A dos semanas del acuerdo de Barbados entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, el diálogo político vuelve a empantanarse, con inequívocas señales de un nuevo fracaso. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un brazo del Palacio de Miraflores, suspendió este lunes los resultados de las primarias de la oposición que convirtieron a la derechista María Corina Machado en la candidata única del antimadurismo para los comicios de 2024.
Tras el triunfo resonante de Machado, el pasado 22 de octubre, con el 90% de las adhesiones, el presidente Nicolás Maduro y su más inmediata línea de colaboradores hicieron saber que desaprobaban el mecanismo de selección de la candidatura al no haber contado con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde ese momento comenzaron a hablar de fraude en las urnas y descalificaron la cifra de 2,2 millones de personas que habían acudido a las urnas. La oposición denunció de inmediato un intento de «judicializar» las primarias.
La victoria de Machado había sido reconocida por Estados Unidos. La Administración de Joe Biden expresó su voluntad de aligerar las sanciones económicas de manera gradual si se garantiza la transparencia y la libre competitividad en los comicios del año venidero. Un nuevo escenario irrumpe a partir de los últimos movimientos político-judiciales.
Jorge Rodríguez, quien se desempeñó como jefe de la delegación negociadora y, además, es la principal autoridad de la AN, denunció días atrás ante los medios de comunicación y parte de la comunidad diplomática «el fraude descomunal perpetrado por la extrema derecha el pasado domingo». Y anticipó lo que terminó por suceder: «Iniciaremos las investigaciones necesarias ante el uso ilegal de la identidad de más de dos millones de venezolanos». Rodríguez pidió a los embajadores «mesura» y «parsimonia», y no «inmiscuirse en los asuntos internos» de ese país. Tanto Rodríguez como Diosdado Cabello, el número dos del madurismo, aseguraron que sufragaron menos de 600.000 venezolanos. Cualquier otra cifra era «insostenible».
El TSJ dijo este lunes haber admitido un recurso «contencioso electoral» de José Brito, diputado de Primero Venezuela, un partido minúsculo de la oposición con un escaño en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en contra de la consulta interna por haber «inflado descaradamente» la cifra de votantes. La máxima autoridad judicial consideró que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) realizó «actos inconstitucionales e ilegales». Por lo tanto, «se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral» que había organizado.
Reacciones y posibles derivaciones
A su vez, el TSJ le exige a la CNP que entregue «los antecedentes administrativos» del proceso electoral, «pasando por el cronograma, registro electoral con sus lapsos de impugnación y depuración». Reclama que se incluya la postulación de María Corina Machado, de quien, se subraya en el dictamen, tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años. La medida que aplicó la Contraloría es «de manera firme». Con esta medida, el Palacio de Miraflores reafirmó su determinación de no permitir a la dirigente de Vente Venezuela competir en las elecciones de 2024 ni incluir el levantamiento de la sanción en futuras negociaciones.
Por último, El TSJ da un lapso de tres días a la CNP para explicar «el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral». También ha notificado su decisión al Fiscal General, Tarek William Saab, porque las primarias pudieron «configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela» así como «ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes».
Roberto Enríquez, quien desistió de participar en el último momento en las primarias en nombre de COPEI (socialcristianos), rechazó la medida del máximo tribunal. «¿Qué efectos puede tener la medida del TSJ? Ninguno. Salvo que quieran declarar en desacato a 2,2 millones. Hay un hecho político consumado por la voluntad del pueblo: María Corina es la candidata unitaria y así lo reconocemos todos». Otro de los aspirantes derrotados, César Pérez Vivas, también desestimó el recurso judicial. «Las acciones de Maduro y su entorno no podrán borrar el efecto de una ciudadanía decidida a derrotarlos».
