La Fiscalía investiga al obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, por posibles delitos de odio y discriminación a raíz de una denuncia de la Plataforma Ciudadana ‘Tu pueblo y el mío’ por sus declaraciones homófobas.
El presidente de la asociación, Lucas López Moreno, se dirigió en julio al fiscal de la sala contra los delitos de odio y discriminación sobre unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, bien en su modalidad de discurso de odio o de lesión a la dignidad, y la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación para dirimir si archiva la denuncia o finalmente se deriva en un juicio.
Así, López Moreno denuncia unas declaraciones públicas del prelado -tanto en medios de comunicación como en programas de radio- que, a su juicio, «exceden el amparo de la libertad de expresión o religiosa», considerando que podrían incitar a la discriminación del colectivo LGTBI, legitimar prácticas prohibidas por la legislación vigente y vulnerar el principio de igualdad y dignidad constitucionalmente reconocido. El prelado suele apelar a la libertad de expresión «frente a la cultura de silenciar al contrario», como hizo en su discurso en la toma de posesión al frente del Obispado.
En concreto, la denuncia hace referencia a que el 3 de mayo de 2024, durante el programa de Radio María, Munilla manifestó que «se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales […], si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas, entonces eso se entiende como terapia de conversión, y eso está prohibido», a lo que añadió que «aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano«.
Estas afirmaciones, recoge la denuncia, «equivalen a una defensa explícita de las llamadas terapias de conversión, prohibidas en España en múltiples normativas autonómicas», como la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana en su artículo 14, que prohíbe expresamente las terapias de aversión o conversión.
Como la sede de la emisora en la que se efectuaron las manifestaciones denunciadas radica en Madrid, la denuncia se derivó a esa Fiscalía, aunque en primera instancia se dirigió a la de Alicante, siendo territorialmente competente para valorar la transcendencia jurídico penal.
«Liberticidio»
Además, en declaraciones recogidas por diversos medios, como en el artículo publicado en Vida Nueva Digital el 16 de julio de 2024, el obispo justifica públicamente estas terapias, negando que sean coercitivas y sugiriendo que su prohibición es un «liberticidio LGTBI».
Para el denunciante, «estas manifestaciones no solo trivializan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica (OMS, ONU, APA), sino que legitiman simbólicamente intervenciones que atentan contra la dignidad y la salud psicosocial de personas LGTBI, y alimentan un discurso de estigmatización bajo cobertura religiosa».
Guantes violetas y proclamas feministas al paso de Munilla por Orihuela en su toma de posesión en 2022 / TONY SEVILLA
Todo ello, sostiene, podría constituir delito conforme al artículo 510 del Código Penal, que recoge que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por su orientación o identidad sexual.
También se hace hincapié en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la libertad de expresión no ampara discursos que entrañen menosprecio o humillación hacia colectivos históricamente discriminados, así como en la doctrina internacional, con informes de la ONU que consideran las terapias de conversión una forma de trato inhumano o degradante.
Un obispo rodeado de polémica
El que era obispo de San Sebastián llegó en febrero de 2022 al Obispado de Orihuela-Alicante en sustitución de Jesús Murgui Soriano precedido de multitud de polémicas por su perfil ultraconservador, homófobo y antifeminista, amplificado por su carácter mediático, ya que tiene página web propia y un programa de radio, y su actividad en las redes sociales, donde su cuenta en X alcanza a más de 135.000 seguidores, también lanzando mensajes muy controvertidos.
El religioso, convencido de que la homosexualidad es una «enfermedad» que se puede curar con terapias, llegó a asegurar en 2010 en un programa de ETB1 que él había ayudado a «sanar» a al menos tres personas gais. Incluso, ha dado la receta para «prevenir» la homosexualidad, afirmando que los homosexuales son más promiscuos e incapaces de controlar sus impulsos, y que por eso la Iglesia les niega el sacerdocio.
En enero, el prelado volvió a defender las terapias de conversión por «acompañar a homosexuales a la castidad», manifestando que «lo que llaman ‘terapia de conversión’ no existe», sino que es un constructo «del marxismo para impedir a la Iglesia acompañar pastoralmente a las personas con inclinaciones homosexuales».
Así, Munilla se metía de lleno otra vez en la polémica a raíz de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mostrara su disconformidad con que la Iglesia no permita comulgar a las personas del colectivo LGTBI y su proyecto de tipificar las terapias de conversión en el Código Penal.
La plataforma
Por su parte, la plataforma «Tu pueblo y el mío», que nació en septiembre del año pasado, se dio a conocer recitando poemas hernandianos en la plaza del Carmen justo cuando el pleno del Ayuntamiento de Orihuela debatía la moción presentada por el PSOE para solicitar al Consistorio la adhesión y apoyo a la petición para anular los sumarios judiciales contra Miguel Hernández.
La propuesta, que nacía por parte de la familia del escritor y de un grupo de ciudadanos, tenía la pretensión de que fuera una declaración institucional, es decir, apoyada por todos los grupos, pero fue rechazada por PP y Vox, obteniendo los votos a favor de los socialistas, Ciudadanos y Cambiemos.
Agresiones a los intereses de Orihuela
Encabezada por José Antonio Muñoz Grau, que ha participado en varios movimientos sociales en defensa de la Universidad en Orihuela y contra la contaminación del río Segura, y Joan Pàmies, investigador de la obra del poeta y próximo a la familia, la plataforma se bautizó como «Tu pueblo y el mío», en honor a la conocida Elegía (a Ramón Sijé) para «hacer frente a esta continua agresión a los intereses de Orihuela, en la figura de Miguel Hernández y la Universidad histórica».
Después vino la polémica por la retirada de los vinilos con simbología republicana en el Rincón Hernandiano, lo que se consideró otro revés, dando lugar a que oposición y colectivos sociales crearan un frente común contra los «ataques» al poeta, bajo el nombre de Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández.
Así, hicieron hincapié en «su integridad moral, ideológica y cultural», ante «la continua persecución al poeta por parte del equipo de gobierno de PP y Vox» en una actitud que consideraban «fascista y de odio hacia un referente universal de la lucha por la libertad y la democracia».
Derechos humanos e igualdad
Tras su constitución oficial como asociación de carácter nacional el pasado 5 de junio, la entidad hace escasos días ha hecho públicos sus estatutos, su organigrama y sus principios fundacionales a través de su nueva página web.
En base a ello, la entidad denunciante, conforme a sus estatutos, tiene como fines la defensa de los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad, por lo que «está expresamente facultada para ejercer acciones judiciales o administrativas en defensa de estos principios», indican.
La asociación cuenta con tres portavocías: en Madrid, que coordina las relaciones institucionales y la proyección nacional; Alicante, que impulsa la acción social y cultural en la provincial; y Orihuela, origen simbólico y motor emocional del movimiento.
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