El Gobierno cerrará su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica entre enero y febrero. Un plazo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas durante la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Finaciera (CPFF). La intención de Hacienda respecto al modelo de financiación pasaba por tratarlo de forma genérica, sin aterrizar en la letra pequeña de la propuesta que prepara el Gobierno. Aunque está construido el esqueleto, apenas se ha trasladado durante el encuentro su arquitectura, como protestaron las comunidades del PP.
Sin concreciones más allá del compromiso de aumentar los recursos de las comunidades infrafinanciadas. La propia consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ya se limitaba antes del encuentro valorar positivamente el hecho de que este asunto se fuese a poner sobre la mesa. Eso sí, recordando que este tipo de negociaciones son complejas y largas.
Desde el PP insistían previamente en su rechazo, a modo de frente común, contra lo que denominan “cupo catalán”, en referencia al acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. El Ejecutivo apuesta en una suerte de ‘café para todos’, pero socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no esconden su temor a que derive en “privilegios” para Catalunya. El presidente socialista avisaba antes del encuentro que su gobierno no admitiría «bajo ningún concepto, ningún privilegio».
“No hay financiaciones singulares, porque la sanidad, educación y prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegio», defendía a modo preventivo antes de abordarse este asunto. La falta de consenso de la que se parte da cuenta de las dificultades para reformar el sistema, más si cabe a las puertas de un ciclo electoral de autonómicas que comenzará el 21 de diciembre en Extremadura y continuará con comicios previstos en el primer semestre del próximo año en Castilla y León y Andalucía.
En el Ejecutivo ponen el foco en algunos de los principios del acuerdo sellado el pasado mes de julio con la Generalitat, como es el caso de la “suficiencia financiera”, para que sean todas las comunidades autónomas las reciban más recursos, o el equilibrio entre compaginar el marco bilateral con el multilateral. A lo que evitan aludir y dejan en el aire es al principio de ordinalidad, para que las comunidades que más aportan no desciendan por debajo de su posición en el ranking de lo que reciben. Y es que se trata de una línea roja en una buena parte del PSOE. Un debate recurrente que ha confrontado al PSC con el resto de la organización desde la época de Pascual Maragall.
Frente a las críticas del agravio, la apuesta del Gobierno es que su futura propuesta para reformar el modelo de financiación beneficie a todas las comunidades. Se sigue así la estrategia utilizada con la condonación de la deuda, que fue pactada con ERC para Catalunya y posteriormente se encajó extendiéndola al resto de comunidades autónomas.
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