En Moncloa siguen sin dejar de mostrar su asombro por la presunta trama que según los informes de la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil erigió Santos Cerdán durante años. Una operativa de mordidas a cambio de obra pública que estaría funcionando a pleno rendimiento casi desde el mismo momento en el que salió adelante la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Según sus excompañeros, el que fuera primero mano derecha de José Luis Ábalos en Ferraz y luego su sucesor como secretario de Organización y responsable del PSOE en negociaciones como la de Junts para la última investidura de Pedro Sánchez, llevaba una vida “monacal”. Sin posibilidad de sospecha, se justifican, pero rechazando también cualquier responsabilidad ‘in vigilando’ por lo que consideran una trama “muy sofisticada”.
La creación de una UTE “forzada” entre Acciona y Servinabar, cuya titularidad se atribuye en casi la mitad Cerdán, para vehicular el 2% de las coimas por obra pública adjudicada, se tilda de una operativa “muy difícil de detectar”. Una falla del sistema, reconocen fuentes de Moncloa, pero que se resisten a ver como indicios de contratos irregulares. Tanto por lo que recogen los informes periciales, que sí interpretan como un presunto delito de tráfico de influencias, como por la confianza que muestran en los mecanismos para la contratación pública. Entre ellos, el papel de otros actores de supervisión, como por ejemplo los interventores presentes en las mesas de contratación.
Aunque diferentes miembros del Ejecutivo valoran que el último informe de la UCO no aportaría novedades respecto al ‘modus operandi’ de la trama, dan por hecho que el juez tendrá con ello indicios suficientes para abrir juicio oral. De ahí la salida de prisión de Cerdán al detallar que la investigación ha “reforzado” los indicios y que se ha mitigado por tanto el riesgo de destrucción de pruebas. A esta decisión se ha sumado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel para el exministro Ábalos y 19 años y seis meses para su exasesor Koldo García por el pelotazo de las mascarillas.
Un ministro socialista rebaja así el coste político de este nuevo aldabonazo para el Gobierno al concluir que “todo está muy perimetrado”. “Más de lo mismo, no nos afecta a los demás”, resumía. Otro miembro del Gobierno descarta en términos similares que pueda haber más implicados del Gobierno. Una línea roja de los socios de investidura, junto a la de la financiación irregular del PSOE. Asimismo, añadía respeto a este nuevo “golpe” que si bien no está amortizado, “no es mayor el de junio”, en referencia la investigación que precipitó la entrada en prisión de Santos Cerdán.
Dentro de las filas socialistas, sin embargo, hay quien reconoce que “la corrupción siempre hace año” y hasta concede que “tiene que ser así”. Tras la publicación del informe de la UCO el pasado martes, un ministro se preguntaba con resignación qué había llevado a los implicados a “poner en jaque a un partido y un proyecto político».
La réplica del caso mascarillas de Almería
A las puertas de un ciclo electoral de autonómicas que comenzará el próximo 21 de diciembre en Extremadura y continuará en Castilla y León y Andalucía, tampoco falta el “y tú más”. Principalmente, tras la detención este mismo martes del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente, Fernando Giménez (PP) por el caso mascarillas. “La investigación llevaba cinco años”, subrayan los socialistas para poner en duda que durante este tiempo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo supiese y lo mantuviese en su puesto imputado.
La vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, agitó este caso durante la sesión del control al Gobierno para reclamar explicaciones. “Lleva cinco años investigándose, ya se detuvo a un vicepresidente, y ahora a un presidente y a un vicepresidente. Estas personas forman parte de los órganos de dirección del PP regional”, argumentó para diferenciar la forma de actuar de los populares y los socialistas frente a la corrupción.
El presidente del Gobierno ya había defendido antes en el pleno, frente a las arremetidas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, centradas en el informe de la UCO, la “tolerancia cero” contra la corrupción de su partido. Al contrario de las “cero respuestas” de los populares contra los casos de corrupción en sus filas. Lo que evitó Sánchez fue aludir directamente a las detenciones practicadas en la Diputación de Almería.
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