La Policía Nacional ha dado por concluida la operación ‘Tabaiba‘, una investigación económico-patrimonial que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario inmobiliario y de la fundación encargada de gestionar dichos centros, por el presunto desvío de fondos europeos destinados a la acogida y manutención de menores.
Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se iniciaron en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España, según ha recordado este sábado el cuerpo de seguridad en una nota.
En concreto, dicho informe advertía de «multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas» vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. Así, el caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió Diligencias de Investigación y habilitó el inicio de la operación ‘Tabaiba’, una exhaustiva investigación económico-patrimonial que se ha prolongado durante tres años.
Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones, que hoy continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea.
GASTOS PERSONALES CARGADOS A CUENTAS DE LOS CENTROS
El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables ha revelado que los investigados desviaron parte de los fondos europeos «Next Generation» transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico.
Así, de un total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros, como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes.
En concreto, estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
FACTURACIÓN FALSEADA
Posteriormente, y a requerimiento judicial, la fundación entregó «miles de documentos contables» con los que habría intentado justificar las operaciones. Sin embargo, el análisis policial detectó facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos.
Por ello, los investigadores solicitaron la realización de una auditoría financiera y contable que permitiera determinar con exactitud el importe total malversado. Durante la investigación también se descubrió un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores.
Así, el empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, utilizó presuntamente sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, con un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023.
Los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, «evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales». Como resultado, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada.
En definitiva, las cinco personas ahora imputadas carecen de antecedentes policiales, y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años. Precisan las fuentes policiales que las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.
