El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente es que también le impone dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado. Más información
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