan los ecosistemas.
