El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes y ex número tres del PSOE José Luis Ábalos por seis presuntos delitos.
Son los siguientes: organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
En un escrito de acusación presentado este miércoles, Anticorrupción solicita, además, 19 años y medio de cárcel para Koldo García, asistente de Ábalos, por esos seis mismos delitos.
La petición de pena para el tercer encausado, Víctor de Aldama, es mucho menor, de siete años de prisión (por cohecho y organización criminal).
La Fiscalía ha tenido en cuenta la confesión del empresario y la aportación de datos a la investigación. No obstante, sí solicita que Aldama abone una multa 3.713.981 euros por el delito de aprovechamiento de información privilegiada.
La acusación se refiere a la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, para que la que Aldama actuaba como conseguidor, y a las gestiones realizadas por Ábalos y Koldo para favorecer los intereses de Aldama o de empresarios relacionados con él en el caso de Air Europa y en expedientes tramitados por los Ministerios de Hacienda e Industria.
Al menos desde el octubre de 2019 y como mínimo hasta mediados de 2021 Aldama pagó en metálico 10.000 euros que entregaba a Koldo García, que lo repartía con Ábalos.
El escrito de acusación también incluye la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos. La primera de ellas fue contratada por Ineco y Tragsatec, dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma admitió ante el juez, no hizo ninguna labor durante dos años y medio.
Aldama también pagó el alquiler de un piso de lujo para Jésica Rodríguez, en el centro de Madrid, de marzo de 2019 a marzo de 2022, por un importe mensual de 2.700 euros.
Éste, de la conocida como trama de las mascarillas, será el primer juicio al que se enfrente el exsecretario de Organización del PSOE, que también está siendo investigado por el supuesto amaño de contratos de carreteras y otras obras públicas dependientes de Transportes, departamento que encabezó hasta 2021.
