El Gobierno de España ha abierto dos centros de detención para personas migrantes en Mauritania que se encuentran operativos desde el 17 de octubre. Las instalaciones están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias y han sido impulsados por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según denunciaron porCausa y El Salto Diario, sobre la mesa está la posibilidad de que los lugares funcionen en la práctica como cárceles para migrantes, en las que incluso podrían pernoctar menores de edad y bebés.
Los centros se ubican en Nuakchot, la capital del país, y en Nuadibú, y disponen de 107 y 76 plazas, respectivamente, entre las que se incluyen cunas para bebés. Ante las críticas internacionales, la FIAP ha precisado que se trata de centros de acogida temporal, cuyo objetivo es gestionar la situación migratoria de personas procedentes de operaciones de desembarco en Mauritania. Es decir, acogerán a quienes sean interceptados en el mar en su intento de llegar a Europa, con Canarias como principal puerta de entrada.
Según la FIAP, en estos centros la Instancia mauritana de lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entrevistarán a las personas migrantes para determinar si requieren protección internacional o atención específica por su situación de vulnerabilidad. La estancia máxima será de 72 horas, tras las cuales serán derivadas a las instituciones correspondientes.
En relación con las críticas por la presencia de cunas, la Fundación ha aclarado que no ingresarán menores no acompañados en los centros, ya que estos serán derivados previamente a las instancias competentes, y que no se separará a las familias durante su estancia. La inclusión de cunas, considera la Fundación, «responde exclusivamente a la necesidad de mantener unidas a las familias con bebés durante el proceso de identificación y derivación».
La relación con Mauritania
La situación se inscribe en una relación cada vez más estrecha entre Mauritania y España, consolidada a través de un intenso calendario de visitas institucionales a Nuakchot durante el último año. En febrero, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el país acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, realizó un viaje similar en julio. Las visitas se tradujeron en el compromiso de España de aportar 210 millones de euros, y de la Comisión Europea, 300 millones adicionales, con el objetivo de reforzar las políticas de control migratorio en la región.
El Centro en Mauritania. / PorCausa
Sin embargo, esta cooperación económica se ha materializado en el despliegue de guardacostas, militares, policías y fuerzas de gendarmería, lo que, más allá del control fronterizo, ha derivado en operativos de seguridad que, según diversas organizaciones, han generado situaciones de violencia contra personas que intentan migrar hacia Europa. De hecho, Human Rights Watch denunció el pasado mes de septiembre palizas y torturas en el país africano, amparadas en la política de externalización de fronteras de la UE y España.
El endurecimiento de los controles ha coincidido con un descenso del 52% en la llegada de personas migrantes al Archipiélago en los primeros nueve meses del año: 8.178 frente a las 16.976 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque las autoridades atribuyen esta reducción a la colaboración con Mauritania —uno de los principales países de origen en la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo—, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han denunciado abusos en los controles migratorios, financiados en parte con fondos europeos.
Los centros de detención
Los centros estarán regulados por un reglamento elaborado con la participación de todas las instituciones implicadas en la gestión migratoria en Mauritania, incluidas las autoridades españolas y europeas. El proceso de redacción de ese reglamento no ha sido público, lo que plantea dudas sobre la garantías de derechos que se aplicarán en su funcionamiento. Así, lejos de pasar desapercibida, esta apertura ha generado una oleada de críticas en España. Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han instado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a explicar públicamente los motivos que han llevado al Gobierno a promover la creación de estas instalaciones en territorio mauritano.
Los grupos parlamentarios advierten de que, aunque el Ejecutivo presenta estos espacios como centros de acogida inspirados en los CATE de las Islas Canarias, en realidad contraviene la legislación española e internacional en materia de protección infantil. Las formaciones denuncian también que el centro de Nuadibú se encuentra en la frontera con el Sáhara Occidental, «bajo ocupación ilegal marroquí«, subrayan.
A las críticas se ha sumado Podemos, que acusa al Gobierno de financiar “cárceles ilegales” de migrantes en Mauritania. La eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha exigido al Ejecutivo el cierre inmediato de las instalaciones, al considerar que “atentan contra los derechos humanos”.
Centros de detención. / Delegación de la UE
El proyecto ha incluido una visita de estudio de autoridades mauritanas a Gran Canaria y El Hierro, con el objetivo de replicar el modelo en territorio africano, un enfoque que organizaciones de derechos humanos consideran una externalización encubierta de fronteras bajo el discurso de la cooperación.
El papel de la Unión Europea
Los nuevos centros de detención se enmarcan en el proyecto Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en francés) Mauritania, financiado por la Unión Europea que —según explica la propia FIAP en su página web— concluyó en septiembre tras cuatro años de trabajo entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de España, la policía mauritana, así como diversas autoridades y organizaciones mauritanas e internacionales implicadas en la gestión migratoria.
El cuarto y último comité del POC, se celebró el 25 de septiembre en Nuakchot, con la participación de representantes de la Delegación de la Unión Europea en Mauritania, autoridades locales —como la Dirección General de Seguridad Nacional, el Comité Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, así como miembros de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España.
También asistieron representantes de las embajadas de España, Francia y Alemania, y de organismos internacionales como el Acnur, la OIM y la Media Luna Roja, entre otros. Durante el encuentro se repasaron los principales logros del proyecto y se analizaron los retos futuros en materia de cooperación migratoria y lucha contra la trata de personas. El proyecto ha contado con 4,5 millones de euros de financiación del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea.
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