Las solicitudes para obtener la nacionalidad española por descendencia se han disparado en los últimos meses ante la inminente finalización del plazo establecido por la Ley de memoria democrática, que expira este miércoles, 22 de octubre. Solo en la Diócesis de Tenerife -que centraliza los archivos parroquiales de Tenerife, La Palma, La Gomera y parte de El Hierro– se han gestionado cerca de 47.500 peticiones –concretamente 47.491-, sobre todo de personas procedentes de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros países de América Latina. Además, y en total, se han evacuado ya más de 13.000 solicitudes por distintas vías con resolución positiva, es decir, con la documentación acreditativa del parentesco.
Sin embargo, la cifra de expedientes tramitados en Canarias podría ser mayor –y de hecho lo es– si se tienen en cuenta las miles de solicitudes gestionadas por la Diócesis de Canarias -que abarca Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura-, donde conocer el número exacto resulta más difícil porque la documentación sigue dispersa en las parroquias y cada solicitud debe derivarse de manera individual, pero el número de peticiones en todo el Archipiélago podría superar las 60.000.
Registros digitalizados
La cifra se eleva a más de 400.000 registros parroquiales digitalizados, que sirven como base documental para demostrar el parentesco en estos trámites de nacionalidad. Unos peticionarios que han sido esenciales para aplicar la actual Ley de memoria democrática, también conocida como la ley de los nietos, que permite adquirir esta condición en base al derecho de sangre o, en otras palabras, por parentesco directo con ascendientes españoles que emigraron. Con la nueva ley, se amplían los casos, y ahora se puede documentar a cualquier antepasado nacido en España sin importar de qué comunidad autónoma o isla sea. Un escenario que justifica el aluvión de solicitudes que han tenido que afrontar las Islas, que de manera histórica han estado ligadas a los flujos migratorios. Durante años el Archipiélago fue un punto de partida para miles de canarios que migraron hacia América Latina, empujados, entre otras cosas, por la represión política y las secuelas de la Guerra Civil.
En este contexto, las peticiones gestionadas con el apoyo del Archivo Histórico Diocesano de Tenerife responden a la creciente demanda de personas que buscan obtener la nacionalidad española por descendencia, como quienes tienen abuelos españoles que en su momento emigraron desde las Islas rumbo a América, donde establecieron su arraigo. El vínculo debe acreditarse mediante documentos antiguos, como las partidas de bautismo o los certificados de matrimonio, entre otros.
Diferencias provinciales
Actualmente, según aseguró Miguel Ángel Navarro Mederos, director del Archivo Histórico Diocesano de Tenerife y profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, en la ponencia Utilidad administrativa-civil de las series documentales históricas eclesiásticas, la gran mayoría de las personas que acuden al Archivo proceden de Cuba. Esta migración ha tenido un impacto fundamental en la región, especialmente en las islas occidentales –Tenerife, La Palma y La Gomera-.
Así, una gran parte de las solicitudes tramitadas en Canarias se canalizan a través de la Diócesis Nivariense. Un escenario que responde, principalmente, a las distintas estructuras organizativas entre ambas provincias. En la Diócesis de Canarias, el proceso es más fragmentado: las peticiones pasan primero por cancillería y luego se derivan a cada parroquia, como las de Gáldar o Arucas. En cambio, en Santa Cruz de Tenerife, el volumen de expedientes es mayor debido a que la infraestructura archivística es más moderna y cuenta con una mayor centralización.
Esta condición permitió la gestión de esta avalancha de solicitudes que generó, según explicó Mederos, largas colas a las puertas del Archivo Histórico. A pesar del elevado número de expedientes ya resueltos, aún permanecen pendientes de tramitación cerca de 6.000 solicitudes –exactamente 5.907– que fueron enviadas por correo electrónico.
Acerca de la nacionalidad española
La concesión de la nacionalidad española por descendencia se ha desarrollado en dos fases legislativas. La primera, bajo la Ley de memoria histórica (2008-2011), permitió por primera vez a los nietos de españoles acceder a este derecho de forma gratuita, apoyada por una red de voluntarios que gestionaron una fase inicial de solicitudes. Sin embargo, fue con la entrada en vigor de la Ley de memoria democrática (2022-2023) cuando la demanda se disparó exponencialmente. Esta normativa amplió los criterios para incluir a un número mayor de descendientes, lo que ha provocado un nuevo pico histórico en el acceso a la nacionalidad por origen.
Suscríbete para seguir leyendo
