La Fiscalía Provincial de Madrid ha censurado al juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por confiar en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la acusación contra los investigados en el procedimiento: «En nuestra opinión no cabe delegar ciertas actuaciones, como la que nos ocupa, y menos aún las conclusiones que se alcancen; extremo que se agrava cuando no existe la necesaria motivación en relación a las sucesivas decisiones que se vienen adoptando en la instrucción de la causa», dice un recurso de 30 de septiembre de 2025 firmado por el fiscal José Manuel San Baldomero.
En este sentido, el Ministerio Fiscal advierte contra «la encomienda de informes genérica y con evidente vaguedad«, una situación que califica de «extraña y excesiva», siempre según el representante de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El fiscal hace estas críticas a Peinado en el seno de un recurso de apelación que interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que rechazaba la decisión del magistrado de encargar a la UCO «un dictamen pericial» sobre los correos electrónicos» que había reclamado al Instituto de Empresa, pero que todavía no habían sido aportados al juzgado.
Análisis de las partes
Una decisión de Peinado, prosigue el representante del Ministerio Fiscal en el caso Begoña Gómez, errónea a priori, cuando «se desconoce el contenido». «Si se trata de documentos, la lectura y análisis de los mismos corresponderá a las partes, no apreciando en qué es preciso un informe policial inicial sobre unos documentos«, advertía. San Baldomero, que ha mantenido en todo momento opiniones contrarias a las de Peinado, completaba que «sin conocer» el contenido los mensajes «no era posible precisar sobre qué extremos debe versar el informe policial».
Y una prueba de estas diferencias insalvables entre San Baldomero y Peinado se encuentra en otro escrito, este de 25 de septiembre, en el que el fiscal, para «no causar indefensión a ninguna de las partes y en aras al principio de igualdad de armas«, devolvió en el juzgado el «USB en el que se grabaron» otros correos electrónicos, estos del exvicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio Villarejo, «dejando constancia de que no se ha procedido a la copia en ningún otro formato».
El fiscal tomó esta decisión al constatar que era la única parte que disponía de los correos del exvicerrector, pues el resto tendrían acceso a los mensajes «una vez eliminados los que tengan contenido personal que deba ser protegido para garantizar el derecho a la imagen de las partes».
Una «indefensión»
San Baldomero explica, en este sentido, que una vez que los correos electrónicos eran citados en el auto de 23 de septiembre de 2025 por el instructor «como elemento indiciario, y para justificar la transformación a procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Si la recepción de los correos se ha producido el 16 de septiembre, se han incorporado a las actuaciones, y ha sido valorada dicha aportación por el instructor y considerada como elemento incriminatorio de verosimilitud y ha operado en favor de la transformación, entendemos que todas las partes debemos tener conocimiento de los mismos, pudiendo provocarse indefensión a las partes personadas«, concluye.
Toda esta polémica se acabó de golpe al constatar Peinado que el Instituto de Empresa no disponía de los correos electrónicos reclamados. El juez avisó entonces de que no iba a ser posible «su análisis a través de la UCO», por lo que preguntaba a la Fiscalía y a la defensa de María Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Begoña Gómez, si mantenían su oposición.
El 6 de octubre San Baldomero, «por economía procesal y en aras a evitar la sobrecarga de trabajo» desistió del mismo, «a pesar del interés que nos suscitaba la respuesta que se podía dar«, escribió.
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