El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – conocida como Lecrim- para otorgar la instrucción penal a los fiscales y limitar la acción popular que ejercen los partidos políticos en muchas de las causas que a día de hoy cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno el Consejo de Ministros de este martes tiene sobre la mesa la reforma de esta norma, que supone un nuevo intento de arrebatar la instrucción a los jueces –que quedarían únicamente como garantes de derechos fundamentales a lo largo del proceso– y atribuirsela al Ministerio Fiscal, al igual que ya ocurre en países de nuestro entorno.
Se trata de un proyecto que ya intentaron anteriormente ministros del PSOE como Francisco Caamaño o Alberto Ruiz Gallardón -del PP- , y en último término y en último término el actual magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, aunque ninguno de sus proyectros llegó a ser aprobado.
Según las fuentes consultadas, el proyecto que presenta ahora Félix Bolaños prevé impedir que los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular y el mandato de los fiscales generales dejará de coincidir temporalmente con los respectivos Gobiernos, como ocurre actualmente. Este puesto tendrá un mandato de cinco años.
La norma sustituirá a la actual de Enjuiciamiento Criminal que viene funcionando con distintos parches desde 1882, y la reforma busca superar este modelo decimonónico y preconstitucional por uno que sea similar al de los países de nuestro entorno. De este modo, el impulso en la instrucción, es decir, la práctica de diligencias penales, corresponderá al fiscal, aunque siempre habrá un juez de garantías al que se pueda recurrir contra decisiones como entradas en prisión, registros, incautación de documentos o intervenciones telefónicas.
La última vez que el ministro habló sobre su proyecto estrella fue este pasado jueves desde Ávila. Entonces avanzó que estaba ultimando la norma y que vería «la luz pronto” en el Consejo de Ministros. Una reforma que, amplió, persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que “los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía”. Es más, dijo entonces que se trata de una «reforma también necesaria y más garantista”, en la que “un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal”.
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