«Mira, aquí desde hace un año o así no se puede construir ya, solo reformar, y ha habido dos parcelas en esta calle en las que se han colocado las casas prefabricadas esas. Una creo que la tiene denunciada ya el ayuntamiento». Un vecino jubilado de El Tiemblo (Ávila) está haciendo un enfoscado para proteger un muro de su casa en la urbanización Valdesanmartín, compuesta por más de 400 fincas entre pinos y maleza y que tienen una bella vista a las montañas.
La urbanización está a medio asfaltar y las parcelas, repartidas entre laderas y pequeñas vaguadas, son de todo tipo y condición, así como las casas. De hormigón, de ladrillo, prefabricadas… De hecho estas últimas, modulares, se han convertido en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de El Tiemblo ante su expansión por Valdesanmartín y Pinar de la Atalaya, otro complejo de fincas apartadas a varios kilómetros del centro urbano y algunas de cuyas construcciones no se puede siquiera visualizar desde la calle.
Las ‘mobile homes’ deben cumplir condiciones de habitabilidad, saneamiento y aislamientos que viviendas convencionales
«Es que no sabemos cuántas hay», razonan a EL PERIÓDICO fuentes del propio ayuntamiento, que a finales del pasado mes sacó un bando informativo alertando de que estas casas, «mal llamadas mobile homes«, suponen «un riesgo para la población y para el medio ambiente, al no haber sido verificadas las condiciones de habitabilidad, saneamiento, aislamientos, resistencia y protección contra incendios y demás requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente, mediante el correspondiente proyecto elaborado por un profesional competente».
Vista de la urbanización Pinar de la Atalaya, en El Tiemblo (Ávila), donde hay varias viviendas prefabricadas. / José Luis Roca
El consistorio trata así de hacer cumplir la ley ya que las casas prefabricadas deben cumplir la misma normativa que otro tipo de construcciones, pues deben tener licencia urbanística o de obra, célula de habitabilidad o de primera ocupación y, si es preceptivo, que sean dadas de alta en el Registro de la Propiedad.
Además, deben pagar los correspondientes impuestos, algo que varios propietarios de estas urbanizaciones no están haciendo. «Se han detectado diversas instalaciones de casas prefabricadas realizadas sin la preceptiva licencia urbanística ni proyecto técnico que avale su legalidad», rezaba el bando municipal.
Por todo ello, el consistorio ha concedido un plazo de tres meses para que se retiren las viviendas instaladas sin licencia o se presente «el proyecto técnico de legalización y la solicitud de licencia urbanística correspondiente, si la calificación del suelo lo permite», a fin de su valoración «y, en su caso, regularización».
«Hemos querido tener una actitud proactiva con esta medida. Queremos que la gente esté informada, estamos haciendo nuestro trabajo», aprecian fuentes municipales, que destacan que ya han recibido al menos una decenas de llamadas de consulta sobre este periodo abierto. En el ayuntamiento confirman que ya tienen varios expedientes abiertos y advierten de la gravedad de que sean ilegales. «Si no hay un sistema de saneamiento acorde puede haber contaminación del suelo».
Vista de una vivienda en obras levantada con módulos prefabricados en la urbanización Pinar de la Atalaya, en El Tiemblo (Ávila) / José Luis Roca
«Es que en esas urbanizaciones desde hace años se ha hecho un poco lo que se ha querido», comenta un vecino en el centro de El Tiemblo, que estas semanas recibe miles de visitas de turistas que quieren pasear por su hermoso castañar. «En verdad esta urbanización se hizo en su día de forma ilegal», confiesa Julio, otro residente de Valdesanmartín, que señala que pagan el IBI y las basuras, pero «la recogida da pena» y el «agua que nos suministran no está tratada». «Este es un sitio más de segunda residencia. Durante el año debemos vivir cuatro», asegura en el porche de su casa de ladrillo, donde está pasando la mañana con su perro.
Desde el consistorio han puesto el foco sobre todo en las fincas situadas en suelo rústico o en suelo urbano no consolidado (como es la urbanización Valdesanmartín), donde «no está permitido por la normativa» colocarlas en las parcelas, «por lo que únicamente corresponde su retirada». Transcurrido el plazo dado por el Consistorio, se iniciará el expediente sancionador oportuno con respecto a la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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