Las áreas rurales presentan unas condiciones de hábitat, familiares y socioeconómicas diferenciadas que, en muchos casos, hacen más complicado salir de las situaciones de violencia. En este contexto, los datos proporcionados por la Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR) son esclarecedores. De las 34 mujeres asesinadas en España hasta la fecha, 11 residían en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que representa un 32,35% del total. En 2024, la cifra ascendió a 19 mujeres, es decir, un 38,8% de las 49 víctimas mortales. Aunque los datos resultan concluyentes, los principales acuerdos políticos no han logrado revertir la situación.
En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 se incorporaron diversos ejes de actuación con referencia al medio rural: el eje 1, relativo al desarrollo de campañas específicas para las mujeres que viven en dicho entorno; el eje 3, dedicado a la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, que incluye también a las residentes en el ámbito rural y, el «eje 6», centrado en la recopilación de datos estadísticos, que contempla igualmente las zonas rurales. Un año más tarde, en 2018, se acuerda en Asturias el Pacto Social contra la Violencia de Género. Desde la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA) se realizaron aportaciones para que se tuviese en cuenta las características específicas de las áreas rurales, así como las medidas relacionadas con los ejes de actuación nombrados anteriormente en el Pacto de Estado. Sin embargo, no se recogieron ninguna de las medidas aportadas, ni tampoco se hizo referencia en momento alguno a las áreas rurales o a las mujeres rurales. Ante esta situación, en la comparecencia de 27 de octubre de 2025 en la Junta del Principado de Asturias sobre el Proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, AMCA planteó, entre otras medidas, un Observatorio de Violencia de Género en el Medio Rural (Observatorio). La creación de un Observatorio se considera imprescindible para disponer de datos específicos, comprender los mecanismos de producción y reproducción de la violencia en el medio rural y, de este modo, poder articular las respuestas adecuadas.
No se puede negar que las políticas contra la violencia de género han avanzado enormemente, pero siempre bajo la perspectiva urbana. Es necesario que se tenga en cuenta las diferencias de hábitat en la atención, asesoramiento e intervención de las víctimas. En las ciudades, la cercanía de los servicios, las redes de apoyo y un mayor anonimato, facilitan poder asistir a los servicios de salud, pedir ayuda o poder denunciar. Sin embargo, en las zonas rurales el propio hábitat rural está condicionando el acceso a los recursos. El aislamiento y la dispersión territorial facilitan el control e impiden a las mujeres tener una red de apoyo. Los maltratadores buscan aislar a la víctima y en las áreas rurales esta situación ya se encuentra de forma natural. Las mujeres, muchas veces, no disponen de autonomía para desplazarse, dependiendo para ello del propio maltratador o de algún familiar para poder recibir asistencia sanitaria y/o denunciar. La vida en las zonas rurales donde las personas se conocen, desalienta hacer público las situaciones de maltrato. Además, la ayuda vecinal está condicionada cuando los vecinos/as más próximos/as se encuentra varios kilómetros o cuando existen vínculos laborales, familiares o de amistad que pueden actuar como factor de protección de los agresores.
El Observatorio
El Observatorio tiene que ser un laboratorio de soluciones específicas a la realidad rural, orientadas a mejorar el acceso a los recursos y a establecer fórmulas adecuadas para responder a las necesidades concretas de las mujeres rurales. Para ello, sería fundamental contar de forma activa con los profesionales que actúan desde distintos ámbitos (sanitarios/as, guardias civiles, trabajadores/as sociales, abogados/as, educadores/as o agentes de igualdad), y aprovechar sus conocimientos del entorno y de las personas. Del mismo modo, resultaría necesario implicar a las asociaciones de mujeres para que actúen como agentes de detección y apoyo a las víctimas.
No se trata de crear más estructuras u organismos, sino de generar un conocimiento útil que ayude verdaderamente a prevenir y actuar. Con una información precisa sobre la violencia, las políticas públicas pueden ser más eficaces y certeras. Salir de la violencia de género en el medio rural exige una estrategia integral. Con el Observatorio no se pretende sustituir los recursos existentes, sino fortalecerlos. Su creación permitirá que las mujeres rurales puedan acceder a los recursos teniendo en cuenta las particularidades del hábitat. Pero conviene recordar que luchar contra la violencia no es sólo atender a las víctimas, sino también es prevenir las causas estructurales como la desigualdad, los estereotipos de género y el control sobre las mujeres. La educación en igualdad, adaptada al medio rural, debe incluirse en los centros educativos, en las cooperativas, en las asociaciones y en las organizaciones rurales. La información generada por el Observatorio servirá para orientar la toma de decisiones y garantizar unas respuestas adecuadas ante una violencia que tiene nombre y rostro de mujer. La violencia de género en las áreas rurales no puede continuar siendo una realidad invisible.
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