Manos Limpias, que ejerce la acusación popular contra Álvaro García Ortiz, ha pedido que el fiscal general sea condenado por la filtración del correo electrónico del abogado del novio de Ayuso.
«Era él el custodio del documento, la autoridad responsable para su custodia. En esa posición decidió él, el acusado, ponerse», ha señalado Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias en esta causa.
«Se ha difundido la información que ese documento [el correo] contiene, con la finalidad unívoca de que esa difusión fuese pública», ha indicado el letrado durante su turno de informe final, en la última sesión del juicio.
«No hay, ante el cúmulo de indicios plurales y relacionados, una alternativa a esta única explicación razonable», ha incidido Soriano sobre la «ausencia», a su modo de ver, de una tesis de descargo en favor del fiscal general.
«No se nos ha propuesto ninguna posibilidad racional alternativa. Y se ha eliminado todo rastro de prueba de descargo que pudiera existir: el acusado ha borrado sus móviles, sus dispositivos electrónicos… Sin ninguna razón amparada por la lógica, aunque se haya revestido con una pretendida garantía de los derechos de terceros», ha criticado el letrado.
«Eso sólo ha surgido en la mente del acusado y en la de ningún otro alto cargo más. Se nos habla de protocolos y normas que no existen… (…) Un borrado coincide con el día en el que se convierte en investigado…», ha zanjado el letrado, que solicita tres años de prisión para el fiscal general del Estado, al apreciar una atenuante que debe beneficiarle: la filtración a la prensa, ahora, de datos privados de García Ortiz durante la investigación en su contra.
«Resulta irrelevante [para el delito de infidelidad en la custodia de documentos, petición subsidiaria de Manos Limpias] que otras personas tuvieran el correo antes que el acusado», ha señalado.
«Y es sorprendente, cuando menos, que periodistas poco afines [a González Amador] se esperen a que el acusado dispusiera del correo para publicarlo», ha señalado Soriano acerca de las testificales de varios informadores, que han declarado ya en el juicio.
«Para perjudicar a un adversario político, (…) [García Ortiz] ha actuado contra el interés público y la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial y, por tanto, del Estado de derecho. (…) Por su cargo (…), no es equivalente a que un concejal filtre una multa de tráfico.», ha concluido el letrado de Manos Limpias.
«[Al fiscal general] se le debe presuponer una actuación impoluta. Y su actuación está más que lejos de ser impoluta», ha señalado.
