El caso del suicidio de Sandra Peña tras haber sufrido acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla ha puesto en evidencia fallos de aplicación del protocolo (que se encuentran en estos momentos en la Fiscalía) y la ausencia de medidas más contundentes de control de aquellos alumnos que participen en casos bullying de sus centros educativos.
Por este motivo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su participación en el foro ABC ha abierto dos nuevas líneas de medidas que, aunque no son estrictamente de competencia autonómica, se suman al debate abierto en torno a los instrumentos de los que dispone la administración para evitar este tipo de situaciones: impedir el acceso de móviles de los menores que participen en casos de acoso y controlar los insultos en redes sociales.
La primera línea afecta al uso del móvil entre los menores. La Junta de Andalucía ha adoptado medidas en los últimos años como la prohibición del uso en los institutos hasta segundo de la ESO. Pero ante situaciones de acoso escolar esta limitación se queda corta, ya que como se ha comprobado en otros casos de bullying se traspasan las barreras del centro educativo.
«Se debe prohibir que cualquier niño que haya participado en un caso de acoso escolar tenga acceso al uso del móvil hasta los 18 años y debe tener prohibido el uso de las redes sociales hasta esa edad», apuntó el presidente andaluz, Juanma Moreno. Se trata de una medida para la que la Junta de Andalucía no tiene competencias y pero que se vincularía a los actuales protocolos de bullying.
Bloqueos en internet
En segundo lugar, el presidente ha pedido a las autoridades europeas que fuercen a las grandes compañías a aprovechar su tecnología y «los algoritmos actuales» para bloquear la difusión en redes de descalificaciones e insultos entre menores.
En este ámbito de la ciberseguridad, la Junta de Andalucía sí está ultimando, dentro de sus competencias, una aplicación pública para los móviles y equipos que manejen menores que disponga de una lista de negra de contenidos violentos o sexuales que queden bloqueados.
El PSOE pide otro protocolo
Por su parte, el PSOE andaluz ha pedido a la Junta que ante lo ocurrido en el Colegio Irlandesas Loreto revise el protocolo ante el acoso escolar para «simplificar y actualizar» los trámites.
«La Junta tiene la obligación de escuchar a la comunidad educativa y a las direcciones de los centros escolares, que dicen que los protocolos se tienen que actualizar y simplificar para que, de verdad, se conviertan en un instrumento eficaz al servicio de la comunidad educativa para evitar este tipo de desgraciados casos vuelvan a pasar», apuntó la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba.
