Los vocales del PP del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitarán este jueves la celebración de pleno extraordinario en el que pretenden aprobar una declaración institucional contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra la futura ley de amnistía. En un escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com, los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Maria Ángeles Carmona Vergara, acusan al presidente del Gobierno de «abolir el Estado de Derecho».
Así, en el documento que pretenden aprobar el próximo lunes, los vocales del PP afirman: «El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España«.
Aseveran que, tras el discurso de Pedro Sánchez en el comité federal, cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, «su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones».
En un durísimo escrito, más propio de la calle Génova 13 que de los representantes de un poder del Estado, exponen que, «confundir el “interés de España” con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora».
Interfieren en el Tribunal Constitucional
Pero van más allá, y se arrogan la capacidad de decidir si una futura ley de amnistía, la cual no han leído, es constitucional o no. Es decir, pasan por encima de los miembros de Tribunal Constitucional, interfiriendo gravemente en unas potestades, las de decidir sobre la constitucionalidad de una ley que no les corresponde. Dicen que, «este Consejo General del Poder Judicial insiste en que ello es así incluso al margen del debate general sobre la viabilidad, que negamos, de las amnistías en el marco de nuestra Constitución.
Según ellos, tres son los motivos que hacen inconstitucional la futura ley. Primero, porque no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de la Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, «para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España”.
Segundo, porque supone «generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución».
Tercero, porque «se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales. La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera».
Mítin del PP
Y por último, en su escrito que parece un mitin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo podría dar cualquier domingo afirman: «Este Consejo General del Poder Judicial no puede dejar de señalar que lo que se violenta con la medida anunciada por el presidente del Gobierno no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromiso asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial. El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el interés de España”.
