Con la ilusión de la juventud de su director, acabada la carrera y proveniente de la banca de inversión, en 2014 se funda la bodega Vitheras, con el conocimiento del abuelo y el apoyo de la familia.
La viña familiar, documentada desde el siglo XVI, que la bodega explota en Carballo (Cangas del Narcea), formaba parte desde 1989 de la investigación del CSIC sobre las variedades autóctonas de vid de Asturias, que permitió su identificación, descripción y su posterior inscripción en registros internacionales. En este viñedo se realizaron las selecciones clonales de dichas variedades, que se suministraron luego para que otros viticultores pudiesen replantar sus viñedos con cepas certificadas. Esto y otros trabajos permitieron la creación de la DOP de vinos de Cangas.
Los vinos de esta bodega, elaborados con uva autóctona, han sido merecedores de 13 medallas, varias internacionales, lo que acredita la calidad del vino de Cangas, aunque la distribución de volúmenes pequeños (la producción total en la DOP es de unos 250.000 kg), dificulta la obtención de rentabilidad.
Casi desde su inicio, esta viña ha sufrido ataques de jabalíes y otras especies salvajes. La mayor incidencia tuvo lugar entre el 2020 y el 2022, año en el que no fue posible elaborar vino, porque los animales dejaron solo 37 kg de uva. En 2023, cuando el coto de caza empezó a ver que se le reclamaba y aumentaron las batidas, se recolectaron 3.419 Kg.
Los esfuerzos para la instalación de medidas disuasorias, tanto por la propiedad, como por los investigadores del CSIC, que han puesto en marcha diversos ensayos, fueron inútiles. La administración recomienda verbalmente a la bodega instalar cercados electrificados, lo que constituye un coste inasumible (requiere condiciones técnicas muy especificas) para una empresa pequeña, pero, además, es inviable en zonas donde se cultiva en abertal y las fincas tienen sobre sí servidumbres de paso, que no pueden ser interrumpidas con estos vallados, al margen de que estéticamente en zonas de minifundio resultarían verdaderamente extraños.
A todo ello hemos de añadir que los cotos de caza, para disfrute y diversión de los cazadores y beneficio del Principado (cobra por ello), se constituyen sobre fincas privadas sin pagar canon a los dueños, ni recabar su autorización, lo que no ocurre en otro lugar de España. Es decir, se «venden» a las sociedades de cazadores los derechos de caza sobre tus fincas sin compensación alguna, mientras tu percibes las consecuencias negativas de una mala o nula gestión de la caza y de la presencia de fauna salvaje en crecimiento exponencial y en desequilibrio entre especies depredadoras. El canon de caza se paga por el Principado a los ayuntamientos con el compromiso de estos de hacer inversiones en los pueblos, donde se sitúa el coto, sin embargo, en Carballo no se recuerda ninguna inversión de este tipo.
Si bien se había aprobado por el Principado un baremo de indemnización de daños por hectárea atacada por animales salvajes, ante el aumento de los ataques y, en consecuencia, de reclamaciones, la administración dejó de aplicarlo, encontrando el entusiasta apoyo de algunos juzgados de lo contencioso administrativo, que siempre encuentran argumentos para reducir dichas indemnizaciones hasta el ridículo, por poner un ejemplo, 1.500 euros por la pérdida de la cosecha en una finca de cerca de 3 hectáreas, aduciendo que no se ha probado cuánto comieron los animales, algo harto difícil, mientras los jabalíes o los osos, no se decidan a confesar.
Si examinamos los procedimientos de reclamación de daños, nos encontramos con el laberinto de Dédalo. Si llamas a Seprona, se te invita a llamar por teléfono al guarda o al presidente del coto, de lo que, generalmente, no queda constancia, lo que luego permite a aquellos negar la llamada; si el parte de daños, como dice la ley, lo haces al Principado, para que instruya y califique, este dirá que fue el jabalí y que debías haber llamado al coto o que fue imposible identificar al animal, por lo que no responde nadie; si reclamas al coto, dirán que fue un animal no cinegético y que debías haber reclamado al Principado; si reclamas a ambos solidariamente, te dirán que, como no has podido identificar la especie, no toca pagar a ninguno. En fin, el perfecto juego de pelota entre ambos responsables para dificultar o impedir la reclamación y el pago. En cuanto a la valoración de daños, cuando el Principado asume la culpa, generalmente se encarga a Tragsa, que no tiene reparo en encargar dicha valoración, por ejemplo, a un ingeniero industrial especializado en vehículos, que puede negar la autoría del jabalí, por ejemplo, asegurando, que la constitución del hocico, el jabalí no es capaz de comer racimos de las cepas, poco importa la realidad, se trata de sembrar la duda. Saben bien que muchos jueces exigen, cual «probatio diabólica», prueba de lo que el animal se ha llevado en el estómago.
Ante esto, muchos empiezan hoy a señalar que ésta solo es tierra para funcionarios que cobran pase lo que pase; para empleados de Tragsa, que recibe dinero público y fondos europeos; para fundaciones protectoras de animales, a las que nadie pide cuentas por los desequilibrios poblacionales ocasionados, ni por el dinero que reciben de instituciones públicas, como Correos.
La administración no puede ser la mayor depredadora de empresas, ni ser cómplice del engaño para no pagar los daños, por lo que hago un llamamiento a instituciones públicas, a funcionarios con conciencia y conocimiento, que son muchos, para que busquen solución a esto. Hoy puede ser cualquier pequeña empresa la que piense en irse a otro lado, pero mañana estas tierras, que un día fueron ricas y dieron trabajo a muchos españoles, vivirán en la decrepitud y miseria. n
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