El exministro José Luis Ábalos, investigado por integrar presuntamente una trama de adjudicaciones ilegales que anidó en el ministerio de Transportes durante su mandato, ha pedido al magistrado Leopoldo Puente que acuerde la expulsión de los partidos políticos personados en el procedimiento, entre los que se encuentran PP y Vox.
El su escrito, el primero que firma su nuevo abogado, el exfiscal Carlos Bautista, se argumenta que la misión encomendada a los partidos según el artículo 6 de la constitución, cuestiona su legitimación en el uso de la acción popular. «Si la trascendencia política de las funciones de los partidos impulsa al constituyente a darles el más alto relieve jurídico y a someter su ejercicio y efectos a normas jurídico-públicas, dichas funciones son públicas, no simplemente privadas, y se concretan en diversas facultades que el ordenamiento jurídico asigna a los partidos», argumenta en su escrito.
En consecuencia, esta función pública asimilaría los partidos a los órganos de poder político a efectos de la limitación del ejercicio de la acción popular. Por todo ello considera que «ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa, precisamente porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas».
