En vísperas de que el PPCV presente este miércoles en las Corts la candidatura de Juanfran Pérez Llorca para la investidura como president de la Generalitat, Vox sigue elevando el precio de su apoyo. Este martes la formación de Santiago Abascal ha presentado una proposición no de ley de tramitación de urgencia para revertir las zonas de bajas emisiones (ZBE).
Estas ZBE son los espacios de las ciudades de más de 50.000 habitantes, concretamente los centros urbanos, donde existe una limitación a la circulación de vehículos. Cada ciudad escoge cuál es la limitación y este mes de diciembre termina el plazo legal para que se establezcan. Se trata de políticas europeas adaptadas por el Gobierno de España y de obligado cumplimiento.
Vox, a nivel nacional, ha decidido boicotear estas medidas que considera una «imposición ideológica de Bruselas», asumido por socialistas y populares, que responden a una «agenda climática radical». Aunque se trata básicamente de contaminar un poco menos, el asunto ha estallado en el Ayuntamiento de Valencia. El PP estaba en contra, pero ha tenido que impulsar por imperativo legal una ZBE de mínimos, que apenas afectaba al 8 % de automóviles, los más antiguos y contaminantes, y con unos plazos muy laxos. Sin embargo, poco antes de su aprobación, Vox ha dejado colgada a su socia, la alcaldesa María José Catalá, que ahora ve en riesgo además un mínimo de 115 millones de fondos europeos en proyectos vinculados a estas políticas. Tras el pleno de este martes, la situación sigue en medio de un bloqueo total.
En plena batalla en Valencia, Vox lleva ahora a las Corts una PNL que, además, llega en plena negociación para investir a Pérez Llorca como relevo de Mazón, un pacto en el que van a elevar las exigencias. El texto de Vox insta a las Corts a pedir «que se reviertan las ZBE aprobadas» o que «queden sin efecto y no se impogan sanciones a los vecinos». También reclama que se devuelvan las multas cobradas a los vecinos. Para Vox, esta medida es un ejemplo de «fanatismo verde» que castiga a las clases trabajadoras, un «modelo ideológico que limita la libertad individual, encarece los costes energéticos y de movilidad, y destruye el tejido industrial y social».
Contra el burka y el nicab
Vox ha dejado claro al PP que el precio a cambio de respaldar el relevo de Mazón será elevado en materia de políticas climáticas, pero también en la cuestión migratoria. Días despues de la dimisión de Mazón, los voxistas plantearon sus enmiendas a la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión y entre otras cuestiones, aprietan las clavijas con su discurso contra la inmigración reclamando que para recibir esta ayuda implemente «un itinerario de inclusión que garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».
No lo pone claramente, pero es una forma de tratar de abrir la puerta para dejar fuera de la recepción de esta subvención a quienes porten hiyab, el pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello. Más clara fue la formación días después cuando planteó instar al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como nicab y burka y que se reclamara al Gobierno de España incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público de estas prendas.
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