Este sábado se han celebrado las pruebas selectivas para acceder al cuerpo de periodistas de la Generalitat, a las que se han presentado unas 200 personas y que servirán para adjudicar cinco plazas públicas de la máxima categoría funcionarial (A-1). Esta convocatoria era muy esperada en el sector, ya que no se abría desde 2018.
Y también entre los trabajadores eventuales del actual gobierno valenciano, que se han presentado en masa al examen, tal como ha venido contando Levante-EMV. Más de una veintena de altos cargos del Consell de Carlos Mazón figuran en el listado de aspirantes, en torno al 10 % del total de opositores que concurren.
Varias de las preguntas del examen, a las que ha tenido acceso este diario, les habrán resultado muy familiares a algunos de estos asesores de la Generalitat, pues incide en un tema de máxima actualidad: la ley que regula las causas de dimisión de un president, consultada por muchos periodistas desde la renuncia de Mazón.
Preguntas de máxima actualidad
«¿Cuál de las siguientes opciones NO es una causa de cese del president de la Generalitat, según el artículo 8 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell?». Entre las posibles respuestas (el examen es tipo test), «por dimisión o renuncia», «por incompatibilidad declarada por las Corts y no subsanada en el plazo de 10 días», «en los casos de denegación de una cuestión de confianza» o «por enfermedad grave». Esta última opción es la incorrecta y por tanto la respuesta acertada. Algo llamativo tras las informaciones que circularon sobre el estado de Mazón tras su dimisión, cuando se llegó a especular con una baja médica.
Ha habido otras dos preguntas que destacan algunos de los participantes en la prueba, también relacionadas con Mazón y en concreto, con el polémico episodio del borrado de imágenes del Palau que realizó la Generalitat y que impidió constatar la hora de llegada el president a su despacho el 29 de octubre.
Una de ellas cuestiona sobre la ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales e incluye entre las opciones de respuesta el artículo al que se acogió el Consell para eliminar esas grabaciones del 29-O: «Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones».
La otra, por su parte, pregunta sobre el artículo 20.5 de la Constitución y en concreto sobre quién puede acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información, que sólo puede realizarse por resolución judicial.
Un proceso polémico
La avalancha de asesores del Consell llamó la atención desde un principio. Pero la polémica estalldías después cuando se concoció el diseño del tribunal, encargado de elaborar las preguntas y corregir las pruebas.
Este estaba formado casi en su totalidad por funcionarios de carrera adscritos a la dirección general de Comunicación y Promoción Institucional, que en su día a día trabajan como subordinados de los altos cargos, muchos de ellos jefes de prensa y que también dependen de este departamento de Presidencia de la Generalitat.
Esas relaciones laborales entre examinadores y examinandos terminó por provocar una serie de renuncias y recusaciones y obligó a rehacer el tribunal. El nuevo órgano incluía también a personas con vínculos con algunos de los aspirantes, un extremo que la Generalitat rechaza.
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